Dirigiéndose a los candidatos a las próximas elecciones presidenciales francesas, el diario Libération se interroga sobre su compromiso con el saneamiento de las prácticas políticas para el próximo mandato. "A excepción de François Fillon, los principales aspirantes a la presidencia han aceptado comprometerse con las medidas que les hemos planteado sobre el dinero de la parlamentarios", indica el diario.
Todo empezó a finales del pasado enero, cuando se hizo público que Penélope Fillon, esposa del candidato conservador a la Presidencia de la República francesa, había estado beneficiándose en diferentes períodos, desde 1988, de empleos ficticios, como el de colaboradora de su marido ex-ministro y diputado, pagados con dinero público. Según "Le Canard enchaîné", prestigioso semanario por su lucha contra la corrupción, Penélope Fillon se habría embolsado un total de 900.000 euros. Tras el escándalo, Fillon solo ha respondido con múltiples imprecisiones, contradicciones y esquivando la cuestión de fondo, lo cual ha puesto en cuestión su propia candidatura electoral.
Pero lo más pistonudo del asunto es que los franceses se están enterando ahora de que esta práctica de los empleos ficticios, que cuenta con sonados precedentes, ha sido de siempre y ampliamente utilizada por los representantes de los ciudadanos. Asunto que, entre otras cosas, viene a confirmar que el hábito no hace al monje. O sea, que la forma del Estado, en este caso la muy honorable República Francesa, no constituye ninguna garantía contra las prácticas corruptas. Quienes, por ejemplo, se rasgan las vestiduras con el escándalo Urdangarin, en lectura antimonárquica, quizá se sorprenderían con las cifras del robo institucionalmente organizado en nuestro país vecino. Y tampoco estaría de más que los ardientes partidarios de la República Catalana (en clave de bálsamo político de Fierabrás) echaran un vistazo autocrítico al paisaje que nos rodea, empezando por ellos mismos.
No es un caso único
Siguiendo con la cosa de la apropiación indebida de dinero púbico en Francia, cabe recordar que Jacques Chirac, ex-presidente de la República,fue condenado por desviación de fondos públicos, abuso de confianza y otros delitos. Su sucesor al frente del municipio, Jean Tibéri, también fue pillado en una tormenta judicial. El primer secretario del partido socialista Jean-Christophe Cambadélis fue condenado, con pena de prisión, en dos ocasiones por este tipo de asuntos. En el Frente Nacional, de Marine Le Pen, una veintena de parlamentarios europeos están acusados de trabajar para su partido, a costa de sus salarios públicos. Etc.
"La perversidad de los asuntos político-financieros está en que hacen revivir el poujadismo", (movimiento político reaccionario propio de las clases medias, que surgió a mediados de los años 50 en Francia), apunta Libèration. "En todo caso, su virtud -agrega-, en una democracia que funciona, es que hacen progresar la transparencia y el derecho". Este ha sido el caso Cahuzac. "La revelación de cuentas en el extranjero por parte del ex-ministro de Finanzas propició, en 2013, una ley que creaba por primera vez una Alta Autoridad para la transparencia de la vida pública y un juzgado nacional financiero. Dos avances que nadie se atreve a poner en causa, incluida la derecha (que había votado en contra de una decena de iniciativas). Hay que esperar que los supuestos empleos ficticios de la familia Fillon encontrarán una salida legislativa para hacer progresar la ejemplaridad", sostiene Libération.
Cabe recordar que Jacques Chirac, ex-presidente de la República, fue condenado por desviación de fondos públicos, abuso de confianza y otros delitos
Anticipándose a este debate, el periódico ha propuesto a los candidatos presidenciales seis compromisos, que le parecen indispensables para restaurar la confianza entre los franceses y sus electos. Contrariamente a lo que dice la derecha, François Fillon no es el árbol que oculta el bosque. No es un caso único. Según una investigación de Libération, cerca del 21% de los actuales diputados han empleado a miembros de su familia como asesores y el 12% declaran ingresos privados, además de sus sueldos como parlamentarios. En junio de 2012, en uno de sus primeros discursos, Claude Bartolone dijo querer hacer de la Asamblea "una casa de cristal transparente, a título de ejemplaridad". No hace falta decir que esta promesa (ambiciosa) no ha sido cumplida.
Erradicar cualquier sospecha
Los seis compromisos que propone Libération no caen del cielo. Son soluciones razonables planteadas por muchos especialistas de la transparencia en la vida pública. Algunas están directamente inspiradas por las propuestas de la ONG Transparency France, incluidas en una petición que ha recogido 30.000 firmas en Internet. Hay soluciones que no plantean a priori ningún problema técnico, como la prohibición de los empleos familiares o la supresión de la reserva parlamentaria, ese sobre de 82 millones de euros, utilizado por los diputados según su personal criterio para subvencionar entes locales y/o asociaciones. Otro son más complejos. La prohibición a un diputado o un senador de aceptar una remuneración privada podría enfrentarse a un rechazo constitucional. Benoît Hamon recuerda que los "sabios" censuraron en 2013 medidas esenciales de la ley de transparencia de la vida pública, como la prohibición a los parlamentarios de "ejercer una actividad profesional que no fuera la suya antes de iniciar su mandato" o la de "ejercer una función de consultoría que hubieran ejercido antes de su mandato". Pero el candidato socialista señala que la jurisprudencia del Consejo no es "insuperable porque se supedita a las disposiciones legislativas adoptadas en referéndum y, naturalmente, de las asumidas por vía constitucional".
Exceptuando a François Fillon, el único que no ha respondido (y cuyo programa nada incluye sobre la materia), la mayor parte de los candidatos aceptan todos o parte de los compromisos de Libération. "No sin oportunismo", aclara el diario. Nicolas Dupont-Aignan recomienda ahora la prohibición de los empleos familiares, mientras emplea a su propia mujer como agregada parlamentaria. Y Marine Le Pen no se libra de las contradicciones. Defiende hoy un reglamento del Parlamento europeo que hasta ayer ha pisoteado.
Las seis cuestiones planteadas por Libération son:
¿Es usted favorable a la prohibición para todo diputado o senador de cobrar cualquier remuneración privada más allá de su sueldo como parlamentario, salvo si la deontología certifica la inexistencia de conflicto de interés?
¿Está usted de acuerdo con la prohibición de los empleos familiares, del mismo modo que hace el Parlamento europeo?
¿Es usted partidario de la creación de un estatuto del empleo de asesor parlamentario?
¿Es usted favorable a la nominación de un verdadero "deontólogo", dotado de poder de control y de investigación y que debería rendir cuentas anualmente?
¿Cree usted que se debería suprimir la partida representativa de gastos de mandato y substituirla por gastos de representación, debidamente justificados?
¿Es usted favorable a la supresión de la reserva parlamentaria?
Los seis compromisos que propone Libération no caen del cielo. Son soluciones razonables planteadas por muchos especialistas de la transparencia en la vida pública
Y las respuestas:
BenoîtHamon: "Erradicar cualquier sospecha"
Emmanuel Macron: "La actividad real de los colaboradores debe poder ser verificable"
Nicolas Dupont-Aignan: "Los abusos no dejan elección"
Marine Le Pen: "Suprimir la reserva parlamentaria"
Jean-Luc Mélenchon: "Esta transparencia no puede prescindir de los poderosos, los grandes patronos, los oligarcas"
PhilippePoutou: "Algunos se construyen chalets y adquieren apartamentos con toda legalidad"
Nathalie Artaud: "Todo debe ser público y conocido por todos"
