Francia ha identificado la transición energética como uno de sus grandes retos políticos y económicos. Menos conocido fuera de sus fronteras que los casos alemán y británico, este esfuerzo representa una de las referencias a las que España debiera prestar más atención.
Al iniciar su mandato, el Presidente Hollande subrayó la importancia de acometer esta gran reforma que afectará a viviendas e industria, al sistema eléctrico y al transporte. Constituyó la Comisión Nacional para la Transición Energética y, tras dos años de trabajo, en octubre, la Asamblea Nacional comenzará a debatir una ley marco de transición energética con la intención de que entre en vigor en la primera mitad de 2015.
Con frecuencia, oímos el argumento sobre la dificultad y el coste para España de acometer su propia transición energética. Para poner las cosas en contexto conviene no olvidar la intensa y sentida relación de Francia con la energía nuclear. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial la investigación francesa sobre el átomo y la tecnología nuclear había sido ya reconocida con cinco Premios Nobel, incluidos los de Pierre y Marie Curie. Años después, fue precisamente su liderazgo en este campo el que le permitió encontrar la vía de escape a la crisis del petróleo. En poco más de 12 años, Francia construyó 55 de sus 58 reactores que, en total, suman una capacidad de generación de 63.000 MW. Es decir, Francia experimentó ya entonces una rapidísima "transición energética" que, durante años, le ha permitido mantener un parque generador centralizado; electricidad a precios controlados por decisión pública; emisiones per cápita y por unidad de PIB inferiores a la media de la OCDE y, hasta hace poco, una posición relativamente cómoda en el debate global sobre clima y energía.
Energía vinculada a los ciudadanos
¿Por qué se ha planteado entonces la necesidad de acometer una nueva transición energética de gran calado? Sencillamente porque Francia ha decidido mirar hacia el futuro y prepararse para abordar los retos de las próximas décadas reduciendo su dependencia del exterior y el despilfarro energético, garantizando la seguridad del sistema y el suministro a precios asequibles a sus ciudadanos e industria, asumiendo sus compromisos nacionales a medio y largo plazo en CO2 y aprovechando el potencial tecnológico e industrial de los nuevos modelos energéticos. Hoy nadie se plantea la necesidad de hacer este cambio y el debate se limita al ritmo en que acometerlo.
