Dos acuerdos de libre comercio están actualmente sobre la mesa: el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) -entre la Unión Europea y Estados Unidos- y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), entre la UE y Canadá. El CETA ya está firmado pero todavía no ratificado, y el acuerdo con los Estados Unidos está negociándose. Si estos acuerdos se aplican, constituirán un cataclismo para nuestras sociedades.
Como acuerdos de libre comercio que son, los tratados pretenden lograr el más alto nivel de la liberalización del comercio internacional, es decir una liberalización generalizada de las actividades económicas. Con ellos, todos los operadores económicos entrarán en competencia, cualesquiera sean sus actividades, proveedores o no de servicios públicos, y más allá de las consecuencias sociales que tal cosa pueda desencadenar.
Ambos acuerdos pretenden conseguir que las normas internas, es decir, las decisiones públicas que toman los Estados, las comunidades autónomas y los municipios, no sean un obstáculo para el comercio. Y, para que no lo sean, establecen dos mecanismos: el Mecanismo de Disputa Inversionista-Estado, (Investor-State Dispute Settlement (ISDS), y el de convergencia reglamentaria. El Mecanismo de disputa permite a una empresa denunciar una reglamentación pública de cualquier nivel que tenga consecuencias negativas sobre sus beneficios económicos esperados. Esta denuncia irá a un órgano internacional de arbitraje privado. Este órgano de arbitraje se presenta como un tribunal pero no lo es. Está compuesto por abogados que pertenecen a las mayores empresas del sector y que, como abogados, se venden al mejor postor: un día trabajando para una empresa, el otro para otra. No se sienten atañidos por conflictos de interés. Y son ellos los que establecerán las compensaciones a pagar por los Estados si una decisión pública va contra las ganancias de las multinacionales.
A merced de los grupos de interés
El mecanismo de convergencia reglamentaria prevé la creación de un comité de expertos funcionarios, de ambos lados del Atlántico que pedirá a las empresas su opinión sobre las propuestas hechas por un Estado que afecten al comercio. Así, las compañías decidirán, antes de que se inicie cualquier debate público, si las normas salen adelante o no. Por ejemplo, si en el futuro la Comisión Europea decide finalmente regular la presencia de disruptores endocrinos en los plásticos, lo haría a través del Comité de Cooperación Regulatoria, que pediría la opinión de las empresas del otro lado del Atlántico, que producen los disruptores endocrinos.
Además, a fin de ser aceptados por el Comité de Cooperación Regulatoria, los futuros reglamentos se fundamentan formalmente en el conocimiento científico reconocido por ambos lados del Atlántico. Pero, por ejemplo, sabemos que los genéticos, como el gas de esquisto (fracking) no se reconocen unánimemente como dañinos, especialmente por los científicos mercenarios de la industria.
Los políticos dicen que los tratados van a aumentar la riqueza. Es una muy antigua creencia: los beneficios de ahora serán las inversiones de mañana y los empleos de pasado mañana. Pero las cosas no funcionan así desde hace al menos 30 años, ya que como estamos viendo puede haber ganancias y desempleo al mismo tiempo. Hay ejemplos en todos los países.
La segunda razón, que desde mi punto de vista es la más importante, es la acción ejercida por los grupos de presión empujados, claro está, por intereses privados. Los hay muy fuertes y que piden este tratado desde hace años, como el Trans-Atlantic Business Council (TABC), que representa a las grandes empresas de servicios de ambos lados del Atlántico; la Cámara de Comercio de los EE UU y de la UE; las cámaras de comercio internacionales, European Services Forum (ESF), un lobby de 80 empresas del sector servicios en Europa, Business Europe, organización patronal que representa 40 organizaciones de 34 países (entre ellas la CEOE), etc. Esa es la razón principal en una Unión Europea que escucha grupos de presión empresariales, al igual que en Canadá y en los Estados Unidos. En las instituciones de la UE, como en las de los Estados miembros, los políticos elegidos, los administradores y los líderes empresariales son los mismos.
