Luis Cayo Pérez Bueno. Presidente del CERMI
No hace ni siete años que se aprobaba en España una Ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así rezaba su denominación oficial, que a pesar de sus muchas insuficiencias parecía inaugurar algo inédito en nuestro país, a saber, el abordaje de las necesidades sociales más básicas de extensas capas de población -personas mayores y personas con discapacidad que precisan apoyos intensos para su autonomía individual- en clave de derechos.
Esta clase de necesidades no había tenido hasta entonces una respuesta firme en términos de derechos, por lo que con reticencias y aprensiones, que las hubo, y justificadas, tanto por el modo en que se hizo como por el resultado obtenido, fue saludada como un avance social. El lance estaba hecho, y podía concluir más o menos bien, a reserva de la intervención del azar, que como dijo el poeta nunca puede ser abolido.
En estos casi siete años de despliegue, un sino aciago parece haberse apoderado de esta Ley, frustrando amargamente las expectativas de cientos de miles de personas y de sus familias que aguardaban, en una suerte de justicia histórica, tan desacostumbrada para ellas, el comienzo de una cierta reparación a una demanda tan antigua como insatisfecha. Los motivos de este fracaso social, particularmente cruel por lo mucho que prometía y sobre todo por a quienes lo prometía, no son solo económicos, no son ni siquiera principalmente económicos, aunque la aguda crisis de estos últimos años haya precipitado el fracaso que se gestaba.
Un signo aciago parece haberse apoderado de esta Ley
¿Dónde estarían pues las causas de este resultado adverso? ¿Acaso España como comunidad política es incapaz de un proyecto ambicioso de mejora colectiva destinado a las partes de la ciudadanía más castigadas? ¿Si el fin perseguido suscitaba un amplio consenso social y político, qué ha malogrado su consecución? Las concausas son variadas, como siempre que nos enfrentamos a hechos complejos. Citemos algunas, las más notables.
Defectos de origen, como la no incardinación de esta modalidad de protección social en la esfera de la Seguridad Social que por suerte sigue siendo atribución del Estado, y que la hubiera dotado de estabilidad y dirección única. Lejos de eso, el precario título competencial sobre el que se ha desarrollado, ha condenado al naciente sistema a quedar a resultas de la rebatiña permanente entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, colocándolo en una tierra de nadie, que más parece cementerio inerte que campo abonado para dar frutos.
