Al hilo de lo que venía haciéndose hace ya un tiempo en algunos países de la Unión Europea, el 30 de noviembre de 2006 el Congreso de los Diputados aprobó con un amplia mayoría la Ley de Dependencia, piedra angular del cuarto pilar del Estado de bienestar; es decir, la atención pública a las personas dependientes. Y la alegría, como en casa del pobre, ha durado poco. De ello se está encargando el gobierno del PP, que no solo ha paralizado el desarrollo de la iniciativa sino que se empeña en demolerla. Así, el camino del negocio y la caridad a los derechos sociales vuelve a invertirse para muchos.
El pasado año había en España casi dos millones de personas, en su mayoría ancianos y discapacitados, que necesitan ayuda para llevar a cabo las actividades básicas de su vida diaria y otros tres millones requieren algún servicio externo para realizar alguna tarea en su vida cotidiana. La dependencia se hace más probable con el aumento de la edad, es superior entre las mujeres y aquellas personas que poseen un menor nivel de instrucción. Además existe una relación entre el orden de aparición y la prevalencia de las discapacidades que pueden provocar dependencia personal. Así, aparecen en primer lugar y son más frecuentes los problemas relacionados con la movilidad exterior, les siguen las dificultades en las tareas habituales del hogar y en último lugar los problemas de cuidado personal.
