lunes, 21 de agosto de 2017
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ALEMANIA

Redacción

Los orígenes ambientales y las fuentes intelectuales de este cambio trascendental en la vida económica denominado Estado de bienestar, se sitúan clásicamente en la Alemania del conde Otto von Bismarck (1815-1898), último representante del despotismo ilustrado y padre fundador de la Alemania moderna.

Sin embargo, teniendo en cuenta que como en alemán se distingue entre un principio (Sozialstaat) y una política (Wohlfahrtssrtaat), en este caso habría que hablar más de lo primero que de lo segundo porque el Estado social alemán se ha entendido más como un sistema social, político y económico que como unas políticas, aunque en la práctica convergen.

Durante el decenio de 1880 la sociedad alemana no se vio perturbada, como la inglesa, por las restricciones "ricardianas" al papel del Estado. Conforme a la tradición prusiana, el Estado era competente, benéfico y sumamente prestigioso. Lo que se consideraba como principal peligro de la época era la activa militancia de la clase obrera industrial en rápido crecimiento, con su ostensible proclividad a las ideas revolucionarias, y en particular, a las que provenían de su compatriota recientemente fallecido, Karl Marx. Para conjurar ese peligro Bismarck urgió a que se mitigaran las más flagrantes crueldades del capitalismo. Así, en 1884 y en 1887, el Reichstag adoptó un conjunto de leyes que otorgaban una protección elemental bajo la forma de seguros en previsión de accidentes, enfermedades, ancianidad e invalidez.
En términos generales la mayor parte de autores de filosofía del derecho concuerdan en que un Estado social se propone fortalecer servicios y garantizar derechos, considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Provee la integración de las clases sociales menos favorecidas, evitando la exclusión y la marginación, a través de la compensación de las desigualdades y de la redistribución de la renta por medio de los impuestos y el gasto público. Utiliza instrumentos como los sistemas de educación y sanidad (en mayor o menor grado públicos o controlados por el Estado, obligatorios o universales y gratuitos o subvencionados), financiados con cotizaciones sociales. Se tiende a la intervención en el mercado y la planificación de la economía, todo ello en contra de los principios del liberalismo clásico.

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