jueves, 14 de diciembre de 2017
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Redacción

Defensa y renovación de los sindicatos

Pere J. Beneyto

Pere J. Beneyto. Doctor en sociología y profesor de la Universidad de Vale

Recientes episodios de malas prácticas han deteriorado gravemente la imagen de los sindicatos y puesto en cuestión sus legítimas funciones de negociación (el caso de los EREs en Andalucía) y representación institucional (las tarjetas opacas de Caja-Madrid). 

cuya calificación penal determinarán en su momento los tribunales, es evidente que generan un importante coste reputacional para el conjunto del sindicalismo por cuanto chocan radicalmente con su código ético y estrategia de lucha por la equidad y justicia social.

Tales errores propios no hacen sino retroalimentar una campaña ajena de deslegitimación de la intervención sindical que, si bien trae el eco de las reformas thatcherianas de los años ochenta, se ha incrementado notablemente desde el acceso al gobierno del PP, como estrategia complementaria a sus planes de gestión conservadora de la crisis, desregulación laboral y desmantelamiento del Estado de Bienestar.

El modelo que se está imponiendo trata de romper todos los dispositivos legales (Derecho del Trabajo), organizativos (Sindicatos) e institucionales (Negociación Colectiva) que se han desarrollado históricamente con objeto de compensar colectivamente la profunda asimetría que caracteriza la relación capital/trabajo.

La reforma laboral y sus sucesivas vueltas de tuerca apuntan contra dichos dispositivos con el objetivo de desequilibrar radicalmente las relaciones laborales, tanto en sus medios (aumenta el poder empresarial, disminuye la tutela judicial y la cobertura de la negociación colectiva) como en sus fines (devaluación salarial, desregulación normativa, debilitamiento del poder contractual de los trabajadores).

Asimismo, los cambios generados por la crisis (paro, desregulación, precarización del empleo, etc.) complican extraordinariamente la agregación y representación colectiva de los intereses de los trabajadores por parte de los sindicatos, que han de hacer frente en condiciones difíciles a crecientes tendencias disgregadoras en elmercado de trabajo y las relaciones laborales, baste recordar a este respecto que más de la mitad de la población asalariada (el 51% exactamente) está ya en situación precaria: contrato temporal y/o jornada parcial no deseada.

En consecuencia, la lucha contra el paro y por el trabajo decente es, desde la perspectiva sindical, el eje en torno al que deberían articularse todas las estrategias políticas y económicas, contrariamente a lo que plantean gobierno y patronal cuya gestión de la crisis apunta hacia un reforzamiento de sus estructuras de dominación, la ruptura de los equilibrios sociales e institucionales y la expansión de una ideología individualista que desprecia la solidaridad y trata de legitimar la desigualdad, de la que nuestro país ocupa ya un triste segundo puesto en el ranking europeo.

Hacer frente a la estrategia de desregulación laboral y a la campaña de marginación del sindicalismo que la acompaña, exige de éste un esfuerzo sostenido en la triple dirección de defender su legitimidad y representación, superar sus limitaciones, e incluso errores, y reivindicar en la práctica el reconocimiento positivo de su función social.

Legitimidad y representación

En el primer caso, se trata de poner en valor lalegitimidad de origen del sindicalismo como prescriptor de derechos y factor de igualdad social, así como su representatividad como el mayor movimiento organizado a nivel europeo (sesenta millones de afiliados, equivalente al 23% de la población asalariada) y español (tres millones de adscritos y una tasa de afiliación del 19%, que se triplica ampliamente a través de las elecciones sindicales).

Cabe señalar en este punto que según la última Encuesta Europea de Empresas, la tasa de coberturade la representación sindical en España (57,1% sobre el total de empresas de más de 10 trabajadores) es muy superior a la media comunitaria (32,1%), si bien los recursos (materiales, formativos, de tiempo?) disponibles por los representantes electos para el ejercicio de sus funciones son, en nuestro caso, sensiblementeinferiores.

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