Básicamente, existen dos sistemas de organización de la justicia penal, el continental -denominado  "civil law" o "inquisitorial"- en el que es un juez quien instruye el procedimiento que servirá de base para que un tribunal, en ocasiones con la participación de un jurado, decida el caso y el modelo anglosajón, donde no existe la figura del juez instructor. La acusación y la defensa presentan su versión de los hechos y sus argumentos ante un juez, con una presencia más frecuente del jurado que en el modelo continental. Este sistema se denomina en inglés "adversarial", porque pretende situar a las dos partes en igualdad de condiciones en la defensa de su posición.

 

 

Desde la famosa frase "La Justicia es un cachondeo" que pronunció, en 1985, el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, no podía pensarse que se convertiría en la expresión de millones de personas cabreadas con el sistema judicial. Se había perdido el respeto y el miedo a los jueces, que hasta ahora nadie se atrevía a insultarlos, aunque se pensase. 

 Otra Justicia es posible. Por supuesto. Pero para ello, tenemos que asumir primero que la Administración de Justicia es la asignatura pendiente de nuestra Democracia. El progreso operado en España en los últimos treinta años no ha alcanzado a un sistema judicial que se muestra incapaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a sus necesidades. 

 

 

El artículo 117 de la Constitución dice que "la Justicia emana del pueblo". Es del pueblo, de los ciudadanos, por lo tanto, de donde procede nuestra legitimidad como jueces, y servimos al pueblo resolviendo los conflictos que se producen.

La Constitución de 1978 que ha implantado por primera vez en España una auténtica democracia, fue fruto de un consenso de todas las fuerzas políticas, legitimación que le proporcionaría una estabilidad y una duración insólitas en nuestra atormentada historia política. Con su espléndida parte dogmática, albergue de una panoplia de derechos y libertades siempre soñados y jamás conseguidos hasta entonces, tiene sin embargo su talón de Aquiles en el Título VIII, donde se diseña el llamado Estado de las Autonomías, especie intermedia entre el centralismo y el federalismo que ha convertido a España en un país ingobernable como ha puesto de manifiesto la crisis económica que nos atenaza desde 2007. 

 

 

Los ciudadanos necesitan tener confianza en la justicia como instancia que les puede proteger frente a los abusos del poder o el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las personas, empresas o instituciones. El Poder judicial es el verdadero poder moderador que somete la ley al imperio de los principios constitucionales y busca el equilibrio entre los intereses, públicos y privados, confrontados.

 

 

"La corrupción es como la paella, en ningún sitio la hacen como en Valencia". La frase, sacada de una pintada realizada en un muro de una localidad próxima a la capital, es fiel reflejo de la sensación de asqueo con que una parte de los ciudadanos contempla cómo el País Valenciano se ha convertido en cuna de incontables escándalos político-económicos protagonizados por unos dirigentes que demasiados veces se salen de rositas cuando no alargan interminablemente los procesos bajo el manto protector de algunas togas. 

 

 

Sin ir más lejos, en Francia viene de antiguo la disociación entre fondo y forma de sus políticos. Cosa que aquí, con menos recorrido democrático y carácter más racial, no ha estado muy al uso. Y quizá por eso llamó tanto la atención el estilo pródigo en gestos liberales de Alberto Ruiz Gallardón, rara avis en su partido y su contexto social, más bien desabrido. Es un lobo con piel de cordero, decían algunos de él, aunque tampoco faltaban quienes, incluso desde la izquierda más radical -quizá deseosos de encontrarse con alguien de derechas civilizado-, no dudaban en entregarse a sus maniobras de diversión. Ahora, desprovisto de su piel de cordero, el personaje se nos muestra en toda su crudeza.

 

 

El empecinamiento ajeno no debe impedirnos perder la oportunidad de construir entre todos una Justicia eficiente y moderna que tenga como finalidad el servicio al ciudadano y no un sistema que limite o impida el acceso a la Justicia.

 

La Justicia, con mayúscula, como la Verdad, no existe. En una sociedad dividida, lo que para unos es justo no lo es para otros y, cuando haciendo tabla rasa, se trata de aplicar un código absoluto de justicia para todos la injusticia resultante puede ser aún mayor. La justicia es, en fin, relativa y solo se explica en el contexto de las sociedades y su tiempo, aunque también es cierto que la balanza que la simboliza siempre ha tendido a bascular en favor de los poderosos, en detrimento de los débiles.

 

 

Las crisis económicas acostumbran a poner de manifiesto las deficiencias estructurales de los sistemas sociales y la debilidad de los Estados que no las han previsto o no han sabido estar a la altura de las circunstancias, como bien podemos observar en estos momentos en los países europeos y muy concretamente en el nuestro, en el modo de responder a la mayor crisis económica de los últimos tiempos.

 

 

Hasta Federico Trillo, en su papel de responsable de los temas de justicia en el PP, reconocía no hace mucho que "la Justicia aparece como el servicio cuyo funcionamiento menos satisface a los ciudadanos". Ante este hecho, ¿No cabría, al menos, preguntarse que subyace tras una percepción tan negativa? ¿Se reducen acaso los problemas e la justicia a una cuestión de "servicio", tal como opina Trillo? ¿No son acaso sus males más trascendentales de lo que aparentan? ¿No será que, al igual que sucede en otros ámbitos, arrastra la justicia problemas que se remontan a la transición democrática?

 

 

Desde la derecha se insiste en que los problemas de la justicia se deben, sobre todo, a que los españoles por "un quítame allá esas pajas" acudimos a los tribunales, cosa que en realidad resulta muy barata. O sea, que para arreglar el problema nada mejor que encarecer la justicia. Así, además de descongestionar el sistema, contribuimos a reducir el déficit, que es de lo que se trata. Sin embargo, los datos, tercos, nos devuelven en el espejo europeo de la justicia una imagen que no es para echar las campanas al vuelo, en lo que se refiere a número de jueces, gasto público y otros ratios.

 

 

Cualquier reflexión sobre esta cuestión no puede desconocer una realidad tan patente como expresiva de la actitud complaciente de la mayoría de los Tribunales con la corrupción. La investigación judicial de la trama Gürtel -instrumento de financiación irregular y enriquecimiento de los miembros del Partido Popular- la inició el Juez Garzón a través de las Diligencias Previas 275/2008, es decir, hace casi cinco años.

 

No hay nada peor que los lugares comunes para examinar cualquier acontecimiento. Nada peor que los tópicos para analizar una institución. Nada peor que los prejuicios para afrontar una situación compleja. Porque los prejuicios, los tópicos, los lugares comunes nos sitúan cómodamente, como observadores irreflexivos, en un lugar donde nada se mueve, nada se altera sino la constatación de una realidad ya sabida y así repetida una y otra vez . 

 

Nunca un ministro de Justicia perjudicó a tantos ciudadanos en tan poco tiem-po. Así se puede sintetizar, a día de hoy, el paso de Alberto Ruiz Gallardón por la cartera de Justicia. Podría ser su epitafio político. Ciertamente ha superado a cualquiera de sus antecesores recientes en el cargo. En sólo un año ha hecho añicos la fina pátina de político "conservador-progresista" que tanto había culti-vado desde su tiempo como presidente de la Comunidad de Madrid y luego como alcalde.