martes, 22 de agosto de 2017
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Salvador Faus.- Menos de un año. Ese es el tiempo que ha necesitado el sistema financiero valenciano para caer fulminado, víctima a partes desiguales de la mala gestión de sus dirigentes, las permanentes intromisiones del poder político y una desmesurada exposición al sector inmobiliario.

Si la Comunidad Valenciana contaba antes del inicio de la crisis con dos de las principales cajas de ahorro -Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ocupaban el tercer y el cuarto puesto del escalafón del sector- y con un Banco de Valencia altamente arraigado en el tejido productivo local durante su ya centenaria existencia, en los últimos once meses la guadaña de la intervención ha segado a las tres entidades financieras, que según datos de 2007 sumaban más del 30 por ciento de cuota de mercado entre el empresariado valenciano.

La primera víctima fue la CAM, intervenida en julio del año pasado y posteriormente adjudicada al Banco de Sabadell con un volumen de ayudas que posiblemente superará los 6.000 millones de euros. Cuatro meses después era intervenido el Banco de Valencia -al negarse Bankia, su socio mayoritario, a darle respaldo financiero- tras recibir una ayuda de 2.000 millones de euros y en actual proceso de subasta. Y en mayo se iba a pique el resto del sector bancario autóctono con la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, en el que se había integrado Bancaja, el buque insignia valenciano. A estas tres intervenciones hay que añadir la absorción de las cajas rurales valencianas integradas en Ruralcaja por la andaluza Cajamar, con lo que del otrora imperio financiero valenciano queda prácticamente solo en pie Caixa Ontinyent, una pequeña entidad que ha quedado al margen de las fusiones bancarias por decisión propia.

Los responsables del hundimiento tienen nombres y apellidos, los de los empresarios y políticos que irresponsablemente ocuparon los sillones de los consejos de administración en los que en total connivencia se aceptó que sus entidades asumieran riesgos temerarios al concentrar los créditos en el sector del ladrillo, que en el caso de la CAM -"lo peor de lo peor" en definición del ya ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez- llegó al escandaloso porcentaje del 98 %, cuando era del 68 % el porcentaje medio que el sector de las cajas destinó a la construcción y compra de viviendas. De entre todos ellos brillan con luz propia desde la cúpula de Bancaja y el Banco de Valencia el abogado Julio de Miguel, el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas y elexalcalde socialista de Castellón, Antonio Tirado. Estos, junto con los empresarios alicantinos Vicente Sala y Modesto Crespo, desde la presidencia de la CAM, han sido los mayores responsables de la ruina de estas empresas financieras.

Antes de que la burbuja inmobiliaria llevara a los gestores de las tres entidades financieras a concentrar el riesgo en el ladrillo, los políticos y empresarios afines a éstos que "jugaban" a ser banqueros aceptaron de buen grado el peaje que debían de pagar por calentar sus sillones, que no fue otro que la sumisión y el acatamiento al poder político autonómico. Primero Eduardo Zaplana y después Francisco Camps implicaron a las cajas valencianas en sus proyectos faraónicos -Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, el aeropuerto -aún sin aviones- de Castelló, etc.- contribuyendo así a su ruina.

Pero a la deficiente gestión por la concentración de riesgo en el sector inmobiliario hay que añadir las posibles ilegalidades cometidas por los consejos de administración. Así, el Banco de España expedientó al ex-presidente de la CAM, Modesto Crespo y a otros 47 directivos por infracciones muy graves, entre ellas alteraciones contables de la realidad patrimonial, mientras que la Audiencia Nacional admitía una querella contra la ex-directora general María Dolores Amorós y otros directivos por supuesta estafa, falsedad documental y delito societario. También está cuestionada la legalidad de la actuación del ex-vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, durante su etapa como presidente del Banco de Valencia, después de que una asociación de pequeños accionistas lo denunciara por cinco supuestos delitos, acción ampliada también contra otros antiguos directivos y miembros del consejo de administración, entre ellos el exconsejero delegado Domingo Parra. Y como no hay dos sin tres, la Audiencia Nacional se dispone a investigar también la querella presentada contra los ex-presidentes de Bankia por delitos de imprudencia grave en el control de la sociedad, de administración desleal y malversación de caudales públicos.

Todos estos desmanes se produjeron sin que el Instituto Valenciano de Finanzas ejerciera sus funciones de tutelaje de estas entidades en el ámbito autonómico y mientras el gobernador del Banco de España Fernández Ordóñez, que no vio la magnitud de la crisis del sector, se dedicaba día tras día a pontificar en cuantos foros se le ponían a tiro sobre la necesidad de prolongar la edad de jubilación o las bondades del abaratamiento del despido, en lugar de velar por la buena gestión del negocio bancario mediante una inspección solvente y eficaz.

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