jueves, 19 de octubre de 2017
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Redacción

 Quien va a cuidar de las personas en situación de dependencia

 

Pilar Rodríguez Rodríguez. Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal

Según las últimas estadísticas del IMSERSO, en España hay casi un millón de personas que tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por encontrarse en situación de dependencia. De ellas, el 85% viven en su domicilio y están atendidas fundamentalmente por su familia. Solo un 14% reciben un servicio de atención profesional en el domicilio y un 7% acuden a un centro diurno de atención.

Estos datos son congruentes con el conocimiento existente en cuanto a que las personas que tienen necesidad de apoyos prefieren continuar viviendo en su casa y recibir en ella la atención que necesitan evitando, hasta donde sea posible, verse obligados a trasladarse a una residencia. Pero lo que no conocemos bien es por qué los servicios profesionales domiciliarios que hoy se ofrecen no parecen tener suficiente atractivo para ellas dada su escasa demanda. Necesitamos poder responder a esta pregunta para reorientar la oferta y valorar también si las prestaciones de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y atención a las situaciones de Dependencia son las adecuadas tal como hoy se prestan o hay que realizar los cambios oportunos. Porque de ello depende la respuesta a otra cuestión fundamental: ¿Hasta cuándo las familias (las mujeres) van a poder seguir asumiendo el peso de los cuidados que hoy afrontan?

Lograr que la casa y el propio entorno se conviertan en escenarios preferentes de suministro de apoyos y servicios profesionales no está resultando sencillo. Las personas con necesidad de atención que están en su casa, en general, pueden hacerlo gracias a grandes sacrificios y sobrecarga de las familias cuidadoras, con una presencia muy mayoritaria de las mujeres.

Un conjunto de soluciones y no un único servicio
Eso ocurre en la mayoría de los países (salvo los que tienen más tradición en el desarrollo de servicios profesionales garantizados como derecho) y, desde luego, también sucede en España, pese a tener una Ley que establece un derecho subjetivo a recibir atención cuando se tiene una situación de dependencia. Por eso, en el seno de los países avanzados en políticas sociales se realizan análisis críticos y se buscan alternativas viables que hagan posible vivir en casa mediante una oferta y suministro de servicios de calidad que se complementen con el apoyo familiar y que se adapten a las necesidades de atención de las personas que tienen una situación de fragilidad o dependencia, que sean sostenibles económicamente y que, además, se ajusten realmente a lo que ellas y sus familias desean.
Las recomendaciones de los expertos y de los organismos internacionales pasan por ofrecer un conjunto de soluciones en diferentes ámbitos y no un único servicio: propiciar entornos amigables que incluyan a todas las personas; disponer de viviendas que puedan adaptarse a la situación concreta de la discapacidad y poder reunir, así, condiciones de accesibilidad y bienestar; favorecer la disponibilidad de productos de apoyo, teleasistencia y otras TIC usables, baratas y accesibles a las personas con necesidades funcionales para desenvolverse en su vida diaria.
Por lo que se refiere a la prestación de servicios de atención, hay que revisar de manera crítica los más tradicionales, como es el de Ayuda a Domicilio (SAD), que hasta hace poco había sido visto como piedra angular para la permanencia en casa y evitar institucionalizaciones no necesarias. Se trata de conocer sus insuficiencias y corregirlas planteando las reorientaciones o reformas que sea preciso emprender para desarrollar nuevas vías y soluciones que sean más acordes a una población con necesidades complejas que es cada día más consciente de sus derechos y más exigente en el ejercicio de su autonomía.

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