jueves, 23 de noviembre de 2017
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Redacción

Con la corrupción más vale prevenir que curar



Pablo Simón Cosano

Politólogo de vocación y formación. Doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra, su principal área de especialización son los sistemas electorales tanto en sus causas y consecuencias. También está interesado en otros temas como la política comparada, los sistemas de partidos y las dinámicas de competición electoral. Actualmente vive en Barcelona, donde ejerce de investigador y profesor en la UPF a la par que desarrolla tareas divulgativas fuera de la academia. Colaborador de la Fundación ALTERNATIVA

Es conocido que muchos de los problemas de corrupción en España están conectados con los ayuntamientos y, más concretamente, con la gestión del urbanismo. Aunque el tema de más actualidad es la financiación ilegal de los partidos políticos, durante el periodo de la burbuja inmobiliaria ha habido innumerables casos de corrupción a nivel local. Según el informe "Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España", alrededor del 8% de los municipios españoles se han visto envueltos en algún tipo de escándalo de este tipo, especialmente los emplazados en las islas y la costa mediterránea.

En general sabemos que la corrupción tiene efectos perversos para un país: hace que las instituciones funcionen peor, erosiona el capital social y conlleva importantes ineficiencias económicas. De acuerdo con esta lógica se debería esperar que hubiera un castigo electoral para los alcaldes y partidos que se involucran en prácticas corruptas. Los ciudadanos, en las elecciones, harían a los gobiernos responsables por sus acciones pasadas. Sin embargo, como se muestra en el estudio de Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez centrado en casos de corrupción municipal en Andalucía y Valencia (2003 -2007), esto no es así. En la mayoría de los casos los imputados por corrupción vuelven a ser reelegidos.
Esta conclusión es relativamente pesimista respecto a la vigilancia ciudadana de la corrupción. Aunque en casi todos los países existe sanción electoral por los casos de corrupción, en España suele ser baja. En un trabajo experimental de Jordi Muñoz, Eva Anduiza y Aina Gallego se buscan razones para este fenómeno. La primera es la existencia de una aproximación ideológica a los escándalos de corrupción, que sumada a unos medios partidistas y polarizados, implicaría no darle credibilidad a los escándalos que afectan a los partidos propios pero sí a los del "rival". La segunda se conecta con el cinismo político, por el cual todos los partidos son vistos como igualmente corruptos y, por lo tanto, los ciudadanos no castigan este comportamiento ante la creencia de que toda la oferta electoral es semejante.

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