Levantada por el gobierno de Zapatero como el cuarto pilar sobre el que se sustentaba el Estado del Bienestar, la ley de la dependencia sufre en el País Valenciano el boicot más vergonzante y los recortes más indiscriminados. Unos 32.000 valencianos esperan que la Administración resuelva sus expedientes, mientras otros 25.000 se han quedado sin ayuda por los recortes. Todos ellos tienen la "desgracia" de vivir en la comunidad autónoma que se sitúa a la cola en la aplicación de la ley de dependencia.
"Cuando el bienestar social muere, queda la asistencia social, herida también de muerte. Estamos a un paso de la beneficencia y, si nadie lo remedia, pronto nos veremos abocados a la caridad y a la limosna mal entendida". Quien así se expresa es uno de los miles de dependientes que durante los últimos meses han protagonizado distintas marchas en las tres capitales valencianas en protesta por los recortes, el copago de las prestaciones y servicios y los impagos de la Generalitat en las subvenciones y ayudas.
El boicot de la Generalitat
Según los colectivos de la discapacidad y la dependencia, más de 30.000 valencianos han fallecido sin haber podido acceder a la cobertura que otorga la ley de la dependencia desde su aprobación. Otros 25.000 se quedarán este año sin ayuda por parte del Estado como consecuencia del "hachazo" a los Presupuestos Generales -que UGT cifra en unos 25 millones de euros para la Comunidad Valenciana- y a los que hay que añadir otros 32.000 que ven cómo pasan los meses e incluso años sin que la Generalitat resuelva sus expedientes.
Todo un boicot no declarado por parte del gobierno autonómico, según hacía patente recientemente el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo autonómico) en su informe anual, en el que ponía en solfa al Consell por los retrasos injustificados a la hora de evaluar los grados de discapacidad o al sufragar las ayudas a los dependientes.
Ayudas reducidas a 20 euros
Los sucesivos recortes por parte de los gobiernos de Rajoy y Fabra han reducido tan drásticamente los subsidios que algunos de los afectados -sus nombres y apellidos han aparecido en la prensa valenciana para vergüenza de los gobernantes- tan solo reciben una ayuda de un puñado de euros.
Es el caso de Amparo Valentín y su marido, con un hijo de siete años afectado de un síndrome neurogenético, por el que percibían 375 euros mensuales. "Nos han dejado con 60 euros y sin avisarnos", denuncia la madre. O el de Gracia Bruno, que ha visto cómo se han quedado en 172 los 456 euros que percibía para su hija de 11 años, recorte al que hay que añadir el pago del 50% del precio de los medicamentos que tiene que recibir la niña. O el de la madre de una joven con un 85% de discapacidad que recibía 432 euros mensuales y ve ahora cómo la ayuda se ha quedado en 20 euros. Un recorte del 95% consecuencia de la fórmula utilizada ahora por la Generalitat para calcular la cuantía de las ayudas, que es el resultado de sumar el coste del servicio y la cantidad mínima garantizada para posteriormente descontarle la capacidad económica de la persona beneficiaria. Desgraciadamente, no son casos aislados, sino generalizados.
