sábado, 21 de octubre de 2017
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Juan Alfonso Santamaría Pastor. Catedrático de Derecho Administrativo (UCM)

La reforma de la Administración es un tema perenne. Comenzó a hablarse de él seriamente tras la finalización de la segunda guerra mundial, y vuelve a la actualidad, de modo irregular, cada pocos años; lo cual -se dice- es una prueba concluyente de que dicha reforma no se ha realizado, o no quiere realmente realizarse.

Este sentimiento de insatisfacción trae causa, quizá, del hecho de que la reforma administrativa y sus fines últimos se ven con ojos muy distintos según se piense sobre ellos desde dentro o desde fuera de las propias Administraciones. Hasta épocas muy recientes, la necesidad de la reforma ha sido objeto de una reflexión surgida en el seno de las Administraciones y sus preocupaciones y objetivos se han centrado prioritariamente en la búsqueda de la eficacia, en la modernización y automatización de los procesos, y en la optimización del uso de los recursos.

No sería lícito negar que este planteamiento ha dado frutos: quienes hemos vivido la mayor parte de nuestra vida dentro o muy próximos a las Administraciones podemos dar fe de los espectaculares cambios que éstas han experimentado; y para bien. El problema es que la óptica que hoy se ha impuesto es totalmente diversa, porque la necesidad de reforma se contempla desde fuera; desde los requerimientos de la sociedad civil, como suele decirse.

En efecto. La pavorosa crisis que planea sobre todas las economías del planeta desde la catástrofe financiera de 2008, ha puesto en primer plano una incómoda evidencia que, sin embargo, nadie parece querer mirar de frente: que los Estados nacionales no son económicamente sostenibles, y menos aún aquéllos que históricamente han asumido los principios del Estado de bienestar. Dicho con mayor claridad: el volumen de gasto asumido por los Estados, para la financiación de los múltiples servicios que se ha obligado a prestar, es superior al volumen de los recursos que puede extraer de sus economías vía impuestos; y este decalage se acentúa en las fases en las que la recesión económica provoca un acusado descenso de la recaudación fiscal.

Tenemos un Estado que los españoles no podemos pagar

Los números cantan. Hasta finales de los años ochenta, la deuda pública emitida por las Administraciones españolas casi no superaba la cifra de 100.000 millones de euros; desde 1996 a 2008 se mantuvo estable (aunque ya situada en la respetable cifra de 400.000 millones); y desde 2008 hasta hoy ha emprendido una escalada imparable, que hace desgraciadamente posible que, en el curso del presente año, llegue a superar el billón de euros: diez veces más (o, si se prefiere, el 100% del PIB), y una parte importante de ella asumida a tipos de interés muy elevados.

Sencillamente, tenemos un Estado y un nivel de servicios públicos que los españoles no podemos pagar. De ahí que la reforma administrativa deba plantearse, frontalmente y de una vez por todas, como un proceso de reducción drástica del nivel de gasto de las Administraciones; lo cual supone, guste o no, que el tamaño de estas Administraciones ha de disminuir de forma muy sensible. Porque si las Administraciones no se deciden a reducir sus estructuras, no tardará en llegar el momento en el que los mercados dejarán de prestar, cuando sea notorio que los Estados no puedan hacer frente a la amortización de su deuda. Y entonces?

¿Por dónde comenzar a reducir? Nadie tiene, obviamente, la fórmula mágica. Pero, sea cual sea el plan más adecuado y eficaz, hay un foco primordial de atención, bien conocido y debatido en los medios en los últimos tiempos, y en el que centraré mi atención. Me refiero a los costes de personal, que son los de mayor volumen en los presupuestos de gastos de las Administraciones Públicas y que, por otra parte, tienen un peso considerable en los dos servicios a su vez más costosos de todos cuantos éstas realizan; me refiero, por supuesto, a la sanidad y a la educación.

Los datos que más frecuentemente se manejan son los relativos al número total de empleados públicos y a su fuerte crecimiento. De forma muy sintética, y según la información que ofrece el Registro Central de Personal, recordemos que, en 1987, las Administraciones españolas sumaban un total de 1.869.200 empleados públicos; y que, en 2011, su cifra casi se dobló, alcanzando el nivel récord de 3.136.100 personas (aunque descendió levemente en 2012: 2.917.200): un empleado público por cada 13,3 ciudadanos o, si se prefiere, un 21 % de la población activa.

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