domingo, 22 de octubre de 2017
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La Marea.- El balance de la gestión de la crisis es de sobra conocido. El gobierno del Partido Popular esquivó una intervención total del país como en Grecia o Portugal, aunque pidió el rescate para la banca; la prima de riesgo ha bajado a mínimos, y la economía vuelve a crecer a ritmo moderado

Por el camino, la crisis ha dejado 5,6 millones de parados, una subida de impuestos -sobre todo los indirectos como el IVA- que estrangulan a amplia s capas de la sociedad, y una inyección multimillonaria de dinero público para sanear al sector financiero. Este rescate ha contribuido a acercar la deuda pública de España al 100% del PIB, es decir, toda la riqueza que produce el país en un año.

De las 50 entidades que existían durante la burbuja hoy quedan apenas 15 y las grandes son más grandes que nunca. Santander, BBVA y La Caixa suman una cuota del mercado del 60%. En el caso de las dos últimas, tras absorber a precio de saldo algunas de las cajas saneadas con dinero público. Después de limpiar sus balances contaminados por el ladrillo, los bancos españoles han vuelto a dar beneficios abultados (6.363 millones de euros en el primer semestre del año), aunque esta cifra sigue lejos de las ganancias que cosechaban antes de la crisis. Es un problema que ya quisieran tener muchas empresas de otros sectores, por no hablar de las miles de compañías que tuvieron que cerrar.

La gran batalla entre la banca y los políticos e instituciones que pretenden construir diques de contención para evitar que se repitan los excesos y abusos que causaron la gran crisis mundial se está librando en Bruselas y Frankfurt. Y es precisamente en Europa donde la banca acaba de apuntarse un auténtico golazo con el nombramiento del británico Jonathan Hill como comisario responsable para la regulación financiera en el nuevo Ejecutivo comunitario liderado por el veterano dirigente luxemburgués Jean-Claude Juncker, que tomará posesión en noviembre. Hill ha sido un importante lobista de la City de Londres, creando su propia empresa de relaciones públicas.

La refundación del capitalismo

En 2008, tras el derrumbe del banco de inversión LehmanBrothers, uno de los gigantes de Wall Street, los dirigentes del mundo se conjuraron para tomar medidas drásticas con el fin de que semejante desastre, fruto de la especulación desenfrenada, prácticas abusivas y un gran autoengaño colectivo, no volviera a ocurrir jamás. Aún resuena la grandilocuente frase del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que prometía "refundar el capitalismo".

Fue entonces cuando se crearon sendos comités en EEUU, Reino Unido y la Unión Europea con el encargo de elaborar nuevas reglas para domar al sector financiero que había crecido exponencialmente durante años, alimentado por la desregularización y la liberalización. Uno de los objetivos fundamentales era atajar los llamados riesgos sistémicos en relación con aquellos bancos considerados demasiado grandes para caer (toobig to fail). Entre las medidas más importantes que se han puesto en marcha destacan los nuevos requerimientos de capital para las entidades financieras del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, lo que se llama Basilea III, que han entrado en vigor este año. La idea es obligar a los bancos a tener en su balance más recursos propios y que éstos sirvan como colchón cuando la situación se complique. En otras palabras, se les exige capital real y con liquidez, como el dinero de los depósitos, acciones u otros activos. El problema de la crisis fue que las entidades operaban y especulaban con mucho más dinero que el que tenían -algo en principio intrínseco a este negocio- y cuando empezó a desinflarse la burbuja se quedaron sin recursos para absorber el choque.

Para mitigar este efecto, el BCE, presidido por el italiano Mario Draghi, que trabajó para Goldman Sachs, quizás el banco de inversión más poderoso del mundo, ofreció una "barra libre" de liquidez, dando a los bancos cientos de miles de euros a tipos de interés bajísimos. Sin embargo, en vez de usar este dinero para proveer a las empresas con los tan necesitados créditos, los bancos prefirieron comprar títulos de deuda pública cuyo interés superaba ampliamente el que les cobraba el BCE. Un negocio redondo y casi sin riesgo que en la jerga financiera se llama carrytrade. En las ruedas de prensa de presentación de sus resultados anuales, Botín y González minimizaron el impacto de estas prácticas en sus cuentas.

En casos, se permitirá el uso de fondos públicos para salvar bancos

Pero, sin duda, la medida más importante para evitar futuros rescates con dinero público es la implementación de un nuevo mecanismo para salvar a una entidad en apuros, la Directiva Europea sobre Resolución Bancaria (BRRD). Como recuerda la Comisión en el citado documento, entre octubre 2008 y diciembre de 2012, los gobiernos europeos gastaron un total de 591.000 millones de euros en rescatar a sus bancos, el equivalente al 4,6% del PIB de la UE. A partir de ahora, cuando un banco sufra un grave deterioro de su balance se recurrirá primero al dinero de los accionistas y los tenedores de bonos y deuda subordinada de la entidad para hacer frente a las pérdidas. En caso de que no sea suficiente, el banco recibirá ayudas del llamado fondo de resolución, una caja de contingencia para este tipo de crisis a la que toda la banca de un país debe contribuir anualmente. Sólo en último lugar se usaría dinero público para frenar la quiebra.

Hasta aquí todo muy bien, pero hay una pega importante. "En algunos casos, en particular en el contexto de una crisis sistémica, podría ser necesario abandonar este principio y permitir el uso de fondos públicos para financiar la resolución de un banco", reza el informe de la Comisión. Este riesgo sistémico a menudo tiene que ver con el tamaño de los bancos, algunos de los cuales son considerados "demasiado grandes para caer". No obstante, como resultado del proceso de fusiones a consecuencia de la crisis, en el que los más fuertes se han comido a los más débiles, muchos de los grandes bancos son hoy aún más grandes, como ha ocurrido en España con el BBVA, La Caixa o la nacionalizada Bankia, fruto de la fusión de Cajamadrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorro.

El sector financiero cuenta con uno de los grupos de presión más potentes de Europa. Los bancos dedican 120 millones de euros al año y 1.700 personas a actividades de lobby en Bruselas, según cifras recientes del Corporate Europe Observatory, una ONG que lucha por más transparencia y un mayor control de los grupos de presión (ver páginas 22 y 23). La última victoria del lobby ha sido el nombramiento de Hill como comisario europeo de Servicios Financieros en sustitución del combativo Barnier. Desde su paso por la Cámara de los Lores, Lord Hill no es simplemente uno de tantos políticos cercanos al sector financiero. Durante años trabajó como lobista para la banca e incluso creó su propia empresa de relaciones públicas a servicio del sector, Quiller Consultants.

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