Entrevista | Esther Arizmendi: "Los comportamientos indeseables han minado mucho la confianza de los ciudadanos en sus instituciones"
Carmen P. Flores
Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, fue nombrada en diciembre del 2014, por el Consejo de Ministros, después de conseguir el apoyo, por mayoría absoluta, de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.
El organismo que ella preside, nació de la Ley de Transparencia, aprobada en el 2013. Su papel es complejo, pero ella, como ha venido demostrando en el tiempo que lleva, es una mujer con las ideas muy claras.
¿Qué es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el organismo independiente que crea la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para vigilar el cumplimiento de esta ley. El Consejo además es un organismo que debe promocionar el cambio de cultura. Los datos y la información pasan de ser propiedad de la Administración, que queda como mera depositaria, a serlo de la ciudadanía, quedando los poderes públicos obligados a rendir cuentas a través de la transparencia de su actividad.
¿Para qué sirve?
Según el preámbulo de la Ley, sirve para someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conociendo cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos, bajo qué criterio actúan las instituciones y abriendo una democracia más participativa. Pero, además, sirve como elemento de formación de una sociedad más crítica, mejor informada y más exigente, todo lo cual actuará como elemento preventivo de actuaciones indeseables que siempre se han refugiado en la opacidad.
¿La transparencia es la gran asignatura pendiente en España?
Afortunadamente en el 2013 se aprobó una ley muy esperada, tras 40 años de democracia. En este momento la velocidad a la que avanza y debe avanzar la implantación de la transparencia en España debe suponer un esfuerzo añadido para poder colocarnos a la altura del resto de los países europeos en garantías del derecho a saber.
La respuesta de las administraciones ha sido buena y podemos decir que el primer nivel de transparencia se ha cumplido. Dos años es un plazo más que razonable.
Lo más complejo es el cambio de mentalidad, ya que ni las organizaciones están acostumbradas a compartir abiertamente, ni los ciudadanos acostumbrados a preguntar sin temor.
¿Usted cree que la transparencia es papel mojado?
Si lo creyera no me levantaría todas las mañanas con la ilusión ni el empeño de que la Administración y nuestra sociedad están cambiando.
El avance ha sido importante. Ahora podemos conocer toda la información presupuestaria y económica referida a contratos, convenios, subvenciones, encomiendas de gestión, ayudas, becas…, manejados por la Administración. Podemos también, acompasar el desarrollo de las leyes y comprender cómo es una organización administrativa por dentro y, además, lo que no se nos ofrece de oficio se puede preguntar y la Administración está obligada a responder en el plazo de un mes, transcurrido el cual, el Consejo de Transparencia defenderá hasta el final el derecho a obtener información pública.
Sinceramente pienso que hoy una sociedad mide su calidad democrática por el nivel de diálogo y apertura a la ciudadanía, y este se llama: transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana.
¿Por qué les cuesta tanto a las Administraciones informar a los ciudadanos y ser más transparentes?
Son muchos años en los que las administraciones identificaban la información como poder y, en consecuencia, no la compartían. Como decía antes, los cambios de mentalidad son los más complejos. La Administración se sentía cómoda en su posición tradicional y, en las grandes organizaciones, los cambios son siempre muy complicados.
No obstante, se van haciendo a la idea de que tienen que ser vectores de transparencia en su calidad de servidores públicos y cada vez va calando más la idea de que el derecho de acceso es una manera de servir al interés general, en concreto a un derecho subjetivo, sustantivo, público y universal que ha creado la ley.
¿Las instituciones españolas son transparentes?
Próximamente el Consejo publica el primer ranking de transparencia de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional con una metodología propia.
El nivel de transparencia de los organismos es muy diferente. Los organismos constitucionales e independientes tienen un extraordinario compromiso con la transparencia en su organización, lo cual ha sido una magnífica noticia para el Consejo, que ha podido comprobar que a mayor independencia mejor transparencia.
En cuanto a la Administración General del Estado, la variedad de organismos nos lleva a distintos niveles de transparencia. El Consejo considera que hay un margen de mejora, especialmente en la calidad de la información, aunque hay que valorar positivamente el trabajo de las unidades de información de todos los organismos, que están respondiendo puntualmente las demandas de los ciudadanos.
¿Los cargos electos deben dar cuenta de sus contactos, reuniones y agendas?
Aunque la ley estatal no obliga, son muchas las leyes de las comunidades autónomas que lo han considerado obligatorio en materia de publicidad activa. El Consejo siempre ha considerado que el dinero público ha de rendir cuentas, pero también el tiempo público, con ese espíritu firmó un criterio conjunto con la Agencia Española de Protección de Datos , que dará lugar en breve plazo a una recomendación sobre cómo deben ser las agendas para la transparencia. En definitiva, creemos que también las agendas deberían ser obligatorias.
¿La sociedad se ha vuelto más exigente o no?
La sociedad es muy grande y compleja. Por una parte se ha vuelto más exigente y también más diversa; pero, por otra, los comportamientos indeseables han minado mucho la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y hay un cierto nivel de saturación y de desafección que hay que ir recuperando con acciones concretas. Creemos que la transparencia ayudará a legitimar el trabajo público y para eso trabajamos.
¿Qué opina de las puertas giratorias?
Cualquier situación de privilegio con elementos públicos es contrario a las normas de buen gobierno y a la ética pública.
¿Cómo deben ser las relaciones de los poderes públicos y políticos con los lobbies?
Deben ser transparentes. Casi todos los partidos políticos han incluido en sus programas de las últimas elecciones la regulación de lobbies en España.
El Consejo de Transparencia apoya esta iniciativa y también algunos organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Ayuntamiento de Madrid, que ya están funcionando con registros de lobbies en su ámbito competencial. También algunas Comunidades Autónomas lo han incluido en sus leyes. Sería una pena que las CCAA tuvieran finalmente una transparencia más amplia que el Estado. Por eso creemos que la ley de transparencia está llamada a reinventarse y crecer continuamente, porque la transparencia no puede cosificarse, ni quedarse estancada, sino que debe ir creciendo y la Administración del Estado debe ser ejemplar en esta progresión.
¿La justicia es transparente?
Si creyésemos que los tribunales no son independientes y que no resuelven solo de acuerdo con la ley y el derecho, estaríamos ante una quiebra absoluta, no solo de la división de poderes sino del estado de derecho. Y eso sería una situación muy grave.
¿Cómo valoraría el tiempo que lleva al frente del Consejo?
Para mí está siendo una experiencia extraordinaria. Es la primera vez, en 34 años de carrera profesional, en la que he liderado la puesta en marcha de un organismo independiente, relevante, llamado a ser eje de la actividad pública, partiendo de la nada.
Está siendo una actividad frenética, creativa, comprometida, ilusionante, que hace que sea verdad lo que dice Confucio: "Encuentra un trabajo que te guste, y no volverás a trabajar ni un solo día de tu vida".
