martes, 20 de febrero de 2018
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Alfonso de La Quintana García-Pérez

​Las politizadas ayudas a la prensa: El caso catalán

Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos

El actual movimiento independista catalán, como la mayoría de todos estos procesos, tiene su origen en causas económicas. La crisis económica enfrió las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, hubo un aumento del déficit público, el desempleo, la prórroga de los presupuestos, el control del gasto en los presupuestos a pesar de ser muy restrictivos y la solicitud de mayores competencias para solucionar sus problemas han sido las causas que nos han llevado a esta situación. Por otro lado, escándalos en la opinión pública como el caso de los Pujol, hasta los que está padeciendo el partido en el gobierno, invita a pensar que algunas de las cosas que se digan son cortinas de humo para taparse los unos a los otros. Y no haya una intención de solucionar los problemas del cansado ciudadano de a pie, que está lejos de los exilios mediáticos y de los millones de euros de los casos de corrupción de todos los colores.


Prensa noticias


TIPOS DE RENTABILIDAD DE LOS MEDIOS: LA EMPRESARIAL Y LA DE INFLUENCIA


La primera reflexión, antes de hablar de las ayudas a la prensa, tanto en Cataluña como en cualquier parte, es tener siempre presente que la empresa periodística se diferencia de las demás en que tiene dos tipos de rentabilidad: la económica y la ideológica, o de influencia. La rentabilidad económica, es fácil de entender pues se aplican los criterios de valoración como a las demás.


Sin embargo, la rentabilidad de influencia es más difícil de medir numéricamente. La historia del periodismo está llena de casos que nos demuestran la existencia de la rentabilidad de influencia. Este tipo de rentabilidad es capaz de que un gobierno gane o pierda unas elecciones por el papel de un medio, o tiene la capacidad de implicar o no a un país en una guerra.


Un caso muy representativo es el de la estrategia del Grupo Heartspara concienciar a la opinión pública norteamericana de la conveniencia de entrar en guerra contra España por Cuba. 


Los periódicos del grupo Hearts daban continuamente noticias falsas y exageradas volcando a la opinión pública norteamericana a favor de la guerra. De hecho, sería en la Cuba colonial donde la prensa catalana "internacionalizaría el problema", como lo denomina cerca de dos siglos después Puigdemont. Una estrategia política que produjo más rentabilidad para el pueblo catalán que el actual "Procés" y al que Cambó llamó "el pleito catalán".


Este aspecto ha sido muy bien estudiado por el profesor Lluís Costa, en sus estudios sobre la proyección de Cataluña en Cuba. En el que se dan casos como "La Catalá" que fue la primera publicación catalana de la emigración en todo el mundo. Durante aquellos primeros años la misma prensa catalana se quejaba de “que los catalanes se apresuraban en trabajar y que la gente no se arraigue". (La Llumanera de Nueva York en abril 1878). Pero conforme avanzaba la independencia cubana, el movimiento independentista catalán comulgaba con algunas publicaciones respecto la independencia de los cubanos y viceversa. Existiendo publicaciones catalanas que llegaron a países como Uruguay o Argentina.


Esto nos hace considerar lo importante qué es para los grupos de poder, como los independistas catalanes, poseer la propiedad de una empresa periodística y el control de los medios.


LAS AYUDAS NUNCA DEBEN SER POLITIZADAS


Teniendo en cuenta esta característica, se puede deducir que cualquier gobierno o institución que ayude a un medio de comunicación puede a cambio exigir cierta lealtad ideológica. Lo cual es un peligro para las libertades públicas. Politizar las subvenciones a la prensa es un error que indica un mal sistema democrático. Porque se puede dar el caso que esas ayudas representen a la tiranía de las minorías, no a unas minorías representativas sino a lasque mandan por imperativo. Por lo que cuanto más transparente y menos discriminatorias sean, existirá un clima democrático mejor conviviendo las ideas de todos los colores. Pero desgraciadamente no es la situación. 


La Ley Catalana de 16 de Octubre de 1995 tiene un fuerte componente lingüístico ya que insiste que el sentido de esta ley es la “normalización lingüística progresiva”, y todos sus apartados se centran en difundir el catalán. 


Posteriormente, en la Orden de 6 de julio de 2011, exige que las ayudas se darán cuando tengan la aprobación del Código Deontológico de los periodistas en Cataluña y del Consejo de la información de Cataluña.


Es muy interesante esta ley al exigir al final que haya un comité de expertos como Consejo de la Información de Cataluña. Como fórmula para evitar el poder absoluto de los políticos en la aplicación de la misma. Aunque desgraciadamente esta medida no lo impide en un sistema tan politizado.


En primer lugar, las leyes de ayudas hay que aplicarles una anti picaresca empresarial y política. Nos pueden parecer en su redacción de una validez enorme pero precisamente en su falta de exactitud está su error. Cuando por ejemplo Puigdemont dice en Parlament que se repartirán "de manera proporcional..." suena muy bien. Pero se debe tener espíritu crítico y una exigencia mayor a nuestros políticos. Porque las palabras bonitas no hacen justicia y tiene que matizar proporcionalmente a qué. De lo contrario, la objetividad de la norma no existe, y se le puede aplicar la libre interpretación que no beneficie a nadie.


Cuando en el Parlament se llega hasta discutir, antes del referéndum ilegal, las subvenciones únicamente para los medios que apoyen el "Proceso". No es un ejemplo por muy positivo y democrático que pueda sonar apoyar un referéndum. Porque también lo es no apoyarlo, no queriendo publicar nada al respecto, ya que mis lectores no lo consideran como tal, además de considerarlo ilegal. Si solo se da una ayuda a los que apoyen una determinada ideología estamos anulando el porqué de las ayudas, que es fomentar la pluralidad ideológica. Por lo que es una actitud discriminatoria el no considerar que en una democracia los que no piensen como uno son también sujetos con derechos. Por otro lado, rompe el verdadero concepto de internacionalización ya que si se llega a primar el catalán antes que el español se está des- culturizando la propia Cataluña. 


La normalización lingüística ya está prácticamente completada y hay que mantenerla por lo que querer implantar el monopolio del idioma no es rentable para nadie. Sería incomprensible ver a los escoceses que se negaran a aprender inglés y se centraran en el escocés y el gaélico, y negarse a mantener el idioma británico.


Tampoco se puede caer en situaciones, como la de una aplicación móvil CatApp, que pretendía reconocer a aquellos establecimientos con mayor responsabilidad lingüística versus el catalán para fomentar su uso oral, escrito y virtual. Como señalaba El Mundo el 25-3-2017 en la que la diputada Teresa Giménez Barbat afirmaba "Es inaudito que un gobierno de una región que forma parte de un Estado miembro dedique dinero público a financiar acciones que fomentan la delación y dividen a la sociedad". En este caso no solo se discriminaba el español, también el francés.


Pero también hay que advertir al ciudadano que las subvenciones a la prensa no son hoy día la forma más común de controlar los medios. Existen "ayudas atípicas" como pago a líderes de opinión por escribir conferencias y a escritores de libros institucionales que no se venden, tarjetas visa, regalos elevados o difícilmente cuantificables, premios injustificados, puertas giratorias a periodistas a cambio de dar información sesgada, empresas de comunicación dirigidas -en muchos casos por personas sin cualificación- pero con grandes listas de clientes, la condonación de deudas ya sean estatales o privadas, encargo de informes a periodistas, contratos de empresas a consultorías que influyen más que la propias leyes en la opinión pública y en la independencia de los medios.


Este tipo de ayudas atípicas condicionan el día a día de la información más que las tan cacareadas ayudas y son menos conocidas por la opinión pública. 


Casos se han dado, como el de la esposa del Puigdemont, en la que se denunciaba por parte de El Mundo su montaje mediático que ella sustenta gracias a un montante de 12,3 millones de euros públicos recibidos entre 2008 y 2014, más de 2,53 millones de los mismos en el último ejercicio contabilizado 2016, en virtud de subvenciones y publicidad institucional, según consta en los registros del Boletín Oficial de la Generalitat.


Por parte del Gobierno Central se dan circunstancias que no se entienden, como que la prensa digital reciba subvenciones a pesar de estar aplicado el artículo 155 que debería controlar estas ayudas. Siendo los medios beneficiados: la Vanguardia, El periódico y otra más pequeñas como directe!cat, Vilaweb, Ara o El PuntAvui. Pero sin embargo está el caso de Catalunya Diari al que no se la han otorgado a pesar de poseer, en sus últimos registros de comScore, una audiencia de 685.000 usuarios únicos en noviembre y de 1,6 millones en octubre.


Finalmente, lo que no deben olvidar todos los grupos de poder, incluido Puigdemont, que quieran utilizar a los medios para sus fines que la mayoría de las tradicionales ayudas del estado a la prensa han sido asumidas por la banca. Los créditos privilegiados, ya sean para la compra de tecnología, el pago de impuestos, e incluso las grandes cantidades para realizar despidos tipo ERE han sido financiadas por la banca. Y la banca siempre gana.


CONCLUSIONES


Todas ayudas que sean otorgadas bajo el concepto “publicidad Institucional”, desde las distintas administraciones públicas, deben ser por concursos públicos e individualizadas por campaña y presentando un presupuesto de una manera específica. De manera que haya transparencia en el proceso y no se puedan luego inflar los presupuestos o destinar el dinero a otra partida.


La mejor ayuda para nuestro sistema democrático es la transparencia y ayudar de manera puntual a las empresas periodísticas para fomentar la libertad, en unos momentos altamente críticos en lo económico y social. Por ello las ayudas deben ser independientes y no se deben pedir a cambio contraprestación ideológica o económica.

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