viernes, 29 de marzo de 2024
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 Soledad Murillo. Profesora de Sociología y Políticas Públicas. Universidad de Salamanca 


Hasta el descubrimiento de Australia, las personas del Viejo Mundo estaban convencidas que todos los cisnes eran blancos. Hecho que viene a demostrar los límites de nuestro aprendizaje si éste se basa más en las regularidades que en las excepciones. El Cisne Negro o el Impacto de lo Altamente Improbable, un libro de Nassim Nicholas Taleb.

 

La metáfora del cisne negro me lleva a pensar en la manera que tienen los Gobiernos Europeos de definir el Estado de Bienestar. Uno de los rasgos comunes es concebirlo como un gasto público propenso a distorsionar los presupuestos de cualquier administración. Sería una excepción que las Políticas Sociales tuvieran un valor contrario a gasto, el de inversión. Por ejemplo, con la creación de empleos derivados de los servicios que presta.

España no es una excepción en esta materia, destina un 21% de gasto social. En 2012 era de los más bajos de la UE15 debido, entre otros factores, a una fiscalidad profundamente regresiva. A pesar de ello, el Gobierno elige al Estado de Bienestar como el principal rehén de sus políticas de ajuste. En una clara sintonía con la actual Unión Europea, premio Nobel de la Paz, que en nada nos recuerda aquella UE de hace 8 años, en enero de 2005, volcada en promover una Constitución, cuyo principal slogan era subrayar su papel en la protección y defensa de los derechos ciudadanos.
Aunque hablando de recuerdos, es más un ejercicio de arqueología que de historia, regresar a los orígenes de los Derechos Sociales, aquellos que constituyeron el Plan Marshall, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, los derechos sociales pudieron activarse en el peor de los entornos posibles, como fue la postguerra europea. Países derrotados, o vencedores, no sólo se especializaron en la reconstrucción civil, sino que defendieron una justicia social capaz de limitar la acción del mercado. Y todo ello en un escenario de post-conflicto. Aquellos Gobiernos eran conscientes de la necesidad política de avalar el ejercicio de la ciudadanía, y sabían muy bien que ésta sólo se ejerce si se facilitaban derechos propios del Estado de Bienestar: vivienda, salud, educación.
Empleo forzosamente internacionalizado
La OIT en su último informe (Global Employment Trends 2013) advierte de las incoherencias de mantener una persistente falta de políticas activas de empleo en Europa, con una tasa global de desempleo del 8,6%. Sin contar con la específica tasa de jóvenes que alcanza un 40% o un 50%, dato registrado en un país como el nuestro. Esta proporción de jóvenes desempleados tiene como resultado un progresivo empobrecimiento del país en términos de economía del conocimiento.
Representa además una severa pérdida en el balance entre capital humano, o suma de la inversión de renta familiar más el esfuerzo presupuestario de educación básica y superior. Todo ello para acabar con una búsqueda de empleo forzosamente internacionalizada. De esta manera asistimos a una progresiva "deslocalización" del talento. Un reciente ejemplo ilustra esta pérdida de recursos humanos, pero con una especificidad devastadora: el propio Ministerio de Empleo es responsable de adoptar políticas de estímulos a la contratación, pero se encarga de "regular la fuga" de capital humano mediante acuerdos bilaterales en cooperación con la agencia de empleo alemana.

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