martes, 21 de noviembre de 2017
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Javier Hernández Martínez

¿Qué puede aportar la transparencia en las Administraciones Públicas a la economía?

Director General de Transparencia del Cabildo Insular de Gran Canaria


Por un lado, y según informes ya conocidos del Banco Mundial, hay una relación directa entre ingresos per cápita y transparencia, de modo que a más transparencia institucional y/o a más calidad de la misma, la renta media ciudadana aumenta. Entre otros, el nobel de Economía Joseph Stiglitz, ha sido uno de los estudiosos del tema, concluyendo en su estudio que es cierta la relación expuesta.


Finanzas 001


Por otro lado, y a nadie se le escapa, una política opaca dispara los costes de transacción, pues las oportunidades de "mordida" aumentan, y ello encarece el producto, haciendo el mismo menos competitivo.


A su vez, cuando las instituciones públicas proporcionan datos económicos rigurosos, y por tanto ciertos, los mismos ayudan a los potenciales inversores, clientes, productores, consumidores, etc., a evaluar mejor, creando un clima de más seguridad y fiabilidad, desterrando incertidumbres, lo cual contribuye a un mejor funcionamiento del mercado, al excluirse del mismo, por ejemplo, los típicos "imprevistos" en la contratación (un caso típico sería el de los sobrecostes). En suma: El incremento de la transparencia, y de su calidad, genera crecimiento económico inversor.


El mismo Fondo Monetario Internacional ha afirmado lo esencial que es la transparencia en la política económica, así como la disponibilidad de datos fiables o veraces sobre la evolución y situación económica y financiera de las instituciones, a la hora de adoptarse las decisiones más correctas desde el punto de vista del inversor. Es más, en su web proclama que está poniendo empeño en implantar una política de transparencia en su misma organización.


¿Qué cuestiones serían esenciales en la implantación de dicha transparencia?


Por un lado, un régimen sancionador claro, ágil, de cumplimiento personal, con grandes multas disuasorias, e incluso remoción del cargo, o suspensión en el mismo, y por supuesto, publicidad real y efectiva de la sanción. En España, con las leyes que al respecto tenemos, por lo menos con la estatal, ésta pasa muy de soslayo por dichas cuestiones, haciéndolas prácticamente inviables (por ejemplo: para sancionar a un ministro, serían sus mismos compañeros de Gobierno los encargados de ello, y es claro que tal supuesto sería más bien ficticio). En la práctica se deja al "runrún" de la normativa disciplinaria específica su sanción, lo cual difumina aún más la responsabilidad.



Una política opaca dispara los costes de transacción, pues las oportunidades de "mordida" aumentan, y ello encarece el producto, haciendo el mismo menos competitivo



La realidad no se cambia regulando todo


Por otro lado, un procedimiento ágil y rápido en la resolución de las peticiones de acceso a la información, que no se decante por el silencio administrativo ni por la tardanza injustificada en la respuesta, y que la institución revisora (ya sea estatal o autonómica) sea realmente independiente y dotada de medios. En cuanto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya expusimos nuestra crítica sobre el mismo al poco de su constitución.


También, como no podía ser menos, un procedimiento sancionador contra las acciones en contra de la denominada publicidad activa (difusión de contenidos vía web, de publicación obligatoria). Nos encontramos con el mismo problema anterior: Sanciones difusas, procedimientos "disciplinarios", etc.


No menos importante ha de ser la independencia y dotación de medios del órgano sancionador, pues si de velar por poner trabas a la corrupción se trata, resultaría absurdo, si no hipócrita, dejar "desamparada" y sin medios, por ejemplo, a la llamada Unidad de Transparencia (órgano cuyo cometido legal es, entre otros, efectuar el control y seguimiento de las resoluciones de acceso, velando porque las mismas lleguen a buen fin, de modo real, y dentro de los plazos legalmente previstos).


Por último, no está de más recordar que la realidad no se cambia regulando todo, sino que el cambio real es cultural, y hasta tan punto es así, que países con un índice de corrupción bajísimo, se da la paradoja (para nuestra latina mentalidad, que no para ellos) de que apenas tienen normativa de transparencia: No les hace falta.



Javier Hernández Martínez es abogado. Dedicado durante más de 15 años el ejercicio de la rama penal.
Consultor homologado por ACREDITRA. Conferenciante y articulista habitual sobre los aspectos legales de las Nuevas Tecnologías



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Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 39.480,
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