jueves, 23 de noviembre de 2017
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< ver número completo: La Justicia
Redacción

 La Justicia en una encrucijada

ENCRUCIJADA

Eugenio Gay Montalvo

Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional 
 
Las crisis económicas acostumbran a poner de manifiesto las deficiencias estructurales de los sistemas sociales y la debilidad de los Estados que no las han previsto o no han sabido estar a la altura de las circunstancias, como bien podemos observar en estos momentos en los países europeos y muy concretamente en el nuestro, en el modo de responder a la mayor crisis económica de los últimos tiempos.
 

Sin duda en España los efectos de la crisis han superado los peores pronósticos y un verdadero alud de medidas legislativas (pluribus legis, péssima república, decían los romanos), a mi modesto entender no siempre acertadas y en la mayoría de los casos no consensuadas, no consiguen paliar sus trágicas consecuencias.

Uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos en los momentos de crisis es, sin duda, el principio de seguridad jurídica y la garantía de sus derechos. Naturalmente ambos aspectos son de la incumbencia, en última instancia, de la Administración de Justicia que configura uno de los tres poderes tradicionales del Estado y que, naturalmente, con el ejecutivo y el legislativo deben sostener, cada cual desde su independencia, la sociedad a la que sirven. Así lo estableció nuestra Constitución que, hija de su tiempo, quiso configurar nuestro Estado como un estado social y de derecho.
Esta vertiente social no puede ser ajena a la Administración de Justicia pues nuestro Ordenamiento jurídico ha desarrollado los principios básicos que engloban nuestros derechos fundamentales, así como los principios rectores de la política económica y social también proclamados en la Constitución. Por ello el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva es algo que garantiza la Constitución a todos los españoles y también a "todas las personas" que viven en nuestro país (Art. 24CE), de manera que la tutela judicial efectiva es proclamada como uno de nuestros derechos fundamentales. Es a jueces y tribunales y, en última instancia, al Tribunal Constitucional a quienes corresponde garantizarla.

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