martes, 16 de abril de 2024
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Redacción

La privatización de servicios como negocio para unos pocos

Alejandro Inurrieta. Profesor y Director de la Escuela de Finanzas Madrid

El proceso de privatización de servicios públicos es un fenómeno que recorre Europa tras décadas de monopolio de oferta en las principales áreas sociosanitarias, pero también de transporte o cultura. La influencia anglosajona neoclásica en las enseñanzas universitarias y la excusa del déficit público están facilitando el traspaso de los monopolios públicos a nuevos monopolios privados, con suculento negocio para dichas empresas.

La fundamentación económica es débil y sobre todo ideológica. Europa es el último reducto donde los servicios públicos universales perviven en el mundo. En la mayoría de zonas geográficas, la sanidad, la educación, las pensiones o la atención a la dependencia es un negocio boyante en el que los usuarios son clientes y no ciudadanos, y en los que a través de un sistema de seguros médicos, muy costoso en términos administrativos, la sociedad se estratifica en función de su renta. Así, como pasa en EEUU, las personas de mayor renta tienen acceso a pruebas diagnósticas o tratamientos más caros y por ende, su esperanza de vida es superior.

Este modelo de gestión ya se está instalando en España, con la inestimable ayuda política de los lobbys, y se están introduciendo en los sectores más rentables, como es la sanidad, o los servicios municipales de agua, recogida de residuos o servicios culturales.

Hace un tiempo tuve la ocasión de batir con Germá Bel, catedrático catalán y experto en servicios públicos, la situación de las privatizaciones, desde la óptica teórica, como empírica. Especialmente, se trató de las privatizaciones a nivel local, tal vez, junto a la sanidad, la patata más caliente que tienen los partidos políticos en España de cara a las próximas elecciones. El debate, además, no pudo ser más oportuno porque muchas Administraciones locales, entre ellas Madrid, tienen por delante una decisión nada trivial, es decir, la toma en consideración de remunicipalizar algunos de los servicios básicos, recogida de basuras entre ellos, o renovar unos contratos con empresas, cuyo resultado económico ha sido muy negativo para las arcas municipales.

Las instituciones locales suspenden en transparencia

Yo presenté los resultados de mis investigaciones sobre los procesos de privatización de algunos servicios, como ayuda a domicilio, centros culturales, deportivos o el propio grado de concentración en la contratación del Ayuntamiento de Madrid, cuyas conclusiones son muy contundentes. Lo último estudiado, sobre las empresas de recogida de basuras muestra que el grado de colusión en precio y la reducción de la calidad del servicio contradice las supuestas mejoras en eficiencia que defienden los que las promueven.

Estas investigaciones muestran algunos puntos en común que merecen ser destacados. En primer lugar, y esto es un aspecto muy grave, las instituciones locales, las más grandes, suspenden en materia de transparencia y provisión de datos fiables, de calidad y recientes, para poder llevar a cabo estas investigaciones. Esto contrasta con otros países, como Holanda o EE UU, donde los municipios, pero también las empresas adjudicatarias de los servicios públicos, están obligados a publicar todos sus datos, salvo los protegidos, y eso engrandece la calidad democrática, pero también permite estudiar, pensar e investigar sobre todas las decisiones políticas y económicas que afectan a los municipios, algo impensable para algunos grupos políticos municipales.

El segundo punto relevante, el referido a si la privatización tiene un sesgo ideológico, el resultado de las investigaciones internacionales, las llevadas a cabo por Germà Bel o yo mismo, muestran que no hay evidencia de sesgo ideológico, pues los dos grandes partidos, tanto aquí como en el resto de economías analizadas, han llevado a cabo procesos de privatización de servicios públicos locales. Curiosamente este proceso, algo que parecería contraintuitivo, se ha generalizado en las economías nórdicas, pero con un matiz importante. En estas economías, el proceso de privatización tiene un objetivo real, aumentar la competencia de los servicios, preservar la calidad de los mismos y redistribuir la renta mediante la imposición.

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