jueves, 19 de octubre de 2017
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Manuel Arenilla Sáez. Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid

Los procesos de reforma que se vienen realizando en la Administración española en las últimas décadas se caracterizan por buscar, al menos nominalmente, la eficacia y la eficiencia.

Los diversos planes de reforma, calidad o modernización contemplan una serie de medidas que se encaminan a simplificar los trámites administrativos, a mejorar la información administrativa con el ciudadano y a lograr que los empleados públicos estén mejor formados y motivados. Para lograrlo se han importado diversas técnicas e instrumentos procedentes del sector privado. Algunos han mostrado su eficacia y otros, no. En este caso se ha insistido en su aplicación al mantenerse que lo que funciona en el sector comercial debe hacerlo también en el sector público.

Las reformas también han alcanzado al diseño de las organizaciones y a los procedimientos de gestión. La teoría del principal-agente ha reforzado nuestra tradicional tendencia a resolver los problemas creando organizaciones y a prestar los servicios mediante aparato propio, sin recurrir a los mecanismos de cooperación. El resultado es el de una expansión fabulosa de las personificaciones instrumentales en todos los niveles territoriales, en especial de aquellas más alejadas del derecho público. La externalización de servicios y el recurso a la colaboración con el sector privado ha tenido éxito en algunos aspectos de la función de mantenimiento (limpieza, seguridad?) y en determinados servicios públicos, especialmente en aquellos donde existía concurrencia con la Administración (educación, sanidad, atención social). Sin embargo, nuestro nivel de externalización es bajo si los comparamos con los principales países de la OCDE.

Nuestra Administración aparece como un conjunto de capas de sedimentación de diversas épocas que yacen sobre una sólida teoría burocrática no evolucionada. Además, las importantes transformaciones de la Administración española no han alterado el reparto de poder existente en ella o, al menos, no lo ha hecho al mismo ritmo de los cambios que se han producido en la sociedad. Nuestro bloque político-administrativo se define por su inmovilismo adornado por una serie de rasgos de modernidad. Este diagnóstico ha justificado las aproximaciones neogerencialistas. Se reconoce la culpa de no ser eficiente y se expía en las soluciones del sector comercial; como esto no suele funcionar según lo esperado se suele insistir en la culpa y, finalmente, en la imposibilidad de reformar la Administración. El resultado es un distanciamiento cada vez mayor de la sociedad.

Cuando se produce una crisis como la actual, se adoptan una serie de medidas basadas en el ajuste o recorte de urgencia que, sin embargo, no alteran esencialmente la estructura de los recursos, las prioridades, ni los fundamentos culturales de la Administración. Esta parece que se reduce, pero en realidad se contrae a la espera de que la enorme fuerza que hay que hacer para reducirla se relaje y así vuelva el "muelle" con más o menos rapidez a su posición inicial. Esto sucedió en la crisis de los pasados 90 en los que, tras la recuperación económica, la Administración experimentó un crecimiento sin precedentes.

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