martes, 20 de febrero de 2018
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Redacción

¿Puede realmente Escocia evitar que Reino Unido abandone la Unión Europea?

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Horacio Ulises Barrios Solano. Premio Nacional de Ciencia "José Cecilio del Valle 2009"

Los escoceses enfrentan una disyuntiva. Pese a que votaron abrumadoramente a favor de permanecer en la Unión Europea (UE) en el referendo sobre el llamado Brexit celebrado la semana pasada, su pertenencia a Reino Unido los puede arrastrar fuera de ese mecanismo de integración.

La opción de "permanecer" en la UE ganó en todas las regiones de Escocia y se impuso por 62% contra 38% ante la alternativa de "salir". Sobre la base de estos resultados, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que Escocia siga dentro de la UE, pese a que la mayoría de los votantes de Reino Unido decidieron abandonar el bloque.

Para que esto sea posible se han manejado distintas hipótesis. Una de ellas apunta a un posible veto del Parlamento escocés al Brexit. ¿Puede ocurrir? Esta opción ha sido sugerida a partir de una interpretación del Acta de Escocia de 1998, el estatuto mediante el cual se restableció el parlamento escocés, según explica Brian Taylor, editor político de la BBC en Escocia. La cláusula 29 de ese documento, referida a las competencias legislativas, le otorga al Parlamento escocés poderes para legislar en áreas transferidas por el poder central, de las cuales es responsable, pero con la condición de que nada de lo que haga sea incompatible con las normas europeas.

Esto quiere decir, según algunas interpretaciones, que la legislación comunitaria en vigencia en Escocia y en las áreas transferidas es promulgada y puesta en vigor por el Parlamento escocés y no por el británico. Taylor explica que eso ha llevado a expertos constitucionalistas como David Edward a señalar que el consenso del Parlamento escocés sería necesario en caso de que la relación de Reino Unido con la UE, en temas legislativos y otros asuntos, pudiera ser alterada. Sin embargo, el Acta de 1998 también prevé que "las relaciones internacionales, incluyendo los vínculos con los territorios fuera de Reino Unido, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales" son temas reservados al Parlamento británico, en Londres.

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