sábado, 16 de diciembre de 2017
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Redacción

El CCP en el proceso de privatizaciones

Luis Gámir. Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones

El Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) se creó en junio de 1996 y desde entonces hasta finales de 2014 ha analizado casi 90 operaciones de privatización en las que se han privatizado 75 empresas e ingresado 50 mil millones de euros en términos actuales (34 mil millones en términos corrientes). Estas cifras se pueden ver incrementadas próximamente con operaciones como las de AENA o CESCE.

Algo más del 70% de los ingresos se han obtenido en las 13 Ofertas Públicas de Venta (OPVs) realizadas, procedimiento por el que se han privatizado las empresas de mayor tamaño. En los años 1997 y 1998 se concentraron las mayores operaciones de este tipo alcanzando los ingresos por privatizaciones cifras superiores al 2% del PIB. En los últimos años se ha producido la venta de un buen número de empresas aunque de dimensión bastante más reducida por lo que su incidencia en las grandes cifras es limitada.

Desde los años ochenta el proceso de privatización de empresas ha afectado, en distinto grado, a prácticamente todos los países de la OCDE. El inicio de este proceso en España tiene su origen en la privatización, a partir sobre todo de 1984, de las empresas procedentes de la nacionalización de Rumasa el año anterior. A continuación, las privatizaciones alcanzan a grandes empresas industriales en crisis incluidas en el antiguo INI, como SEAT o ENASA, y a finales de los ochenta se realizan las primeras grandes OPVS de empresas como Repsol, Endesa o Telefónica, en estos últimos casos, manteniendo el Estado un porcentaje de acciones suficiente para seguir ejerciendo el control.

Desde 1996 comienza un nuevo periodo para las privatizaciones en España, ya que se aprueba un programa de privatizaciones explícito que introduce al menos tres novedades importantes. En primer lugar, el objetivo de privatizar todas aquellas empresas públicas cuya presencia en el sector público no tuviera una especial justificación, lo cual suponía que la mayor parte de las empresas industriales o comerciales que pertenecían al sector público estaban abocadas a ser privatizadas. En segundo lugar, la voluntad de privatizar el 100% del capital de tales empresas, es decir, que a partir de entonces el objetivo sería el traspaso de la gestión al sector privado a través de la salida total del sector público del capital, a diferencia de lo que ocurría anteriormente en las grandes empresas públicas. En tercer lugar, se reforzaba el sistema de garantías y de control de las privatizaciones con el objetivo de que estas operaciones se adaptaran a una serie de principios entre los que se encontraban los de transparencia, concurrencia y publicidad.

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