Nicolas Dalalande. La vie des Idées
Entrevistado par Nicolas Delalande para la Vie des Idèes, el 27 de febrero de 2012, Anastassios Anastassiadis explica de dónde vienen las dificultades fiscales del Estado griego, pone en evidencia el papel de las desigualdades y arroja nueva luz sobre que ahora está ocurriendo en el país.
A fin de facilitar la lectura de esta versión en castellano, ha sido suprimida la última pregunta referida a la situación política griega, que se refiere a hechos que tuvieron lugar hace tres años. Versión íntegra en francés en http://www.laviedesidees.fr/La-Grece-dans-l-Union-europeenne.html
La Vie des Idées: Parece que el Estado griego ha tenido grandes dificultades a la hora de recaudar impuestos ¿Tiene este fenómeno orígenes históricos?
Anastassios Anastassiadis: Como ya he mencionado en alguna ocasión, el Estado griego es de hecho una antigua provincia otomana independizada. En tal sentido, su sistema fiscal y su régimen financiero se inscriben en la lógica otomana. En el ámbito jurídico, el derecho islámico se imbrica con el derecho consuetudinario y también, para los cristianos, con el derecho eclesiástico bizantino. A su llegada, la monarquía bávara emprendió la modernización del régimen de propiedad de la tierra (mediante la abolición de la "mano muerta", la redistribución de tierras y la creación de un catastro) y de la esfera económica (introducción del código comercial napoleónico). Sus esfuerzos se interrumpieron con la bancarrota de 1843. Así ocurrió con el catastro (que no se relanzó hasta hace aún poco años, en el marco de la Unión europea), el fondo destinado a financiar la formación del clero, la enseñanza primaria e incluso el código civil, que no fue promulgado hasta el siglo XX. De hecho, los esfuerzos de modernización y de centralización fiscal de los bávaros encontraron enormes resistencias del poder local. Así, una serie de prácticas otomanas persistieron a lo largo de todo el siglo XIX.
En particular, en lo que concierne a la fiscalidad, hay que tener en cuenta que la estructura económica griega está determinada por el peso de la agricultura. Y la otra actividad importante es el comercio. Como ha demostrado el historiador Georges Dertilis, el marco institucional griego del siglo XIX favoreció fiscalmente estos ámbitos. La instauración del parlamentarismo democrático benefició a los agricultores, que obtienen al mismo tiempo tierras y beneficios fiscales. Contrariamente a muchas trayectorias de desarrollo estatal, en Grecia la pequeña propiedad agrícola sale muy bien parada y no se deja absorber por la gran propiedad, como en otros países europeos. Así, Grecia forma parte de los raros Estados en los que no ha habido ni éxodo rural masivo, que proveía de mano de obra abundante a la industrialización naciente, ni grandes revueltas de campesinos desposeídos y reducidos a la pauperización. Simultáneamente, las ventajas fiscales de los agricultores no fueron compensadas por un incremento de las cargas a los profesionales liberales, que constituían el otro gran grupo de influencia, casi desproporcionada, (todavía hoy) en la representación política. Basta ver lo difícil que resulta para los gobernantes la liberalización del acceso a la abogacía, la ingeniería o la arquitectura, mientras realizan espectaculares recortes de las pensiones.
Incluso tras la implantación del impuesto sobre la renta en 1910, el Estado griego optó por las tasas indirectas a la hora de buscar nuevos recursos. Cosa que en gran medida se explica por la dificultad de lograr un impuesto verdaderamente eficaz, hecho que se deriva de la propia estructura económica griega. Efectivos pletóricos de profesionales liberales (el número de abogados, ingenieros, médicos, dentistas y también de fontaneros o de propietarios de taxis por habitante es excepcional), dominio de la pequeña propiedad agrícola, la pequeña empresa familiar o el pequeño comercio (también de asalariados no declarados -habitualmente emigrantes- en el turismo) han debilitado considerablemente la mano de obra asalariada. El control de las rentas de estas profesiones es muy aleatorio y complejo, incluso en nuestros días. En 2010, los cerca de 4 millones 400.000 asalariados y jubilados griegos declararon por término medio 17.000 euros de ingresos anuales, mientras los 379.000 profesionales liberales declararon una media de 11.500 euros (el límite impositivo está fijado en 12.000 euros de ingresos anuales) y la palma se la llevan el millón de agricultores, con 1.500 euros de ingresos de media declarados. A este propósito, no resulta sorprendente que el Estado griego, presionado por la crisis, recuperara la vieja receta del "derecho de patente" para incrementar las sumas percibidas sobre los ingresos de los profesionales. El peso de la economía informal (especialmente en los servicios) hace disminuir los ingresos fiscales, que se sustentan sobre todo en los asalariados y los jubilados; es decir, en quienes sus ingresos dependen a fin de cuentas del Estado, del sector mixto o de sectores que trabajan para el Estado, como los bancos o grandes empresas privadas.
En el período de entreguerras, fue el consumo quien soportó lo esencial de la presión fiscal. Las clases urbanas fueron las primeras afectadas ya que no podían contar ni con ingresos suficientes ni con el autoconsumo. Cada vez que había necesidad de dinero para financiar una medida estatal, el Estado griego instauraba un nuevo impuesto indirecto (un timbre fiscal sobre algunas transacciones para construir juzgados, una tasa sobre la cera para pagar los salarios y las jubilaciones de los sacerdotes, una tasa sobre los billetes de barco para las pensiones de los marineros, etc.) Más que afrontar los problemas de recaudación del impuesto sobre la renta y las cuestiones sociales, se fueron amontonando tasas que acaban recayendo sobre los consumidores. La instauración del IVA, en 1987, que no estuvo acompañada de ninguna bajada notable de otros impuestos, fue en este sentido un momento antológico.
La bajada de los impuestos indirectos constituye uno de los grandes desafíos para las actuales reformas, sobre todo cuando los ingresos de los asalariados y los pensionistas (sobre los que gravitan en primer término) sufren dramáticos recortes desde hace años. Se podría creer que, con la bajada de los salarios y el previsible retroceso del consumo, los precios recularían a pesar del alza de las tasas (esta ha sido en cualquier caso la apuesta de la troika). Nada de esto ha ocurrido, lo que demuestra el poder de las profesiones cerradas a la concurrencia para impedir cualquier bajada de precios, así como el carácter fuertemente oligopólico del mercado griego. Los ingresos del Estado no han aumentado, los hogares han reaccionado a la bajada de sus ingresos y el mantenimiento de los precios con una disminución de las compras, mientras las profesiones industriales y comerciales han reaccionado a la bajada de sus ventas con una "resistencia" creciente al pago de impuestos. Los ingresos de los impuestos directos e indirectos han caído, arrastrando al país a la espiral de depresión que sufre desde hace tiempo.
Resulta evidente que situación actual cuestiona un pacto fiscal, cuyos orígenes se remontan a finales del XIX, que favorece a las profesiones industriales, comerciales y liberales, de una parte, y a los agricultores de otra, protegiendo los ingresos de los primeros (sin controlarlos) y favoreciendo la fiscalidad de la tierra de los segundos. Conviene desplazar la carga fiscal de los asalariados hacia las diversas profesiones, mejorando la recaudación de impuestos, disminuyendo las tasas sobre el consumo, incrementando los impuestos sobre la propiedad de la tierra y las rentas no asalariadas, y eliminando los vacíos fiscales que se han ido creando a lo largo de la transformación socio-económica de Grecia.
