Desde el año 2015, los ayuntamientos españoles se encuentran obligados (todos ellos) por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, por un amplio conjunto de obligaciones legales. Eso no significa que los Ayuntamientos sean, forzosamente, más transparentes. Porque las leyes no hacen milagros. Y no los hacen porque hace falta mucho más que el BOE para introducir cambios reales en el ADN de una Administración que se resiste numantinamente a la transformación.
Para empezar, porque en el ámbito local se dan unas características particulares que inciden en gran medida en su capacidad de cumplir los nuevos deberes. Las condiciones de partida ya permiten aventurar las principales dificultades para implantar la transparencia en los ayuntamientos, pues la mayoría de ellos convergen en un único problema: la planta local. Es de sobra conocida la hiper-fragmentación del mapa local, con más de 8.100 municipios,de los cuales prácticamente el 84% tienen menos de 5.000 habitantes. Escaso dimensionamiento del que se deriva la lógica escasez de medios, personales, materiales y tecnológicos. Especialmente preocupante en este último, ante la extensión y profundidad de la brecha digital y la vinculación entre transparencia y administración electrónica.
¿Por qué es importante la transparencia? Porque se erige en la ventana abierta, a través de la que los ciudadanos pueden conocer el detalle de la gestión municipal, analizarlo y obtener sus propias conclusiones. Gracias la que pueden acceder a los datos de la gestión económica, datos presupuestarios, sobre las subvenciones, de contratos, pero también los relativos a sus responsables políticos y al funcionamiento de los órganos de gobierno. Datos que deben estar disponibles, por ley y sin necesidad de solicitud, a través de medios electrónicos.
La transparencia es el derecho de saber
Por medios electrónicos garantizando así una mayor accesibilidad que permita su consulta por los vecinos a distancia. Desde su casa, desde otro municipio, desde otra Comunidad Autónoma e incluso desde otro país. A un soloclick. Porque la transparencia no sólo permite acceder a la información a los ciudadanos empadronados en el respectivo ayuntamiento, sino a cualquier persona, con independencia de su condición. Es decir, la inexistencia de transparencia y la falta de información afecta a todos los ciudadanos, a los medios de comunicación y también a las organizaciones de la sociedad civil.
La transparencia es importante porque se erige en la ventana abierta, a través de la que los ciudadanos pueden conocer el detalle de la gestión municipal, analizarlo y obtener sus propias conclusiones
Porque la transparencia no sólo es la información que el ayuntamiento quiere publicar, también es aquella información que los ciudadanos quieren conocer. Es el derecho a saber. Aunque en este ámbito todavía queda mucho camino por recorrer y es necesario preciso concienciar a los ciudadanos de las nuevas dinámicas. De empoderarlos como sujetos activos de la gestión de los asuntos públicos. De que la rendición de cuentas no se produce únicamente cada cuatro años mediante las urnas, sino cada día. Sin embargo, según los datos del Portal de Transparencia del Estado todavía preguntamos poco, frente al recurso a la información ya publicada. Claro reflejo de ello los datos. A 31 de diciembre de 2016 se habían producido más de seis millones de visitas (6.444.615) al portal de transparencia frente a tan sólo 7.087 solicitudes de acceso a la información. Desconocimiento, dificultades administrativas (es decir, burocráticas), tecnológicas o desconfianza, las razones son muchas y variadas, pero resulta necesario cambiar la tendencia.
Sin olvidar que cuando hablamos de transparencia también hablamos de corrupción. Porque sobre los ayuntamientos sobrevuela con frecuencia la sospecha de la corrupción, los numerosos sumarios abiertos y el impacto en la ciudadanía precisamente por su proximidad, multiplican la alarma social y justifican la preocupación. En este sentido la transparencia opera en un doble nivel, como herramienta de lucha contra la corrupción, pero también como herramienta de prevención de la corrupción. Como señala una cita habitual cuando se habla de transparencia "Cuanto más te observo mejor te comportas" (Jeremy Bethan).
Analizada pues la situación de partida ahora toca proponer medidas que ayuden a mejorar la eficacia de un derecho con un amplio reconocimiento legal y evitar así un vaciamiento que lo convierta en meramente testimonial y residual. El inexistente régimen sancionador para los que incumplen las obligaciones en materia de transparencia exige recurrir a medidas de refuerzo positivo que contribuyan a la creación de la cultura de transparencia más allá de la mera exposición de datos en una página web, medidas articuladas sobre las causas previamente diagnosticadas.
Alinear estrategias para racionalizar recursos
En primer lugar, el control. En cuanto a los sistemas de control, y al margen del Consejo de Transparencia estatal y otras figuras autonómicas, algunos ayuntamientos han apostado también por el desarrollo de sistemas propios, como el Sistema de Integridad Institucional Diputación Foral de Gipuzkoa, con un Código de Conducta y Buenas Prácticas y que cuenta para ejercer las labores de control con una Comisión de Ética Institucional, el Consejo Ciudadano por la Transparencia de Vitoria u otras fórmulas como la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Control que debe llevar aparejada la capacidad de sanción, máxime en un país como el nuestro, en el que sin sanción parece que no existe obligación.
La transparencia opera en un doble nivel, como herramienta de lucha contra la corrupción, pero también como herramienta de prevención de la corrupción
En segundo lugar, como decíamos, para mejorar es necesario tener en cuenta las peculiaridades del mundo local. Buscar soluciones concretas para unas entidades con unas características particulares.Porque, hablando de ayuntamientos, el tamaño condiciona los resultados. Porque la diferencia se observa, sobre todo, en términos de población, de número de habitantes. Por ello, y más allá de la publicación o no de determinada información en los Portales de Transparencia, es necesario dar un paso más y trabajar en la consecución de avances concretos. Es preciso alinear estrategias para racionalizar recursos personales, materiales y tecnológicos en el caso de los Ayuntamientos de menor tamaño, mediante el recurso a fórmulas conjuntas. De este modo, seguiremos avanzando hacia una mejor gestión pública local, hacia un mejor servicio público.
En Galicia, un reciente estudio de Red Localis sobre el estado de los Portales de Transparencia de los ayuntamientos de la Comunidad, realizado desde la Universidad de Vigo en colaboración con la FEGAMP y la Xunta de Galicia, así lo demuestra. El informe concluye que un 78% de los municipios gallegos cuenta con Portal de Transparencia, es decir, 243 de los 313 existentes en la actualidad. A la inversa, un 22% no cuenta siquiera con esta herramienta, un total 70 municipios. Analizando con mayor grado de detalle se observa que es, precisamente, en la franja de población de los ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 habitantes en la que se sitúan 59 de los 70 que no disponen de portal de transparencia, tal y como se desprende del gráfico.
"Distribución de ayuntamientos gallegos que tiene un portal de transparencia por tamaño de población"
Fuente: Red Localis (Informe sobre el estado de los Portales de Transparencia municipales de Galicia). Universidad de Vigo, Xunta de Galicia y FEGAMP
Hay que ir más allá de la Ley
Es decir, el nivel de cumplimiento va disminuyendo al tiempo que lo hace la población. Una situación que se repite en relación con la actualización de la información y su accesibilidad. Básicamente porque para que la información cumpla su finalidad de facilitar el conocimiento real de la gestión pública, es preciso que la información sea útil y permita una efectiva rendición de cuentas, que sea información actualizada, estructurada, clara y accesible, para ser comprensible por cualquier ciudadano, no sólo por expertos conocedores de la administración.
En tercer lugar, hay que ir más allá de la ley. Hay que trabajar en la implantación una auténtica cultura de transparencia y para ello el ámbito local es el idóneo, por su cercanía a los ciudadanos, como administración más próxima, se configura como el escenario en el que avanzar hacia el gobierno abierto, hacia un nuevo modelo de administración basada en políticas públicas de innovación, transparencia y buen gobierno.
En definitiva, respondiendo a la pregunta inicial ¿Existe transparencia en los ayuntamientos españoles? Sí, pero se puede y se debe mejorar. Algo falla cuando prácticamente el 50% de los ciudadanos desconoce la existencia de la Ley y el 70% a los órganos de control. Algo falla cuando la transparencia en la gestión pública depende únicamente de la voluntad de la administración responsable. En el caso municipal, de más de ocho mil municipios. No debemos olvidar que un derecho vacío de contenido es un derecho que no existe. Se trata, por tanto, asegurar el derecho a la transparencia, de verdad, (no a la "tramparencia") en todos y cada uno de los ayuntamientos.
