lunes, 21 de agosto de 2017
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CUNA

Salvador Faus Verdú

 Por derecho propio, el País Valenciano se ha ganado un lugar preferente en el mapa de la corrupción española. Un territorio en el que el cohecho, la prevaricación, la malversación y el blanqueo han ido muchas veces de la mano del desarrollo y del ladrillo. Y con un binomio -cargo político y constructor- que ha sido el hilo sobre el que se ha tejido el ovillo de la corrupción a todos los niveles y que ha terminado con el expolio de los bienes públicos.

Hasta hace poco, este territorio era la envidia del resto de autonomías ante una gestión populista que proyectaba una imagen falsa de modernidad y desarrollo a través de proyectos faraónicos y grandes eventos para mayor gloria del inquilino de la Generalitat y su camada. Ahora, la situación es bien distinta. Una comunidad autónoma en situación de quiebra, intervenida en la práctica por el gobierno central e inmersa en una profunda crisis política y económica. Tras los días de vino y rosas quedó a la vista la realidad: Unas arcas públicas saqueadas por una corrupción institucionalizada en la que el latrocinio y el pillaje se desenvolvieron a su aire.

Los precursores Naseiro y Blasco

Pero la rapiña y la depredación ya venían de antiguo. Tan pioneros somos los valencianos en la corrupción que parece que haya transcurrido ya un siglo cuando en noviembre de 1988 la policía "pinchaba" por orden judicial el teléfono de un concejal del PP de Valencia, cuyo hermano estaba siendo investigado por tráfico de drogas. Las escuchas descubrieron un caso de financiación ilegal del PP y de enriquecimiento personal de algunos implicados.

En abril de 1990, el juez Manglano ordenaba la detención del tesorero del PP, Rosendo Naseiro, del arquitecto municipal de Cullera y de tres empresarios por su presunta implicación en la concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones que sirvieron para financiar al PP. El llamado caso Naseiro llegaría al Supremo al verse implicado también el diputado valenciano Angel Sanchis, ex-tesorero del partido. El alto tribunal archivó la causa por irregularidades en la instrucción, al haberse ordenado las escuchas telefónicas para investigar únicamente el caso de narcotráfico.

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