Si hacemos casos a sus portavoces (tesoreros incluidos), la transparencia de los partidos en España es suficientemente satisfactoria e incluso excesiva: la tesorera del PP abogaba recientemente en el Congreso de los Diputados por la conveniencia de mantener el secreto sobre la identidad de los donantes, una práctica abiertamente contraria a todos los estándares internacionales existentes, como una forma para incentivar el aumento de los escasísimos ingresos privados de los partidos en España.
Hasta el propio capítulo español de Transparencia Internacional (TI) llegó a señalar en un informe de 2015 que los partidos españoles obtenían una muy buena nota (8,3 sobre 10 de media) en transparencia (incluida la financiera) y varios de ellos (PSOE, C’s, UPyD) alcanzaban la matrícula de honor. Este informe no solo dio lugar a un serio tirón de orejas por parte de la Fundación Civiocontra esta iniciativa de TI-España en un post muy bien argumentado, sino que incluso ha generado algunas tensiones internas en esta organización y a la retirada de su sitio web de los dos informes sobre transparencia de partidos realizados en 2014 y 2015 a los que ya no puede accederse.
Esta polémica y la oleada continua de evidencias que se acumulan en las investigaciones judiciales abiertas sobre los principales casos de corrupción en España, demuestran que los partidos españoles (no hace falta añadir "y los catalanes", ¿no?) están lejos de poder garantizar tan excelso nivel de transparencia. Obviamente no son todos iguales, pero los defectos de la regulación y la supervisión de la financiación política en España tras las reformas de 2007, 2012 e incluso 2015 (con un tratamiento ciertamente preocupante de las fundaciones vinculadas a los partidos y un papel que a duras penas puede cumplir nuestro Tribunal de Cuentas) hacen que sea muy difícil levantar las sombras de sospecha y opacidad que han acompañado a estas formaciones desde la transición.
Ser transparente no es solo colgar mucha información
Ser transparentes no es solo colgar mucha información y someterse a controles formales. De lo que se trata es de garantizar que las cuentas que estas organizaciones presentan no solo son verosímiles sino reales al cien por cien, de tal manera que cualquiera pueda confiar en que no hay ningún tipo de engaño o disimulo. Y para conseguir esto no basta con tener una regulación fetén por mucho premio-nobel-del-derecho-constitucional que pudiera diseñarla con la mejor de las intenciones. El verdadero problema que existe en cuanto a la regulación de la financiación política en casi todos los países consiste en asegurar que tales reglas, sean las que sean, se respeten realmente. Lo que observamos, sin embargo, es que el nivel de cumplimiento de todas estas normativas es relativamente bajo en la mayoría de los países.
El problema no consiste tanto en la existencia de regulación o no, o en el nivel de detalle de la misma, sino más bien en la conciencia que hayan adquirido los partidos
El control efectivo sobre los límites de las donaciones o los de gasto es difícil y costoso siempre. Además, son los propios partidos los que, como legisladores, hacen las reglas, por lo que la voluntad que puedan tener para auto-limitarse es clave para que estas regulaciones puedan funcionar. Uno de los aspectos primordiales donde puede comprobarse la voluntad de autolimitación de los partidos está en la composición y funcionamiento del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la regulación. Si se quiere que lleve a cabo la función de supervisión de manera efectiva, es necesario que tal institución cuente con un mandato claro y con una independencia, unos recursos y una voluntad de actuación suficientemente sólidos. A menudo comprobamos, sin embargo, que muchas de estas autoridades de supervisión son demasiado dependientes de los partidos, no cuentan con los recursos necesarios y tampoco tienen un mandato inequívoco para cumplir con esa función.
En esas circunstancias, el problema no consiste tanto en la existencia de regulación o no, o en el nivel de detalle de la misma, sino más bien en la conciencia que hayan adquirido los partidos sobre lo que está en juego cuando la financiación política no es suficientemente transparente y cuando las reglas que determinan lo que se puede o no hacer son mero papel mojado. Cuando los partidos ponen sus necesidades de financiación y su voluntad de gastar en sus campañas por encima de los límites que parezcan razonables en cada sociedad, el resultado es la creciente desconfianza y desafección de los ciudadanos hacia los partidos y, en último término, hacia la propia política democrática.
Los partidos han sido percibidos como la institución más corrupta
Y de esta desconfianza estamos plenamente sobrados en España. Los partidos han sido casi siempre la institución percibida como más corrupta por los españoles en las distintas ediciones del Barómetro Global de la Corrupción de TI. Además, si el problema de la desafección creciente de los ciudadanos ha ido empujando a la mayor parte de las democracias a una regulación cada vez más estricta de la financiación política, el caso español reúne características extremas entre los países de nuestro entorno. El gráfico recoge datos de 2013 del Eurobarómetro sobre la escasa confianza de los europeos en sus gobiernos y sus partidos políticos. Como vemos, el caso español es especialmente dramático.
Gráfico: Confianza en el gobierno y en los partidos políticos en los 23 países europeos de la OCDE
Fuente: Eurobarómetro, 2013 en OCDE
Por lo tanto, si la confianza en los gobiernos y los partidos está amenazada en casi toda Europa, en España alcanza magnitudes especialmente preocupantes que hace muy urgente encontrar soluciones para mejorar una situación que se tornará insostenible en poco tiempo si es que no hemos alcanzado ya ese punto sin retorno.
Para esto no basta con una regulación y una supervisión mejores. Como nos enseña el caso nórdico en el que a una regulación laxa corresponde un nivel de confianza en los partidos muy alto, una regulación intachable desde el punto de vista técnico no garantiza que partidos y donantes ajusten su comportamiento real a los principios de una financiación política ética. Sea cuál sea la normativa, partidos y donantes pueden encontrar siempre canales alternativos para saltársela. Lo importante es, pues, que los partidos sean conscientes del daño terrible que infringen a la credibilidad del sistema democrático cuando incurren en prácticas de financiación ilícita.
Para ello, hay dos aspectos claves sobre los que trabajar. Por un lado, el que tiene que ver con la transparencia. Sólo si ciudadanos, asociaciones y medios de comunicación pueden acceder a información fidedigna sobre la financiación de los partidos y las campañas se puede generar un debate racional sobre qué prácticas atacan los principios básicos del régimen democrático y se puede tratar de incentivar un comportamiento más responsable por parte de los partidos. Esto no equivale simplemente a colgar mucha información, sino a ofrecer las herramientas adecuadas para controlar de manera efectiva que la información es confiable. En lugar de decir sin más cuánto se ha gastado en una campaña electoral, por ejemplo, se trataría de ofrecer los datos que puedan permitir al observador controlar si ese gasto de campaña corresponde realmente al coste a precios de mercado de los servicios y materiales que se hayan contratado en tal campaña: cuántas vallas publicitarias, cuántas cuñas de radio, etc.
Pero la segunda clave es mucho más importante y la que explica la excepcionalidad del caso nórdico. Más allá de la regulación de la financiación política (la nórdica nunca ha sido un ejemplo a imitar, aunque se ha hecho mucho más estricta recientemente), la confianza en los partidos depende de cómo juzgan los ciudadanos la manera en que tales organizaciones llevan a cabo su tarea principal: la representación de los intereses de estos ciudadanos. Y el juicio que los españoles tienen sobre esto no es muy positivo.
Los ciudadanos perciben que sus representantes anteponen con demasiada frecuencia la defensa de determinados intereses particulares a la defensa del interés público
La mayoría de los casos de corrupción se asemejan
La mayor parte de los casos de corrupción que hemos conocido a lo largo de los años en la España democrática tienen características comunes. Alguien con un interés particular en una determinada decisión pública (la adjudicación de un contrato, la obtención de una licencia, el desarrollo de una determinada regulación…) es capaz de "comprar" la decisión que más favorece su interés mediante un pago directo o indirecto (que puede ser de muchos tipos distintos) a la autoridad y/o funcionario público que tiene la capacidad de tomarla y/o al partido al que pertenece tal autoridad. Cuando estos casos se revelan, el mensaje que reciben los ciudadanos es que sus representantes anteponen con demasiada frecuencia la defensa de determinados intereses particulares a la defensa del interés público o del interés colectivo que comparte el electorado del partido al que pertenezcan.
Lo que ha sido diferente en el caso nórdico (pero no solo en esos países) es que allí los incentivos que han podido tener los corruptores para corromper a quienes toman las decisiones públicas que afectan a sus intereses han sido mucho menores. No porque no tuvieran el mismo interés económico que en países donde la práctica de la corrupción está más extendida, sino porque les era mucho más difícil corromper a estos decisores. Mientras que en países como el nuestro las autoridades políticas tienen un margen de discrecionalidad en la toma de tales decisiones mucho más amplio y una capacidad mucho más alta de contrarrestar las resistencias profesionales de los gestores y técnicos públicos (los funcionarios), en los casos de países que destacan por sus niveles de alta calidad de gobierno, el área reservada para la influencia de los profesionales de la gestión, así como la fuerte ética profesional que se espera de estos actores, hace mucho más difícil que un determinado empresario, por ejemplo, pueda obtener un trato más favorable a cambio de "invertir" en la financiación de un determinado partido.
Sea cuál sea la normativa, partidos y donantes pueden encontrar siempre canales alternativos para saltársela
Por consiguiente, la mejora de los dramáticos niveles de desconfianza en los partidos y los políticos en España no solo debería pasar por mejorar la regulación de la financiación política y la transparencia de los partidos sino, de manera decisiva, por elevar la calidad de nuestras instituciones de gobierno, su profesionalización y su despolitización. Más vale que no perdamos el tiempo fijando nuestra atención en aquello que los ilusionistas políticos quieren mostrarnos (como, por ejemplo, la cantidad de información que hay ahora en sus portales frente a la que tan escasa era en tiempos pasados) para no perder de vista el lugar donde se lleva a cabo el truco: el ejercicio del poder que beneficia a determinados intereses particulares a costa del interés compartido por todos o, cuando menos, por la mayoría.
