¿Gestión pública o privada de los servicios públicos? Cómo superar la técnica por la finalidad

Estamos viviendo una verdadera parálisis del pensamiento y de los valores, alimentada por la aceptación implícita de que lo social y lo económico son dos ámbitos de actuación que deben desarrollarse cada uno por separado. Ello se traduce en que la verdadera preocupación y la responsabilidad primaria de los gobiernos, consiste en dar prioridad a los compromisos internacionales de ajuste y de respeto por las reglas financieras y presupuestarias, antes que en mostrar especial atención a las necesidades de la sociedad y a la manera de ganarse la confianza, el respeto y el apoyo de los ciudadanos que son a quienes sirven.

Fruto de esta sinergia, ha calado en la ciudadanía la percepción de que la gestión privada de los servicios siempre funciona mejor que la gestión pública. Y en base a ello, se han justificado innumerables procesos de privatización y externalización de los servicios públicos en los últimos años. Sin embargo, la práctica demuestra que no es posible que se desarrolle una verdadera regeneración democrática en nuestro país, sin poner fin a estos abusos privatizadores y ensalzando, a su vez, el protagonismo de lo público cuando genera más bienestar, menos corrupción y más eficacia.

Desde finales de 2012, el Gobierno Central ha puesto en marcha un ambicioso proyecto reformista encaminado a superar la crisis económica en las últimas décadas, corregir los desequilibrios que frenan el crecimiento y crear las bases sobre las que levantar un nuevo ciclo de prosperidad económica y de empleo. El criterio de la eficiencia es una de los que preside la reforma, entendido como "el concepto que posibilita medir cómo utiliza el Sector Público los recursos o gasto que tiene asignados para cumplir con la prestación de servicios a la sociedad", o como "la obtención del máximo de producción a partir de una cantidad dada de recursos o, a la inversa, minimizar los recursos consumidos para obtener una determinada producción".

En un mundo globalizado como el nuestro, donde interactúan constantemente Estado, Mercado y Sociedad, resulta básico y fundamental llevar a cabo una labor de preparación metodológica de los conceptos que el Derecho Administrativo o cualquier otra disciplina tome para sí y vaya adquiriendo de otras ramas del conocimiento. Simplicidad, racionalidad, celeridad, lealtad, cooperación, equidad o el mismo criterio de eficiencia son términos que deben definirse y utilizarse coherentemente según su ámbito de aplicación. Con ello, evitamos que su distorsión conceptual provoque una mala praxis en las instituciones y sentimientos frustrados en el cumplimiento de los objetivos planificados de antemano.

La eficiencia no puede ser un fin en sí misma

Así, la eficiencia es un concepto extraído del ámbito económico pero que puede explicarse en otros ámbitos de las Ciencias Sociales. Pero entender la eficiencia desde su vertiente más social, supone deslindarla de su contenido meramente económico y ligarla a instrumentos de seguimiento y control válidos a nivel administrativo. De este modo, la eficiencia no puede ser un fin en sí misma para las organizaciones públicas, sino solo un medio para la consecución de otros objetivos superiores o prioritarios. Si no somos capaces de fiscalizar, con mayor rigor y alcance el funcionamiento del Sector Público y, especialmente, de nuestras Administraciones Públicas, resulta imposible implementar el criterio de la eficiencia en el sistema institucional. Sin evaluación y sin control no hay posibilidades de éxito para ninguna reforma administrativa.

Cuando hablamos de Nueva Gestión Pública, de reforma, de modernización administrativa, resulta inevitable introducir el término de eficiencia, por cuanto ésta permite optimizar los inputs y los outputs en las instituciones. Sin embargo, la labor del legislador, del politólogo, del gestor público, estriba en adoptar un significado exacto, concreto y válido para su aplicación en el Sector Público. La eficiencia, de este modo, no tiene por qué suponer pérdida de la calidad del servicio prestado o alejamiento del principio de universalidad, pues la eficiencia aplicada a las Administraciones Públicas no debe ser sinónimo de eficiencia económica y, por ende, de rentabilidad.

En base a lo anterior y desde el punto de vista institucional, la eficiencia aparece unida inexorablemente al principio de eficacia, pues en un Estado Social es muy necesario considerar los recursos limitados con los que se cuenta para poder satisfacer las demandas ciudadanas que, por otro lado, cada vez son mayores y más complejas. Una correcta asignación de recursos no puede conseguirse sin que la distribución de los mismos sea justa dentro de un Estado del Bienestar, es decir, no existe eficacia sin eficiencia y, ambas a su vez, no pueden darse sin equidad en nuestro sistema político. Por eso, la preocupación por la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos no debe ser irrelevante, pero tampoco debe ser tan sustancial como para nublar su concepción básica, ya que "en el Estado Social, lo social y lo económico se funden en un magma inescindible (?) Porque siendo un Estado finalmente social, se ha convertido en un Estado modalmente económico".

Pero, ¿Cuál es la precepción del ciudadano en la prestación del servicio público? En primer lugar, debemos subrayar el hecho de que el funcionamiento de los servicios públicos es uno de los temas destacables en el debate diario de las personas y que muchos coinciden en la necesidad de mejorar su prestación, sobre todo la administración de Justicia y la ayuda a las personas dependientes. En segundo lugar, en torno al 65% de los ciudadanos encuestados consideran que, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, la sociedad se beneficia poco o nada de lo que pagan a las Administraciones Públicas en impuestos y cotizaciones. Y por último, una gran parte de la población quiere que mejoren los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos y cotizaciones a tal fin. Estos mismos ciudadanos piensan que la solución para mejorar la calidad del servicio público tampoco está en externalizarlo o privatizarlo.