Emilio Olabarria. Diputado del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV.
Es difícil encontrar una materia que se reforme de manera más recurrente que la relativa a la estructura de la Administración Pública. Pasa como con la educación o el derecho punitivo, y otros, en los que cada Gobierno parece querer dejar la impronta de su decurrir por esos ámbitos.
Sin embargo esta última, anunciada recientemente por el presidente y la Vicepresidenta del Gobierno español, no parece tener la dimensión ordinaria de reformas anteriores, al incardinarse en el seno de las grandes reformas estructurales con las que de forma tan recurrente el Gobierno del Estado español nos promete que nos va a liberar de la crisis. De forma tan recurrente como infructuosa.
No solo esto, sino que el anuncio de que el sentido ontológico de la reforma se funda en la necesidad de evitar duplicidades a los que representamos las sensibilidades de los nacionalismos periféricos nos pone automáticamente en guardia. Ninguno de los partidos que gobiernan o tienen vocación de hacerlo en el Estado español, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, pretenden remover las duplicidades desde una perspectiva garante de un mejor funcionamiento administrativo sino desde la perspectiva de potenciación de las estructuras de la Administración General del Estado y limitación de las estructuras de las administraciones autonómicas. Siempre ha sido así y la que se nos anuncia va a ser así con particular brutalidad.
Se maneja el prejuicio, tan doloso como falso, de que una de las causas del abultado déficit, de la abultada deuda, y de múltiples problemas económicos del Estado gravitan sobre la existencia de diecisiete Comunidades Autónomas que pretendidamente ostentan importantes competencias que, de forma a veces grosera y a veces más sutil, se insinúa que las gestionan mal. Lo anterior es manifiestamente incierto; quien gestiona mal es fundamentalmente la Administración General del Estado y esta sí que está desmesuradamente sobredimensionada.
Si se establece la correlación entre los órganos administrativos, organismos autónomos, órganos constitucionales, entidades gestoras, sociedades públicas, reales academias, y otras instituciones que configuran ese Gran Leviatán que conforma la administración central, con los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, la desproporción sería de 31 organismos de ámbito estatal por uno de ámbito autonómico y medio de ámbito local. Aquí tiene el Presidente del Gobierno del Estado español dónde recortar. Y en esta fronda también puede podar cuantas duplicidades quiera.
