martes, 16 de enero de 2018
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Julio Ransés Pérez Boga. Presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado.

La economía sumergida es un término que describe a todas aquellas actividades económicas que se ocultan a Hacienda, y que por tanto, no computan ni en las cifras oficiales de la contabilidad nacional, ni en las declaraciones fiscales.

Las actividades ocultas pueden ser tanto legales, en cuyo caso el móvil suele ser el ahorro de impuestos, como ilegales, en las cuales el "leiv motiv" es distanciarse de una sanción penal, a la vez que eludir el pago de impuestos. En el caso de actividades ilícitas, además, se suelen realizar trasvases de la economía sumergida a la declarada a través de lo que se conoce como blanqueo de dinero.

La cuantificación del fenómeno arroja datos mareantes. La Comisión Europea estima que cada año el conjunto de los Veintisiete pierden un billón de euros de recaudación tributaria a causa de la evasión fiscal, una cifra que equivale al producto interior bruto (PIB) de España.

En el caso de España, pese a que no existe ningún estudio oficial, todos los estudios, datos, e informes existentes ponen de manifiesto que, en términos porcentuales sobre el PIB, el fraude se sitúa en una horquilla del 20-25%, lo que supone el doble de los países de la importancia de España en la Unión Europea, sin que se haya reducido sustancialmente en los últimos años, a pesar de las medidas aprobadas.

El Estudio elaborado por la fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) en el año 2011 sobre la Economía Sumergida en España, afirma que ascendió entre los años 2005 y 2008 al 21,5% del PIB, el nivel más alto desde 1980, año que sirve de punto de partida del estudio.

El informe "Closing The European Tax Gap" del Instituto Tax Research, encargado por el Parlamento Europeo para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea, cuantifica la economía sumergida en el 22,5% del PIB nacional, lo que equivaldría a recaudar 72.000 millones de euros más cada año.

Por su parte, un estudio de VISA Europe de mayo de 2013 sitúa el porcentaje de economía sumergida en España a finales del año 2012 en el 19,2% del PIB.

La conclusión es que estamos en presencia de un fenómeno de gran dimensión, que en estos momentos de crisis nos está hurtando aproximadamente una cuarta parte de la recaudación que podríamos tener.

Fallos en la actual lucha contra el fraude

La institución responsable de perseguir el fraude fiscal en España es la Agencia Tributaria, pero pese a sus esfuerzos, los resultados son desalentadores.

Según un estudio realizado por la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, durante el quinquenio 2005-2011 se aprobaron más de 500 medidas de lucha contra el fraude. Según una nota de prensa de la AEAT, durante dicho periodo se han recuperado 55.833 millones de euros, lo que representa una media de 8.000 millones anuales. Si la economía sumergida representa el 20-25% del PIB (es decir, más de 200.000 millones) a lo que habría que sumarle el porcentaje de fraude fiscal en las declaraciones, podemos afirmar que solamente se ha descubierto y regularizado en los últimos años un porcentaje pequeño de las cuotas defraudadas, por lo que no se puede hablar de éxito en la actuación.

El defraudador, a la hora de decidir no pagar impuestos, valora conjuntamente cuatro circunstancias: la posibilidad de ser descubierto, las sanciones que se le pueden imponer en dicho supuesto, el grado de ahorro que obtiene de la defraudación y la posibilidad de que su conducta quede impune, por amnistía u otra circunstancia similar.

Respecto de la primera circunstancia, si no existe posibilidad de ser descubierto, o esta es mínima, será un aliciente para seguir adelante con su conducta. Sin embargo, no defraudará si sabe que su conducta va a ser detectada de forma automática por la Administración.

Esa posibilidad de ser descubierto está en función directa de la información que tenga la Administración Tributaria, de los planes de actuación, de los medios humanos y materiales empleados, y de la posibilidad de combatir los instrumentos o mecanismos utilizados para defraudar como, por ejemplo, la utilización de dinero en efectivo, paraísos fiscales, testaferros, facturas falsas, u operaciones de ingeniería fiscal.

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