sábado, 21 de octubre de 2017
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< ver número completo: La Reforma de la Administración I
Redacción

Propuesta para la reforma de la Administración

Miguel Córdoba Bueno. Profesor de Economía Financiera. Universidad CEU-San Pablo

En la presente legislatura, pocos temas han sido tan manidos como la necesidad de reformar las Administraciones Públicas. Todos los políticos, e incluso los que no lo son, están de acuerdo en que es preciso reducir el gasto público, evitar duplicidades, lograr un uso más eficiente de un dinero público escaso, pero no acaban de concretar cómo van a hacerlo, ni se ponen en marcha para lograrlo.

El problema probablemente viene de la etapa de la Transición, cuando se crearon diecisiete Comunidades Autónomas (CCAA), algunas de ellas innecesarias, que durante las tres últimas décadas han incrementado de forma muy notable su ámbito competencial, y que amparadas en la bonanza económica y el crédito que llegaba de las cajas de ahorros regionales de forma ilimitada, aumentaron de forma totalmente injustificada su sector público por diferentes vías: aumento de funcionarios, creación de puestos de asesores, aumento de los gastos corrientes, e incluso a través de la creación de empresas públicas, sociedades, fundaciones y consorcios, que permiten que se coloquen discrecionalmente a determinadas personas sin que se haga mucho ruido.

Además, con el modelo actual, las CCAA se han convertido en réplicas del Estado. Los diferentes organismos que comportan la burocracia estatal han sido multiplicados por diecisiete. Se han llegado a crear numerosas Delegaciones de las CCAA en las provincias, ante el Gobierno de la Nación, o lo que es más grave en el extranjero (las llamadas "embajadas"). El mercado español se ha fragmentado en diecisiete mercados autonómicos cada uno con sus propias normas relativas a horarios, etiquetados, distribución, etc. Las licencias concedidas por una Comunidad no valen en otras, no se contrata conjuntamente equipamiento médico aprovechando las ventajas de la economía de escala, etc. Por no entrar en la pretensión de que cada provincia tenga una universidad y un aeropuerto, o cada CCAA una televisión, todo lo cual es inviable desde un punto de vista económico.

Ante este panorama, es necesario realizar propuestas concretas para reformar las Administraciones Públicas, algunas de las cuales a modo de ensayo se proponen a continuación:

Reducción de la dimensión de las Administraciones Públicas

En el ámbito local, en España existen en la actualidad 8.114 municipios. El 80% de ellos tiene menos de 5.000 habitantes. En muchos, hay unos pocos cientos que se distribuyen en zonas de montaña y pedanías. Los servicios de esos ayuntamientos, sin apenas capacidad recaudatoria, dependen de las transferencias de las Diputaciones y las CCAA, y los ayuntamientos pequeños se ven obligados a compartir un administrativo que va por horas recorriendo varios municipios a lo largo de la semana.

En el año 2010, Grecia, afectada por una severa crisis, tomó la decisión de reducir en dos tercios el número de ayuntamientos, que pasaron de 1.034 a 355, con una estimación de reducción de gasto de 1.185 millones de euros anuales, lo cual traducido a España, podría significar una cuantía cercana a los 10.000 millones de euros. En el mismo plan griego, se reducían los cargos políticos municipales a la mitad. Reducir los 8.114 ayuntamientos a 2.000, que podrían identificarse en muchos casos con comarcas geográficas, y con un mínimo estimativo de 10.000 habitantes por municipio, supondría una considerable reducción de gastos y de cargos públicos, y lo que eso conlleva: disminución de dietas, de coches oficiales en su caso, de gastos de viajes, comidas, catering, etc.

En lo que respecta a las Diputaciones Provinciales, Mancomunidades, y demás, realmente no tenemos muy claro para qué sirven, aparte de poder colocar a políticos en puestos relevantes. Pensamos que con las CCAA sería suficiente para estructurar el mapa municipal resultante de la agregación de municipios a la que antes nos hemos referido.

Las medidas anteriores supondrían la liberación de muchos edificios públicos, que podrían ser objeto de venta, con la consiguiente rebaja de presión para los actualmente elevados déficits municipales.

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