viernes, 29 de marzo de 2024
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Carmen P. Flores

Transparencia

Directora de TEJ. Periodista


La corrupción en España -no es un caso aislado en el mundo- está siendo una lacra que pone en entredicho a las instituciones españolas, los partidos políticos y a otros sectores de la sociedad.


Según Transparencia Internacional, España tienen un problema de corrupción muy serio que se tiene que tratar de manera integral, sin parches, con valentía y con honestidad. Si no se toman medidas, la imagen presente y futura de nuestro país puede quedar muy tocada.


La corrupción que más llega a preocupar a la ciudadanía es la política. Ésta se resume en un mal uso del poder para conseguir ventajas fraudulentas, con el único objetivo de enriquecerse unos pocos.


Algunos consideran que las instituciones supervisoras y reguladoras carecen de la independencia necesaria para investigar, ya que están mediatizadas por la política en la mayoría de los casos. No olvidemos que sus miembros están nombrados por el partido que gobierna o por el "consenso" resultante de los grupos políticos que ostentan el poder real. No obstante, existen en España organismos creados para que la transparencia no se quede solo en un enunciado de buenas intenciones.


Es por ello que en este número de TEJ hemos recogido opiniones muy valiosas de los mismos, para que Vd., amable lector, se haga una idea exacta de cómo funciona la transparencia entre esos españoles que asisten cada día escandalizados ante la corrupción que pueden leer en los periódicos y, sobre todo, ante el interminable desfile de inculpados que se sientan en el banquillo de los acusados de todas las instancias judiciales. 


La transparencia es sinónimo de democracia. ¿En todos los campos? Pues como diría el político gallego Pío Cabanillas: depende. Como en cualquier tema de actualidad, hay quien la defiende, pero también cuenta con entusiastas detractores.


La relación entre los grupos de interés y la corrupción tiene que entenderse, no solamente desde el campo meramente jurídico sino desde un altiplano más politológico y normativo ¿Hay corrupción legal? Algunos dicen que sí, porque se crean políticas o leyes trazadas para favorecer intereses económicos privados que dañan a los intereses generales, donde la oscuridad corporativa e incluso social difumina cualquier atisbo de transparencia.


Las escuelas de negocio pusieron de moda nuevos esquemas de "solución" de conflictos. La implantación de "códigos éticos" se llegó a vaticinar como suficiente para construir un buen gobierno empresarial, en el que los primeros ejecutivos, aceptaban ser controlados por consejeros "independientes". En la práctica, pese a que las grandes empresas han contado y cuentan con códigos éticos muy encomiables, muchas de ellas, y esa es la triste realidad, los tienen a buen recaudo en el cajón del olvido permanente.


Sin lugar a duda, la administración municipal que es la más "cercana" a la ciudadanía, no es ajena a la gran corrupción, vistos los cientos de casos que se encuentran en manos de la justicia española. Desde el 2015, los ayuntamientos, por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, están obligados a ejercerla de forma cabal. Pero lo cierto es que, hay consistorios que no la practican, hasta tal punto, que un gigantesco tsunami de lodo y desvergüenza los ha llevado a la ruina.


Ante semejante avalancha de mala praxis, las instituciones europeas, preocupadas por tantos casos de corrupción en algunos países de su competencia, se han puesto a trabajar a toda máquina. Y como mejor ejemplo de esa actividad tenemos el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea que ha supuesto el inicio del camino que arrancó con la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia.


El Registro de Transparencia es ya una de las herramientas clave para aplicar el compromiso de la Comisión con esa transparencia. El Registro abarca todas las actividades destinadas a influir en los procesos legislativos y la aplicación de la legislación de las instituciones de la UE. La presencia de los numerosos lobbies en Bruselas y la más que razonable dudas de tráficos de influencias y puertas giratorias de políticos y funcionarios hizo necesario la creación de un registro de Transparencia Común, que tiene carácter voluntario. Muchos afirman, con buen criterio, que los lobbies son, de hecho, una jubilación dorada para numerosos políticos y un mal ejemplo para todos los europeos.


Con la abundante información, opiniones y entrevistas que se exponen en este número sobre transparencia van a disponer Vds. de elementos suficientes para situarse sobre un tema de innegable actualidad. La conclusión final es muy simple: hay que implicarse en que las soluciones que puedan encontrarse sean una práctica habitual y no una mera excusa para seguir con actuaciones poco éticas y en demasiadas ocasiones... ilegales.


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