miércoles, 13 de diciembre de 2017
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Redacción

 ¿Reforzar o desmantelar el sistema de atención a la dependencia?



Héctor Mara
vall. Adjunto en la Secretaria General la CSCCOO


A 1 de agosto del año 2012, es decir justo antes de que entrara en vigor la segunda contrarreforma restrictiva de la Ley de Dependencia (la primera tuvo lugar con el nuevo gobierno del PP en diciembre del 2011), había reconocidas 1.022.885 personas con derecho a prestación y 981.012 prestaciones realizándose. A 31 de mayo de 2013 (últimos datos publicados) las personas beneficiarias con derecho a prestación habían descendido a 961.830 y las prestaciones realizándose lo habían hecho a 940.624.
 

Es cierto que ha habido un proceso de regularización y depuración de datos, que ha afectado a 13.418 expedientes que han sido suprimidos, pero aun y así no hay forma de explicar cómo en 10 meses han disminuido en torno a 50.000 los beneficiarios de una ley, que no olvidemos estaba en pleno proceso de expansión y que lógicamente debería ir incrementando su ámbito personal de aplicación, en el marco de un proceso de envejecimiento de la población española y mas aun de envejecimiento del envejecimiento.

Buscar algunas razones a esta realidad de involución de la atención a la dependencia, requiere echar un poco la vista atrás y yo lo resumiría en una idea: dígase lo que se diga, muy pocos querían en España la construcción y desarrollo de un Sistema público de Atención a la Dependencia y hablo con conocimiento de causa, porque tuve la oportunidad de estar en el meollo del proceso de su creación. En la década de los 90, el IMSERSO estuvo trabajando, con el respaldo y estimulo de muchos profesionales del ámbito público y del movimiento asociativo, en el diseño de un Sistema de Atención a la Dependencia, que no tuvo acogida ni por el último gobierno de Felipe González ni por el primero de Aznar.
IU-ICV planteó desarrollar una Ley de Depedencia
En las negociaciones del Acuerdo de reforma parcial de la Seguridad Social de la primavera del 2001, gracias a la insistente presión de CCOO, que había hecho de este tema uno de sus elementos esenciales de reivindicación social, se logró incluir en el texto del Acuerdo un apartado con unos compromisos, sin duda todavía genéricos, pero desde luego firmes, sobre el diseño de un Sistema de Atención a la Dependencia. Este apartado del Acuerdo de abril del 2001, fue absolutamente incumplido por el segundo gobierno de Aznar, a pesar de que CCOO de forma sistemática e incansable lo recordaba en todas y cada una de las reuniones tripartitas de la Comisión de Seguimiento.
En la investidura de Rodríguez Zapatero en mayo del 2004, solo IU-ICV planteó como elemento fundamental a desarrollar en la legislatura, la aprobación de una Ley de Dependencia, propuesta que enseguida respaldó ERC y que fue asumida por el PSOE, aunque sin muchas precisiones.
La negociación de la Ley de Atención a la Dependencia fue un autentico calvario. Los sindicatos, ya juntos CCOO y UGT, IU-ICV y ERC, una parte de las diputadas socialistas, diversas organizaciones feministas y algo más tibiamente el movimiento asociativo vinculado a las personas con discapacidad, dimos las sucesivas batallas, que yo resumiría en tres fases.
La primera, que la atención a la dependencia se enmarcara en el ámbito del Sistema de la Seguridad Social, si bien con financiación fiscal no de cuotas sociales; la perdimos por la oposición radical de la CEOE a la que no supo hacer frente, la blanda ambigüedad del Ministro Jesús Caldera, a pesar de que los directivos y técnicos del IMSERSO estaban de acuerdo. La segunda batalla fue la de dar clara prioridad a las prestaciones de servicios sociales frente a las prestaciones económicas; debate con evidentes connotaciones de política de género, que en este caso se ganó gracias al empeño de muchas diputadas de la izquierda, socialistas, IU-ICV y ERC y de la presión de los lobbys feministas. La tercera batalla fue la de la suficiencia de la financiación, en la que nos quedamos lejos de lo que hubiera sido necesario y razonable, por culpa de la oposición del Ministerio de Economía y Hacienda.

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