Carlos Gómez Bahillo. Director del Departamento de Sociología y Psicología de la Universidad de Zaragoza. Decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Aragón
En la actualidad, con el término Administración pública se designa al conjunto de procedimientos, mecanismos y formas sociales por medio de las cuales el Estado gestiona y administra bienes y servicios públicos, reglamenta la actividad económica privada y contribuye, a través de la política económica, al funcionamiento del mercado.
La Administración pública se ha ido adaptando al contexto y exigencias de los estados democráticos y de las sociedades del bienestar. El Estado ha pasado de garantizar y proteger unos derechos y exigir unas obligaciones individuales, a gestionar unos servicios y bienes públicos, que requieren enormes previsiones presupuestarias y grandes recursos humanos.
La intervención del Estado en la sociedad civil afecta a múltiples ámbitos de la vida de los ciudadanos, y la complejidad de la vida moderna exige respuestas eficaces y rápidas por parte del poder, para la solución o prevención de una diversidad de problemas políticos, económicos y sociales. En las sociedades de bienestar, el Estado, a través de sus administraciones, se ha convertido en gestor de una amplia variedad de servicios que requieren, en muchas ocasiones, actuaciones e intervenciones muy complejas, las cuales se tienen que prestar tanto en contextos expansivos del ciclo económico como en épocas de restricción, en las que las demandas ciudadanas resultan mayores.
De una Administración centralizada se ha pasado a una relacional
La reconversión de la Administración en una organización prestadora de bienes y servicios afecta a la misma concepción de la noción de servicio y de su beneficiario, así como a la estrategia organizativa para poder cumplir con dicha función. La Administración centra su actividad en el resultado final de su acción, es decir, en la prestación del servicio de forma eficaz y eficiente, lo que únicamente es posible mediante unidades flexibles y dinámicas, adaptables a los cambios del entorno y a las demandas y necesidades de los ciudadanos.
De una Administración centralizada y neutral se ha pasado a una administración relacional, competitiva, receptiva y responsable respecto a las demandas de la sociedad civil y a las exigencias y necesidades de sus ciudadanos y, para ello debe fomentar la participación activa del ciudadano como persona individual y como miembro de asociaciones, grupos de intereses, etc.
En las sociedades desarrolladas, la Administración pública está, en primer lugar, fuertemente cuestionada como centro de definición del interés general de la sociedad, también está cuestionada como organización eficiente y como organización eficaz en la prestación de servicios de calidad a sus clientes.
En segundo lugar, ha perdido sus límites tradicionales, siendo una organización difusa; así se han desarrollado enormemente sus líneas de colaboración con las empresas públicas y privadas y las organizaciones no gubernamentales (?); finalmente, se enfrenta a procesos de descentralización territorial e internacionalización, con la consiguiente creación de nuevos gobiernos intermedios hacia dentro, mientras, hacia fuera, pierde capacidad de toma de decisiones autónomas con el desarrollo de diferentes órganos internacionales o la revitalización de los anteriormente existentes.
