El gran proceso de reestructuración en curso de los servicios sociales que durante el capitalismo del bienestar proporcionaban seguridad, esa condición que por alcanzar a las grandes mayorías se concibió como "seguridad social", afecta, como no podía ser menos, a la enseñanza en general y a la enseñanza superior en particular.
Por lo que a ésta respecta, ese proceso consiste en lo fundamental en tres grandes líneas de intervención:
? Refuncionalización de la educación de cara a empotrarla en la lógica
empresarial
? Abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo cualificada
? Conversión en negocio de lo que antes era servicio social
Se trata, por una parte, de frenar el proceso de incorporación de amplios sectores de la población trabajadora a la enseñanza superior, toda vez que se satura por arriba el mercado laboral y hay que intentar revertir las posibilidades de socialización del conocimiento y establecer sobre esta base nuevas distinciones de clase o la reapropiación clasista del proceso de alta cualificación.
Nace así un nuevo modelo de enseñanza universitaria que en otros escritos he llamado "tecnicista complejo" o globalizado", y que entre otros puntos contempla la multiplicación, como en el resto del mundo laboral, de las figuras de contratación temporal, con el consiguiente aumento de la precarización del profesorado y la sostenida disminución de las plantillas estables, que viene de la mano de la potenciación de su trabajo como meros transmisores de conocimientos (a ser posible "funcionales" a la empresa), en detrimento de la investigación y de la docencia como valores intrínsecos;
Se consagra así una explícita desigualdad y planea asimismo, la jerarquización y división del profesorado en órganos de gestión y de representación y control. Los sistemas de elección de cargos y órganos universitarios pasan a ser más propios del carácter censitario que del auténtico sufragio universal, al otorgar diferente representación a unos cuerpos docentes y a unos estamentos que a otros. Se consagra así una explícita desigualdad (o diferenciación antidemocrática) entre el profesorado (con la consiguiente primacía de intereses de rango), así como la ya tradicional entre éste y los demás estamentos universitarios como el personal administrativo y de servicios (PAS) o el estudiantado. Asimismo, la composición y formas de elección de los órganos de gobierno, como por ejemplo el claustro, facilita la supeditación a intereses políticos y económicos (aunque en el papel se tildan de "sociales"), ajenos al mundo académico. El siguiente paso, ya previsto, será la designación de rectores desde las instituciones políticas de técnicos-empresarios, o bien técnicos al estricto servicio de intereses empresariales, dado que aquéllos dejarán de estar elegidos democráticamente por la comunidad universitaria.
Impulsará la competencia entre centros universitarios por un alumnado definitivamente concebido como cliente. Reclamo publicitario de sus ofertas docentes para ganar en capacidad de atracción (lo que quiere decir que las mismas deben hacer gala de una convertibilidad mercantil lo más inmediata posible). La selección de la financiación de los productos e investigaciones en que las empresas puedan estar interesadas. Esto es formulado como "financiación por objetivos", primando escandalosamente la "investigación aplicada" que en las actuales circunstancias es como decir la destinada a satisfacer las demandas de la empresa privada, que prefiere que la fuerza de trabajo intelectual sea puesta a su servicio con fondos públicos. El profesorado se moverá en adelante, como ya ha empezado a hacerlo, por criterios exclusivos de puntuación curricular, de manera que todo lo que no tenga traducción en esos puntos será despreciado.
Declinación de cualquier actividad académica que no tenga rédito
Finalmente, la acentuación del sistema de créditos fordista que se ha ido implantando mediante sucesivas reformas, implica una extensión de la carga lectiva a la esfera de la vida privada del alumnado, crecientemente incompatible con la dedicación laboral (aumento de obstáculos para la integración del mundo del trabajo a la Universidad). La difuminación de la separación entre "tiempo libre" y "tiempo de estudio" corre paralela a la cada vez mayor utilización productiva del "tiempo libre" por parte de la clase trabajadora en general. Esto implica la declinación de cualquier actividad académica que no tenga réditos en créditos. A cambio, la fidelidad de la educación superior a los principios de la empresa es recompensada como "ocupabilidad" del estudiantado.
Para contribuir a esa "ocupabilidad", los distintos itinerarios sociales según la procedencia de clase de la población, a través de la formación profesional, la enseñanza media, la superior y la de postgrado, se refuerzan ahora con nuevas divisiones de grados. Se quiere, además, que cada vez en mayor medida el alumnado se pague sus propios estudios, a través de la proliferación de becas-créditos a devolver cuando se comience a trabajar (curiosamente, un país que ha impulsado este tipo de becas, como el Reino Unido, ha disminuido en cerca de un 30% el gasto público por estudiante desde 1989).
El desarrollo de las fuerzas productivas y en concreto el avance tecnológico en las sociedades de capitalismo avanzado trae como consecuencia una tendencia estructural hacia la eliminación de empleos, dado que las máquinas pueden sustituir cada vez más el trabajo humano.
