martes, 22 de agosto de 2017
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< ver número completo: La Reforma de la Administración II
Redacción

Fines y omisiones de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local

Javier Burón Cuadrado. Letrado

Una vez aprobada la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) se puede decir sin temor a equivocarse que es una de las normas que más oposición han provocado en el sector al que va dirigido.

Es casi imposible encontrar a nadie que la apoye en público, más allá del equipo técnico que la ha redactado y el ministerial que la ha impuesto. Es posible, aunque no seguro, que la norma satisfaga a la Troika. Pero lo que es indiscutible es que esta ley cuenta con la frontal oposición pública de todo el arco político, oficialmente a excepción del PP. Los alcaldes y alcaldesas (incluidos la gran mayoría del PP) se oponen a una norma que no da instrumentos a los ayuntamientos, que les culpa de cuestiones que no son de su responsabilidad y que, de aplicarse al pie de la letra, les resta muchas posibilidades de actuación en el futuro, si es que esta ley consigue pasar el filtro del Tribunal Constitucional (cosa complicada habida cuenta de sus múltiples taras de inconstitucionalidad). Todo ello a meses de las próximas elecciones locales y con los partidos con severas dificultades para conseguir hacer listas de candidatos en estos tiempos de recortes.

Partamos de su génesis, para comprender el punto al que hemos llegado. La Troika considera que para poder devolver la deuda contraída con el exterior, la mayor parte de ella privada, España debe recortar el gasto público. Para ello nos exigen meter mano a las grandes partidas de gasto público (educación, sanidad, pensiones, seguro de desempleo, gasto social, inversión pública, etc.) Y junto con lo anterior nos piden que aligeremos nuestra estructura institucional. Se da la paradoja de que solo se pide recortar en lo público para pagar deuda mayoritariamente privada. Y la paradoja aún mayor de que se pide la reducción de nuestra estructura pública, cuando la misma, en términos de empleo y gasto público, está por debajo de la media de la UE. Pero aún es mucho más paradójico que el Gobierno de la Nación traduzca la exigencia de la Troika en una "reforma bulldozer" de lo local, ámbito de gobierno y administración infinitamente menos endeudado que el autonómico o el estatal.

Sea como fuere, tenemos encima de la mesa una reforma de lo local que lo que pretende, de forma casi indisimulada, es retirar competencias, ingresos y gasto público a los ayuntamientos y mancomunidades para dárselo a las diputaciones y que estas a su vez externalicen su gestión en grandes licitaciones de contratos de gestión de servicios públicos. A esta línea de pensamiento, casi mágico, se le oponen dos evidencias científicas inapelables.

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