Entrevista | Carlos Castresana: "Hay resignación y escepticismo de la ciudadanía con la corrupción, no tolerancia"

Carlos Castresana, premiado el pasado año con el I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la corrupción, convocado por TI-España y el Consejo General de la Abogacía. En su haber profesional muy extenso hay dos características que lo definen: rigor y firmeza contra la corrupción y el crimen organizado. Primero como Fiscal de la Audiencia Nacional, en la Fiscalía Especial para Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, y después como Comisionado de la ONU de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en la que desmanteló las estructuras clandestinas de corrupción infiltradas en las instituciones del Estado, pasando posteriormente a la Fiscalía del Tribunal Supremo en España. Actualmente ejerce como abogado con la misma rigurosidad que ha venido practicando en sus diferentes ocupaciones.

¿La transparencia en España está todavía muy lejos de ser eficiente?

Desgraciadamente sí. La transparencia tiene dos partes: la actitud y la disposición de las administraciones públicas; y la toma de conciencia de los ciudadanos, la sociedad civil y los medios de comunicación de que el acceso a la información es un derecho. En los dos ámbitos hay mucho camino por recorrer.

¿En España, la sociedad es tolerante con la corrupción?

La inmensa mayoría de los ciudadanos rechaza y condena la corrupción. Más que tolerancia, creo que hay resignación y escepticismo. La transición democrática de los 70’ y el ingreso en la Unión Europea una década más tarde crearon grandes expectativas, que en buena medida se han visto defraudadas.

¿Falta transparencia en la financiación de los partidos políticos?

Absolutamente. Es el problema más grave, porque afecta al corazón de la democracia. Y es un problema que no se ha querido o sabido remediar. Desde la caída del Muro de Berlín, las diferencias ideológicas entre los partidos se han difuminado, los conceptos de izquierda y derecha se han relativizado mucho. Eso obliga a los partidos a conseguir grandes recursos financieros para competir en las elecciones mediante campañas publicitarias en las que los candidatos son ofrecidos como productos en el mercado. Eso produce dos consecuencias que socavan la gobernabilidad democrática: primero, pervierte el sufragio, porque al final no gana el mejor, sino el que ha hecho trampa y gastado más de lo autorizado en marketing político; y segundo, pervierte también el gobierno porque, una vez elegido, el político se debe más al que le ha financiado que al que le ha votado.

¿La falta de rendición de cuentas efectivas de las distintas Administraciones lleva a la corrupción?

Sí, una de las instituciones menos eficientes durante todos estos años ha sido el Tribunal de Cuentas.

¿Solo hay corrupción en las obras públicas y en la construcción?

No. Esos sectores siguen siendo los más propicios a la corrupción porque siguen manteniendo niveles muy altos de economía sumergida, y porque dependen de las concesiones y contratos administrativos y de las licencias públicas. Es el terreno más abonado para la corrupción.

¿En su opinión, en que otros sectores la transparencia brilla por su ausencia?

Todas las grandes corporaciones tienen un poder y una influencia política que no deberían tener. Ese problema es global, lo estamos viendo de manera grosera en Estados Unidos estas últimas semanas con la industria de armamento y las petroleras, entre otras: el Presidente parece un empleado de esas multinacionales más que un representante de los ciudadanos.Pero también ocurre en Bruselas y en España: las empresas del sector energético, las de telecomunicaciones, el sector financiero, y las de la construcción, marcan las agendas políticas, y no lo hacen precisamente de manera transparente. La corrupción privada es tan grave como la pública.

Se comenta que los lobbies ejercen un poder poco transparente ¿Cree usted que se debería regularizar su función?

Sí. Los lobbies no son buenos ni malos en sí mismos; son meros instrumentos, y de hecho, pueden desarrollar una función perfectamente legal de representación y promoción de los sectores para los que trabajan que resulte beneficiosa para la comunidad. Lo positivo o negativo no son, pues, los lobbies, sino lo que se haga con ellos. Debe regularse su actividad, sus funciones, lo que pueden y no pueden hacer, y debe saberse, en los asuntos en que estén afectados los intereses generales, quién les contrata y con qué objetivo. Lo que no es aceptable es que los lobbies se conviertan en mercados opacos del tráfico de influ

encias y el abuso de información privilegiada.

El tráfico de influencias es habitual ¿Cómo piensa usted que debería controlarse?

Es un delito. La respuesta al tráfico de influencias está en el Código Penal, en las Convenciones Europea y de la ONU contra la corrupción. Es una práctica muy extendida, una de las manifestaciones de la corrupción moderna más graves, y muy poco perseguida.

¿Es transparente la justicia española?

No lo bastante. Hay suficiente publicidad de los juicios y las decisiones de nuestros tribunales, en general, pero no de la trastienda de los procesos: los nombramientos y promociones en las carreras judicial y fiscal, el reparto de asuntos, la composición de las salas, la asignación de magistrados ponentes y otros aspectos, que aparentemente son solo organizativos o burocráticos, pero que tienen sin embargo una influencia directa y decisiva en las resoluciones judiciales que se dictan.

La mayoría de la ciudadanía desconfía de los jueces y fiscales ¿Cree que esa desconfianza está justificada?

Hay una gran desconfianza, derivada fundamentalmente de la instrumentalización de los tribunales y del ministerio fiscal por parte del poder político. La percepción general, desafortunadamente, es que nuestros jueces no son suficientemente independientes y nuestros fiscales no son imparciales.

Instruir un caso, como el del Palau ha llevado ocho años, ¿No cree que este tiempo es excesivos y poco creíble?

Los tiempos de la justicia son bíblicos, pero no tendrían por qué serlo. La justicia en España ha sido y sigue siendo la cenicienta de la Administración del Estado. Hay grandes carencias de medios materiales y personales, y es un problema antiguo, con responsabilidad compartida por gobiernos de uno y otro signo, por lo cual hemos de concluir que la razón es la falta, también compartida, de voluntad política. Si a eso añadimos que ahora, sin reforzar los medios, se han limitado los plazos de la instrucción, la consecuencia solo puede ser la impunidad.

¿La justicia está politizada?

Sí, mucho. En la mayoría de los casos, los ciudadanos no lo perciben porque los asuntos con relevancia política son pocos en relación al total; pero en esos pocos, la presión es muy alta. Y la influencia en el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado es constante.

Desde su punto de vista, ¿Cuáles serían sus necesidades?

La justicia española fue de las instituciones menos reformadas durante la transición democrática, y los grandes "pactos de Estado" por la justicia de después han sido muchas veces poco más que proclamaciones retóricas.

Si, partiendo de una situación parecida, pudo construirse una Administración tributaria moderna, ¿Por qué no puede hacerse otro tanto con la justicia? Necesitamos una justicia del siglo XXI, con muchos más medios, con leyes orgánicas y de procedimiento modernas, con más transparencia, puertas abiertas y participación de la sociedad. Se necesita que jueces y fiscales entiendan que son un servicio público, que se deben a la sociedad que paga sus sueldos, que su independencia no es para ellos un privilegio sino un deber, y que la garantía efectiva del principio de igualdad ante la ley es el pilar fundamental del estado de derecho.

¿La falta de valores en la sociedad lleva a la corrupción?

La sociedad española tiene valores. La mayoría de los ciudadanos comparte los valores fundamentales del Estado social y democrático de Derecho, cree y practica la convivencia y el respeto, la integridad y la transparencia, en el sector público y en el privado, en su trabajo y en su vida privada. Lo que propicia la corrupción es la impunidad. La capacidad disuasoria de nuestros tribunales es escasa.La mayoría de los ciudadanos condena y considera indecente el abuso de la corrupción. Sólo tenemos que dejar a un lado la desidia y participar más.