jueves, 28 de marzo de 2024
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Redacción

 Metamorfosis de la política educativa en Europa

bolonia

Rubén Arriazu Muñoz. Profesor de la Universidad de Extremadura
La educación ha sido un tema prioritario en el diseño estratégico de las decisiones económicas, políticas, sociales y culturales de la Unión Europea. Desde la aprobación del Tratado de París en 1951 hasta día de hoy, la política educativa europea ha promovido y consolidado un importante número de programas extensibles a distintos niveles y contextos geográficos. Uno de los más relevantes en la actualidad tiene que ver con la adaptación/armonización de las estructuras universitarias a un marco común denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 

Las políticas educativas de la Unión Europea han ido evolucionando progresivamente según las demandas sociales y estructurales de los Estados miembros. Haciendo un repaso por la cronología más representativa cabría distinguir entre cuatro grandes momentos específicos que impulsaron/condicionaron la educación en Europa: 1) La institucionalización de la educación y la emergencia de los Programas Sectoriales, 2) El reconocimiento jurídico y los Programas Integrados, 3) La Estrategia de Lisboa y 4) El Espacio Europeo de Educación Superior.

En primer lugar, resulta sumamente complejo determinar un punto de partida histórico que defina las primeras políticas educativas reconocidas como tal en Europa. Un momento ampliamente consensuado por la Comunidad Europa es la Resolución de Ministros de Educación del 16 de noviembre de 1971, donde quedó suscrito el llamamiento a la cooperación en el ámbito de la enseñanza. Tres años más tarde, concretamente, el 6 de junio de 1974, se aprueba la segunda Resolución sobre la cooperación en el sector educativo, y con ello, se pone en funcionamiento el Comité de Educación cuyas atribuciones y competencias se guiaron por las recomendaciones del "Informe Janne (1973)", especialmente, en los ámbitos de la Formación Profesional y la Educación Permanente. Dando continuidad a estos primeros acuerdos, el 9 de febrero de 1976 se pone en marcha el primer Programa de Acción en Materia Educativa. Los objetivos de este primer programa iban encaminados a mejorar el reconocimiento entre los sistemas educativos nacionales y formar cultural y profesionalmente a los Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea.
Europa trata de crear, con dificultades, un marco común educativo
En este contexto surgen los primeros programas sectoriales entre los que cabe destacar, por ejemplo, los programas PETRA y EUROTECNNET (Formación Profesional) o JUVENTUD EN EUROPA (aprendizaje lenguas europeas). En este periodo, nacen también las primeras instituciones europeas en materia educativa como el Centro Europeo de Desarrollo de la Educación y Formación Profesional (CEDEFOP), el Universitario Europeo de Florencia (1976) o la Red de Información y Documentación Educativa de la Comunidad Europea (EURYDICE) (1980). Se trata, en definitiva, de una primera fase donde las políticas educativas europeas eran algo coyuntural, fruto de los problemas en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales entre los Estados miembros.
En segundo lugar, y al igual que ocurrió con la Resolución de 1974, otro de los momentos cumbre que marca un antes y un después en la política educativa europea deviene tras la aprobación del Tratado de Maastricht (1992). Los artículos 126 y 127 de dicho documento apelan al desarrollo de la Dimensión Europea de la Educación. Bajo recomendaciones estratégicas de determinados informes como, "El Libro Blanco: Enseñar y Aprender. Hacia la Sociedad Cognitiva" publicado en 1995 o "El Informe Delors"12 publicado por la UNESCO un año después, la política educativa europea se vio redefinida sustancialmente.
De este modo, los Programas Sectoriales criticados duramente por su solapamiento dejaron paso a los conocidos como Programas Integrados que abarcaron tres grandes áreas: 1) Educación, (Programa SÓCRATES I), 2) Formación Profesional (Programa LEORNARDO DA VINCI) y 3) Cultura (Programa JUVENTUD).13 La duración media de estas iniciativas se presupuestó en cinco años (1995-1999), con posibilidad de extender a una segunda fase en función de las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones que se obtuvieran a su término.

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