sábado, 21 de octubre de 2017
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Montse Castro

Los casos asociados con la corrupción y el clientelismo en Galicia han pasado factura a las que hasta hace poco han sido las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento gallego, PP, PSOE y BNG. Alternativa Galega de Esquerda se incorporó tras obtener representación en las elecciones del pasado mes de octubre

Alcaldes, diputados y concejales de distinto signo, con mayor intensidad en el caso de populares y socialistas, se han convertido en clientes habituales de los juzgados por su imputación en las causas abiertas a raíz de las investigaciones que se han llevado a cabo bajo los nombres de Orquesta, Campeón y, más recientemente, Pokémon. Aunque en ninguno de los casos se puede hablar aún de sentencia firme, el balance a día de hoy puede considerarse devastador, porque ha puesto contra las cuerdas a numerosos responsables políticos de relevancia que han tenido que abandonar sus cargos bajo la sombra de la sospecha, en un último intento de evitar la contaminación de las siglas que los auparon a esos puestos.

La más reciente de las instrucciones judiciales ha devuelto a la palestra a uno de los barones más significados del PP gallego cuando ya se había apartado de la primera línea política. Tras dejar en manos de su hijo la Diputación de Ourense y la dirección del PP en la provincia, y tras décadas maniobrando bajo una permanente sospecha de prácticas inadecuadas, José Luis Baltar tendrá que declarar ante el juez después de que éste admitiera a trámite la querella de la Fiscalía por un supuesto delitos de prevaricación continuada, al apreciar indicios de legalidad en 104 contratos firmados en el primer trimestre de 2010.

Querella a Baltar por prevaricación continuada

La querella no solo ha puesto en cuestión la gestión del histórico dirigente que se acostumbró a vivir bajo el chaparrón permanente de las críticas a la contratación masiva de familiares de cargos del PP, sino también la pureza del congreso en el que Manuel Baltar resultó elegido su sucesor como presidente del PP ourensano frente al candidato del aparato oficial del partido. Por el juzgado ya han comenzado a pasar algunos de los beneficiados por los contratos que se formalizaron sin la obligada oferta pública y que además concurrieron como compromisarios al congreso que aupó a Baltar Jr. al sillón.

La programada jubilación política de José L. Baltar se ha visto así interrumpida por la renuncia temporal a su militancia en el PP ya que en estos momentos el veterano político no ostenta cargos de responsabilidad pública. Su querella, con origen en una denuncia del PSOE, se sustenta en un presunto delito de prevaricación continuada.

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