Alfonso Utrilla de la Hoz. Doctor en ciencias Económicas y empresariales por la Universidad Complutense de Madrid
La amplitud y alcance del proceso de descentralización llevado a cabo en nuestro país en los últimos treinta años presenta una especial incidencia en la delimitación y distribución de competencias del conjunto del sector público y en la configuración de la hacienda autonómica y local.
En general, el funcionamiento de las comunidades autónomas, desde la perspectiva presupuestaria y fiscal, está sujeto al cumplimiento de una serie de principios inspiradores del proceso diseñado, reflejados implícita o explícitamente en la propia Constitución y en el conjunto de normas legales de distingo rango que desarrollan estos aspectos, y que se pueden concretar en los de autonomía, suficiencia, solidaridad y coordinación.
El alto grado de descentralización, el desarrollo de las políticas de gasto y las carencias del sistema de financiación han expuesto a las cuentas regionales a una gran vulnerabilidad frente a la aguda crisis económica que padecemos, con repercusiones en la sostenibilidad nacional de las finanzas públicas.
Definido y consolidado el marco competencial de las funciones atribuidas a las comunidades autónomas, similar al de otros estados federales, el modelo de financiación autonómica tiene como objetivo fundamental garantizar la financiación de las competencias regionales, especialmente de las transferidas por el Estado. La suficiencia financiera constituye así el elemento central para evaluar su funcionamiento en términos dinámicos.
El modelo actualmente vigente tenía como objetivo explícito reforzar la autonomía tributaria de las regiones, manteniendo una nivelación total de los servicios públicos fundamentales. Los aspectos más relevantes de este modelo se centraban en una financiación más basada en la capacidad tributaria de las regiones, compatible con un doble sistema de nivelación -horizontal y vertical-, que se complementaba con fondos específicos destinados, por un lado, a reforzar la solidaridad y, por otro, a garantizar que las regiones con mayor capacidad fiscal contasen con mayor financiación.
