A finales de los años 20 del pasado siglo, 22 países disponían de programas públicos de salud. Actualmente son más de 140 los que cuentan con algún sistema de seguridad social. Globalmente, el gasto social tiende a aumentar y este no ha disminuido en líneas generales, aún con gobiernos liberales. La ofensiva contra el Estado de bienestar es, sobre todo, de carácter ideológico, propagandístico. Cosa que, como sabemos, suele preceder al recorte.

 

 

 

Pero me parece más importante formularnos otra pregunta: ¿Por qué nos estamos cargando el Estado de Bienestar? Y, todavía mejor, ¿Cuál sería la solución para que esto no ocurriera?

 

El debate reciente sobre el futuro del Estado de Bienestar en Europa y su adaptación al cambiante contexto internacional y a las nuevas demandas se ha intensificado en los últimos años a raíz de la crisis económica.

 

 

Una década después de que se comenzase a cuestionar ideológicamente la viabilidad del Estado del bienestar, la España de la postransición iniciaba, con cuarenta años de retraso, la construcción de las estructuras de su propio modelo welfarista sobre la base de una lógica socialdemócrata que, como la mayoría de los partidos que la sustentan, ya por entonces comenzaba una incierta odisea, aún no resuelta y muy probablemente sin retorno, hacia no se sabe dónde.


 

Hasta el descubrimiento de Australia, las personas del Viejo Mundo estaban convencidas que todos los cisnes eran blancos. Hecho que viene a demostrar los límites de nuestro aprendizaje si éste se basa más en las regularidades que en las excepciones. El Cisne Negro o el Impacto de lo Altamente Improbable, un libro de Nassim Nicholas Taleb.

 

Frente a la persistencia de la crisis socioeconómica y del empleo, que dura ya más de cuatro años, en la Unión Europea, particularmente desde el Consejo Europeo de mayo de 2010, se ha consolidado una política liberal-conservadora, dominante entre las élites institucionales europeas, con las siguientes características. El problema central sería el déficit público y la deuda (soberana), no la contracción económica y el paro masivo.

 

Es bueno pensar en el origen del estado del bienestar para pensar en su futuro. En principio hay al menos dos teorías posibles. Una de ellas es que el estado del bienestar es una especie de contrato de seguro entre los miembros de la sociedad. Todos entendemos que a veces las cosas nos van mal por mala suerte. Y nos comprometemos a ayudar a los que lo pasan mal, en el bien entendido que si a nosotros nos pasa, también seremos ayudados.

 

Para los sociólogos, el estado de bienestar es un sistema social -o sea, un conjunto de arreglos institucionales- cuya función primordial consiste en elevar la cohesión social. Desde esta perspectiva, su aparición constituye una nueva fase del largo proceso de modernización que tuvo lugar en Europa a lo largo de los últimos siglos.

 

¿Racionalización y sostenibilidad o abandono y mayor coste a medio largo plazo?. Muchos de los expertos en políticas sociales que apuntan a la idea de un cambio de modelo de bienestar social, hace tiempo plantean la necesidad de una actualización del mismo, una reforma acorde al contexto actual, pero en ese escenario es importante reflexionar sobre el origen del cuestionamiento ¿Se trata de un cambio de modelo de bienestar o la destrucción de mismo?


 

El Estado de bienestar ha sido el mayor logro de avance social que ha conseguido el capitalismo en la mayor parte de los países desarrollados. Se consiguió con estas políticas poner de manifiesto la capacidad del sistema de llevar a cabo reformas económicas y sociales que favorecieron la tendencia a una mayor igualdad en derechos y oportunidades. El capitalismo fue capaz de demostrar que era posible adaptarse a las demandas y reivindicaciones de los ciudadanos.

 

Los europeos nos hemos acostumbrado al estado del bienestar, hasta el punto de considerarlo un derecho fundamental de todos los ciudadanos o, en algunos países, de los que participan o han participado en el mercado laboral. Y, efectivamente, es una institución singular, que cubre un conjunto de objetivos sociales como la provisión de rentas y servicios mínimos en determinadas situaciones, la garantía de un seguro público ante emergencias personales o familiares, o la cobertura de necesidades de la persona o de la familia que pueden tener efectos externos importantes sobre otras personas o sobre toda la sociedad.