jueves, 21 de septiembre de 2017
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< ver número completo: LA CRISIS ENERGÉTICA EN EUROPA
Redacción

Por una energía soberana, sostenible y democrática

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Paloma López Bermejo. Eurodiputada por Izquierda Unida-Izquierda Plural (GUE/NGL)

La UE recurre a la energía importada para abastecerse de más de la mitad de su consumo, un volumen colosal que representa, en valor, una quinta parte de las importaciones del continente. La Comisión Juncker ha hecho, en consecuencia, de la "seguridad" del suministro uno de los leitmotif de su política energética, apostando por el desarrollo de nuevos gasoductos y terminales de gas licuado a la vez que se facilitan las importaciones de carbón y petróleo de fuentes cada vez más remotas.

La política de vecindad, de la creciente hostilidad con Rusia hasta el apoyo ofrecido a dictaduras como la de Qatar, es una de las principales víctimas del cruce de intereses geoestratégicos y energéticos, en los que la UE demuestra una visión comercial de muy corto alcance. Y es que a la dudosa viabilidad económica de las nuevas infraestructuras gasísticas se añade la oposición a las nuevas fronteras de la explotación fósil.

No debemos olvidar que el Parlamento Europeo votó en contra de la propuesta de la Comisión para facilitar la importación de arenas bituminosas canadienses: una oposición que resurgirá, con toda probabilidad, en el voto del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA). Y cabe esperar que la misma oposición a la importación de gases de esquisto impida la consecución de un capítulo energético "ambicioso" como el que exige la UE a sus contrapartes americanas en el TTIP. Sorprende que mientras la UE deja morir las explotaciones europeas de combustibles fósiles tradicionales como el carbón (que languidecen por la falta de ayudas a la producción y de compromisos vinculantes para su uso en la generación eléctrica), se insista en promover importaciones que multiplican sus costes ambientales y sociales: basta comprobar las condiciones laborales de la minería del carbón en países como Indonesia, Suráfrica o Colombia.

En cualquier caso, la obsesión con la "seguridad" energética no resuelve el problema de la dependencia. La falta de soberanía energética es fuente de una gran vulnerabilidad económica, especialmente en aquellos estados europeos periféricos cuya base productiva, débil y poco diversificada, les obliga a destinar una parte creciente de sus exportaciones a la financiación del déficit energético. Y también convierte a la Unión Europea en un enorme depredador de recursos globales y muy especialmente, recursos fósiles, lo que evidencia la grave injusticia global e intergeneracional del modelo de desarrollo europeo.

Son evidentes los abusos oligopolísticos

En este sentido, el desarrollo de los recursos energéticos locales (renovables y, de manera transicional, los fósiles tradicionales) debería ser una prioridad para la UE. Más aún cuando sus objetivos climáticos imponen que éstos supongan el 100% del mix energético para 2050. Pero no parece que sus políticas hayan dado, hasta el momento, los resultados esperados. Según la propia Comisión, un significativo número de países (Francia, Reino Unido, España, Malta, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) no llegarán al objetivo de un 20% de consumo energético renovables en 2020 y los objetivos para 2030 (27%) son tan laxos como poco vinculantes, toda vez que los Estados Miembros presionan para "flexibilizarlos" a nivel nacional.

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