Carlos Sabino. Sociólogo e historiador
El tema de la desigualdad, como tantos otros, tiene su historia. Hasta hace unos doscientos años la desigualdad que importaba -la única que contaba, en realidad- era la llamada desigualdad o diferencia de condiciones. Las sociedades todavía se dividían en estamentos rígidos que impedían la movilidad de las personas: se nacía noble o plebeyo, se era indio, negro o mulato, y se debía permanecer allí, en esa franja social que se convertía en una muralla rígida dentro de la que se tenía que vivir toda la vida. No está de más recordarlo, porque aún en buena parte del siglo XX y en muchas partes del mundo se repetía esta situación, heredada de tiempos ancestrales.
Todo fue cambiando -y en general lentamente- a partir de las nuevas ideas que se comenzaron a propagar a fines del siglo XVIII y que adquirieron, andando el tiempo, el nombre de liberalismo. Todos los hombres nacen iguales y poseen los mismos derechos inalienables, se dijo, y ese ideal adquirió tanta fuerza que hoy son muy pocos los que se atreven a contradecirlo. Pero una vez dado este paso, se comenzaron a reclamar otros más ambiciosos. Andando el siglo pasado la atención se concentró ya no en las condiciones con que se nace sino en la desigualdad económica y social, en la diferencia de ingresos y de oportunidades -tan amplia- que existe entre los individuos de todas las sociedades. De un modo paralelo, y quizás antes, pasó a primer plano también el tema de la pobreza, hasta entonces considerada como algo natural e inevitable.
La desigualdad económica, sin embargo, posee características que la diferencian notablemente de aquella otra contra la que se luchó en tiempos pasados, pues no solo se ocasiona en la situación en que cada persona llega a este mundo, sino que depende también, y en no poca medida a veces, de lo que hace cada quien para adquirir las destrezas y los bienes que le permitirán vivir mejor. No se puede anular por medio de un decreto o una ley suprema -como se hizo con las castas en tiempos de la independencia en América Latina- sino que se construye y destruye constantemente, dependiendo de muchos factores que tienen que ver con circunstancias personales, políticas y económicas. Y es, también, mucho más complicada de evaluar o medir: ¿Cómo incorporar a la medición servicios y bienes que no se transan monetariamente en economías rurales o tradicionales? ¿Cómo tomar en cuenta, por ejemplo, el tiempo libre del que disfruta una persona aunque sus ingresos sean menores a las de otra? ¿Hasta qué punto valorar los bienes que alguien pueda tener -disfrutando de sus beneficios- y no solo sus ingresos líquidos? Y, por supuesto, quedan en el aire otras preguntas, aún más complicadas de responder que las anteriores: ¿Hasta qué punto es algo "bueno" o "positivo" eliminar, por cualquier medio, la desigualdad que existe en un lugar y en un momento dado? ¿Es comparable la desigualdad existente dentro de sociedades ricas que la que existe en otras, mucho más pobres en su conjunto?.
A pesar de estas complicaciones conceptuales los economistas y sociólogos han optado por elaborar índices que tratan de reflejar las desigualdades existentes, aunque a costa de simplificar enormemente lo que ocurre en el mundo real. Con encuestas que miden, más que nada, los ingresos monetarios líquidos, se han elaborado estadísticas sobre las cuales se ha clasificado a la población en tramos diferentes y se han construido índices como el de Gini, que intentan darnos una medida de la desigualdad de ingresos al interior de cada sociedad. Es en estas mediciones que nuestra región arroja cifras alarmantes, mostrando una desigualdad mayor que la existente en otras partes del mundo.
El caso de América Latina
El propósito de la exposición anterior es advertir al lector sobre la necesaria imprecisión de las medidas que se utilizan para determinar el grado de desigualdad existente en una sociedad: no solo se trata de problemas técnicos derivados del método que se utiliza para recoger los datos sino de cuestiones más de fondo, estrechamente ligadas al concepto mismo que se trata de evaluar. La desigualdad económica y social no es una noción simple ni es, por supuesto, un mal absoluto que sea preciso erradicar.
A pesar de ello, se nos dirá, existen en nuestro continente abismos entre los ingresos de las personas, diferencias que, más allá de lo que nos digan las estadísticas, saltan a la vista del observador más desprevenido y provocan un justificado malestar moral. A ellas nos referiremos ahora apuntando que, a nuestro juicio, se producen por dos órdenes de causas por completo diferentes: por un lado a esa diferencia que podríamos llamar natural y que se asienta en las capacidades y actitudes de las personas, así como también -en no poca medida- en circunstancias fortuitas e incontrolables; pero existen además otros factores que inciden para generar o contrarrestar la desigualdad existente y que, en general, son activados de un modo directo o indirecto por el poder público, por el Estado, para hablar más concretamente.
En el caso de América Latina se ha puesto el acento en las políticas redistributivas que pueden -al menos en una visión optimista- reducir en algo las desigualdades económicas. No han sido muchos, ni muy brillantes, los resultados obtenidos a través de las transferencias de riqueza de un sector social a otro, como parecen probarlo las estadísticas ya mencionadas. Pero se ha prestado poca atención, y esto es de lamentar, a las políticas y prácticas que -al contrario- han provocado y siguen aumentando las desigualdades en nuestros países. Ofrecemos al lector tres de las que, a nuestro juicio, nos resultan las principales.
