viernes, 20 de octubre de 2017
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Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la UA de Madrid


Frente a la persistencia de la crisis socioeconómica y del empleo, que dura ya más de cuatro años, en la Unión Europea, particularmente desde el Consejo Europeo de mayo de 2010, se ha consolidado una política liberal-conservadora, dominante entre las élites institucionales europeas, con las siguientes características. El problema central sería el déficit público y la deuda (soberana), no la contracción económica y el paro masivo.

 

Sus principales medidas no van dirigidas directamente a la reactivación económica y de empleo. Su prioridad es la "consolidación fiscal" como garantía del cumplimiento de los Estados y agentes económicos de sus compromisos con los acreedores financieros, la devolución de las deudas contraídas por el masivo endeudamiento (privado y financiero, y luego público). Impulsa medidas de ajuste y austeridad (para las capas populares), con cambios regresivos del Estado de bienestar y deterioro de derechos sociolaborales.

Supone, particularmente en países periféricos como España, prolongación de la crisis y reparto desigual de sus costes (en cada sociedad y entre países). En el plano sociopolítico refuerza el desequilibrio en las relaciones de poder, con una fuerte hegemonía conservadora en los países europeos centrales y las instituciones de la UE: mayor dominio de los poderes económico-financieros y empresariales; mayor subordinación de las clases trabajadoras, y debilitamiento de fuerzas progresistas, de izquierda y el sindicalismo.
La interpretación liberal-conservadora dominante ofrece apariencia "técnica" o neutral, aunque sea ideológica y no realista, y solo es funcional para los "poderosos" (y algunas capas medias/altas ascendentes). Ese discurso pretende diluir responsabilidades de sus gestores institucionales: "la culpa es de todos o de nadie"; "las consecuencias sociales son neutras e inevitables". Trata de asegurar la continuidad de las políticas neoliberales y una salida conservadora a la crisis. Intenta salvar cierta "cohesión social", aunque frente al descontento social, su versión más autoritaria pone el acento en el control social y la imposición normativa.
Se busca afianzar a los "poderosos"
Esta orientación, ante la escasa legitimidad social de la política de recortes sociales, busca afianzar a los "poderosos" y relegitimar las élites políticas y gestoras. Apuesta por un nuevo reequilibrio de poder y de acumulación de riqueza, junto con el retroceso de condiciones y derechos sociolaborales y la protección social pública. Intenta justificar los planes de austeridad, la socialización de pérdidas (financieras), la prolongación de la crisis y los desequilibrios en la UE.
Las reformas en distintos países tienen particularidades. No obstante, el proceso se puede definir como cambio cualitativo, fundamentalmente regresivo. No hay una destrucción inmediata y total del Estado de bienestar, aunque haya presiones relevantes hacia su desmantelamiento progresivo. Tampoco se mantiene el statu quo anterior, y menos hay una mejora global.
Las características principales de esa reestructuración son tres: 1) contención del gasto público-social, con limitación del esfuerzo público -en relación al PIB- per cápita y recorte de derechos sociales y acción protectora pública; 2) 'racionalización', reajustes globales regresivos de derechos sociolaborales y diversas adaptaciones -neutras o mejoras parciales-; 3) incremento de la diferenciación interna, con mayor segmentación institucional y de la calidad de los servicios públicos junto con el desarrollo de privatizaciones parciales. Supone adaptar las políticas sociales a la segmentación laboral y de rentas y a la fragmentación social, y una transformación institucional hacia sistemas mixtos, públicos y privados.

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