La privatización de las cajas de ahorros españolas

¿Cabe hablar de privatización? Sin lugar a dudas: las cajas de ahorros no han sido liquidadas sino que han cambiado de status jurídico a instancias del gobierno y del Banco de España, en un esfuerzo mancomunado para reconducirlas al ámbito de la banca privada en el sentido más estricto. Hay que tener en cuenta que buena parte de las cajas de ahorro hoy desaparecidas fueron fundadas en su mayor parte con dinero público procedente de las respectivas diputaciones provinciales por lo que eran entidades públicas desde su fundación. Pero tanto si el dinero era de procedencia pública como privada su característica distintiva era su carácter no lucrativo, de ahí que la legislación les obligase a reinvertir los beneficios obtenidos cada año, bien en ampliar los recursos propios, bien en la Obra Benéfico Social (OBS), excluyendo en cualquier caso el pago de dividendos.

Los sucesivos gobiernos democráticos fueron reformando el funcionamiento de las cajas de ahorros aunque preservando su naturaleza no lucrativa: se eliminaron los coeficientes de inversión obligatorios, se les permitió abrir sucursales fuera de su provincia de origen y se liberalizó su operativa financiera, permitiéndoseles efectuar el mismo tipo de actividades bancarias que a la banca tradicional.

La desaparición de las cajas no ha sido un proceso inocuo

Con la implosión de la burbuja inmobiliaria (1999-2007), la quiebra de LehmanBrothers (septiembre de 2008) y la crisis de las finanzas griegas (junio de 2010), las entidades de crédito españolas sufrieron un fuerte deterioro en sus balances. De acuerdo con el análisis del Banco de España, el sector estaba claramente sobredimensionado: sobraban entidades, sucursales y empleados.

Inicialmente el gobierno trató de impulsar las denominadas "fusiones frías" (SIP, sistemas institucionales de protección), pero el clamoroso fracaso de la iniciativa condujo a la creación del FROB, organismo estatal encargado de intervenir y promover la absorción de cajas de ahorros inyectándoles dinero a fondo perdido y vendiéndolas a precio de saldo a los bancos tradicionales. Otra fórmula empleada ha consistido en crear bancos tradicionales a los que las cajas intervenidas han traspasado su negocio financiero, también con importantes inyecciones financieras procedentes del FROB. A tal fin el Gobierno de España firmó en julio de 2012 una solicitud de rescate con la "troika" por importe de 45.000 millones de euros ampliable a 90.000 (denominado oficialmente "Memorándum de Entendimiento").

Se da la paradoja de que el esfuerzo privatizador ha dado lugar a la nacionalización de tres de las grandes cajas de ahorros, cuyos agujeros patrimoniales eran tan elevados (Bankia, Catalunya Banc y NovaGalicia Banco) que el FROB aún no ha podido encontrar un banco adquirente.

La desaparición de las cajas de ahorros no ha resultado un proceso inocuo ni para el propio sector financiero, ni para la
economía, ni para la sociedad española.

La primera consecuencia de la privatización ha sido un reforzamiento del carácter oligopolístico del sector financiero español, tal y como demuestra el Índice de Herfindahl elaborado anualmente por el Banco Central Europeo: nuestro sector financiero es mucho más concentrado que el de Francia, Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. Ello necesariamente se traducirá en mayores márgenes comerciales y por tanto mayores tipos de interés. Pero no sólo es una cuestión de precios ya que cabe esperar un empeoramiento en la calidad del servicio ofrecido a ciudadanos y empresas: la reforma ha hecho desaparecer 13.637 sucursales en toda la geografía española, se han destruido 60.416 empleos en el sector de entidades de crédito, se han retirado 10.543 cajeros automáticos y hay 83 entidades menos que en 2008. La ratio "habitantes/sucursal", indicador clave de calidad de servicio, ha empeorado notablemente pasando de un valor de 1.002 habitantes /sucursal en 2008 a 1.442 actualmente.