Se cumplen 60 años del Tratado de Roma en un marco de reivindicaciones en el que la ciudadanía quiere una Europa más próxima a la gente, más transparente y accesible. El Registro de Transparencia es uno de esos instrumentos, mediante el cual los legisladores podemos acercar la Unión a la ciudadanía y hacer que ésta participe en el control democrático. Surgió hace seis años como respuesta a esa creciente demanda en aras de una mayor identificación con el proyecto europeo. Así se creó este instrumento encuya base de datos figuran las organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo y de aplicación de políticas de las instituciones de la UE. El registro permite al gran público informarse de los intereses que persiguen los grupos de interés, quién hay detrás y de cuánto presupuesto disponen. De este modo, el registro hace posible un control transparente, otorgando la posibilidad de hacer un seguimiento de las actividades de los grupos de presiónen el marco de sus relaciones con los legisladores públicos.
Del registro de transparencia, tras un sexenio desde su entrada en vigor, podemos hacer un balance positivo. Ha permitido una mayor accesibilidad de los ciudadanos al procedimiento legislativo de la Unión, un incremento del escrutinio público y más información disponible acerca de los agentes que influyen en el proceso legislativo de la Unión.El número de inscripciones ha subido en los últimos cuatro años, con una ligera caída en el quinto. En este último año, el sexto, la tendencia se ha vuelto a revertir tras el anuncio delPresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando aseguró que sus funcionarios no se reunirían con aquellas organizaciones que no estuvieran en el registro de transparencia. Desde entonces las inscripciones han ascendido más de un 15%.El resultado pues, es positivo. Actualmente, más de 90.000 personas representando a 9.860 organizaciones están inscritas en el registro público de los grupos de interés.
Hay organizaciones que no quieren registrarse
Sin embargo, este número no alcanza a justificar las más de 25.000 organizaciones que ejercen el lobby en Bruselas, más otros tantos (aproximadamente 10.000) cuya actividad no tiene sede en la capital europea pero viajan a menudo para mantener contactos. Todavía hay organizaciones que rechazan inscribirse en el registro. Algunas de las organizaciones más destacadas que no se habían inscrito hasta el año anterior eran Gazprom, Twitter o Air France.
Del registro de transparencia, tras un sexenio desde su entrada en vigor, podemos hacer un balance positivo
Más aún, de entre las organizaciones registradas, se han constatado problemas de información incompleta o inexacta, incumpliendo así los requisitos básicos de transparencia que deberían permitirles acceder al interior de las instituciones. Además, a diferencia de otros países como Canadá, Estados Unidos u otros países miembros como Irlanda, la Unión Europea todavía carece de potestad para establecer sanciones o imponer la obligatoriedad del registro.
Algunas de estas debilidadessin embargo, tienen sus días contados. La Comisión Europea junto al Parlamento y el Consejo, en el marco de la aplicación de un acuerdo interinstitucional, están discutiendo estos días una nueva legislación europea que pretende apuntalar la actividad de los lobbys en el marco de sus contactos con los poderes públicos europeos.
Efectivamente, ese acuerdo interinstitucional, aprobado a finales del año pasado, acuerda algunos cambios que favorecerán la transparencia del registro. En primer lugar, se establece una definición más clara de las actividades y las interacciones de los grupos de interés con las instituciones públicas. En segundo lugar, se amplía la aplicación del registro. En particular, tras la aprobaciónde la propuesta,éste abarcaría también al Consejo (recordemos que hasta la fecha solo el Parlamento Europeo y la Comisión se ven afectadas). La propuesta, además, anima a otras instituciones de la Unión, órganos y agencias a hacer uso del mismo registro. Por último, se otorgan más poderes sobre la capacidad de investigar conductas ilícitas y se establece la posibilidad de imponer sanciones en las posibles violaciones del registro de trasparencia y del código de conducta de los agentes públicos (incluidos nosotros, los eurodiputados).
Además del acuerdo interinstitucional, el Parlamento con su poder de iniciativa ha querido ir más allá. En un informe de la comisión de asuntos constitucionales, sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la UE, hemos sido más ambiciosos. Para nosotros, los socialistas, no deja de ser una prioridad la posibilidad de que se establezcan sanciones (por ejemplo prohibir la entrada a aquellos lobbys que no se hayan inscrito o que no lo hayan hecho correctamente). Por nuestra parte, además, queda pendiente la obligatoriedad. El registro no puede basarse en la buena voluntad de los afectados y deber ser preceptivo. Con todo, pese a nuestra insistencia, no parece que las otras dos instituciones principales, Comisión y Consejo, vayan a dar su brazo a torcer. También reclamamos que no puedan entrar en el Parlamento Europeo aquellas empresas que no hayan acudido a comparecer en una comisión de investigación de la Eurocámara habiendo sido requeridas para ello.
Muchos diputados publican sus agendas
El informe Giegold, conocido así por llevar el nombre de su ponente, exige que en la web del Parlamento Europeo se publiquen los encuentros de los eurodiputados con los grupos de interés. De hecho, mucho de nosotros ya lo hacemos publicando en nuestras páginas webs las agendas semanales y sus respectivos encuentros con los lobbys, con el objetivo de que nuestra práctica sirva de guía para otros diputados. Ese mismo informe exige a la Comisión Europea que publique todos sus encuentros con los influencers legislativos o que el registro sea obligatorio. Pedimos además, que se redefina la actividad de los grupos de interés en una concepción amplia de su actividad, la clarificación por parte de la Comisión Europea de sus reuniones y la limitación de éstas exclusivamente a aquéllos registrados. El informe pide también la publicación por parte del Consejo de sus encuentros con lobbyistas, la obligación de los altos funcionarios de la Eurocámara de no reunirse con estos grupos si no están inscritos en el registro, fomentar que los bufetes de abogado publiquen la lista de sus clientes o excluir de los grupos de expertos institucionales a aquellas organizaciones que no se hallen inscritas en el registro. En cuanto al tema financiero, se establece que se dará a conocer de manera obligatoria las aportaciones financieras de los lobbys y cualquier donación superior a los 12.000 euros deberá ser publicada inmediatamente.
Como legisladores debemos impedir el exceso de una influencia sesgada y partidista
Finalmente, el informe insiste en la necesidad de que el Consejo, tradicionalmente más opaco, se sume a la lucha contra la corrupción y se alinee junto al Parlamento y la Comisión en la defensa de los derechos de los ciudadanos al acceso a la información y a su inclusión en el devenir político de la Unión.
Quiero insistir que pese a todo, el registro de transparencia es un buen instrumento que en estos últimos seis años desde su creación ha obtenido buenos resultados sobre la base de la voluntariedad. Se trata de un mecanismo que, sin duda, debe perfeccionarse sin impedir tampoco la colaboración de los grupos de presión, ya que, no hay que olvidar, que éstos constituyen un elemento esencial en el proceso legislativo de la UE. Esa colaboración, sin embargo, no debe ser ajena a una mejora de la regulación. Como legisladores debemos impedir el exceso de una influencia sesgada y partidista. Una tarea que, sin duda, se ve facilitada por la publicación y el escrutinio público de esos encuentros, solo posibles si tenemos un registro de transparencia adecuado.
