Carlos Carnicer.
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española
El empecinamiento ajeno no debe impedirnos perder la oportunidad de construir entre todos una Justicia eficiente y moderna que tenga como finalidad el servicio al ciudadano y no un sistema que limite o impida el acceso a la Justicia.
Los ciudadanos ya están sufriendo en sus bolsillos y en sus derechos el daño de una Ley -la de Tasas Judiciales- injusta, inoportuna e innecesaria, aprobada prácticamente sin debate y mediante el procedimiento de urgencia. Sin duda, bajará la litigiosidad, pero será a costa de los ciudadanos que no podrán defender sus legítimos derechos. Esta falta de defensa no será por carecer de razón en sus peticiones y argumentos, sino por la exagerada cuantía del nuevo tributo, que en ocasiones puede superar los 20.000 euros, o de su aplicación a órdenes jurisdiccionales donde nunca se ha exigido tasa alguna, como es el laboral. Todos estos impedimentos, harán desistir a los ciudadanos a la hora de defender sus derechos ante la Justicia.
Se puede afirmar que la unanimidad frente a las tasas es prácticamente total: la Abogacía Española, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, Gobiernos de varias Comunidades Autónomas (sin distinción de signo ideológico), todos los grupos políticos, el Consejo de Consumidores y Usuarios, las asociaciones de jueces, de fiscales y de secretarios judiciales, los funcionarios de Justicia, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y usuarios... No es que estén todos unidos contra el Ministerio de Justicia, sino que es el Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón el que está frente a todos estos colectivos.
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