La corrupción, mal que nos pese, es una realidad. Una amarga y lamentable realidad que ha caracterizado, en determinados momentos más que en otros, la vida del ser humano, individual y colectiva. Es una experiencia universal que pese a su constatación en distintas épocas y latitudes reclama un combate que cuando afecta a los fondos públicos, al dinero de todos, debe ser constante, integral e inteligente, eliminando fundamentalmente los espacios en los que germina y crece esta lacerante semilla que acaba por pudrir cuanto toca como comprobamos a diario en tantas partes del mundo, también, y de qué forma, en España.
La figura de la Hydra de Lerna, como es bien conocido, es un buen símbolo de la potencia e intensidad de la corrupción. Tal y como enseña la mitología griega, Hércules, encargado de terminar con el terrible animal, tuvo muchas dificultades a causa de sus múltiples cabezas y del veneno que supuraba cada vez que se aniquilaba una de ellas. Cada vez que Hércules cortaba una de dichas cabezas, surgían dos nuevas por lo que tuvo que pensar en algún sistema diferente a los empleados hasta el momento. En efecto, con el concurso de su sobrino, cada vez que cortaba una de las cabezas de la Hydra, utilizaba trapos ardientes para quemar los cuellos decapitados. Hércules, como cuenta Apodoloro, cortaba las cabezas y su sobrino quemaba los cuellos degollados y sangrantes. Finalmente, Hércules acabó con la última cabeza del animal aplastándola debajo de una gran roca. Acto seguido, bañó su espada en la sangre derramada y después quemó las cabezas cortadas para que jamás volvieran a crecer. En fin, un método nada convencional pero efectivo que conjugó la potencia de Hércules con la inteligencia de su sobrino. Probablemente, la combinación de armas que se precisan para acabar con esta terrible lacra social: contundencia e inteligencia.
EL 5% DEL PIB MUNDIAL
La corrupción, según un reciente informe del G-20, consume nada menos que el 5% del PIB mundial (2017). Es decir, es la tercera “industria” más lucrativa de todas cuantas existen en este mundo. Es una amarga realidad, señala el informe del G-20, que se ceba con las economías desarrolladas y con las subdesarrolladas. En estos momentos, la corrupción es el enemigo número uno del comercio exterior.
Por sorprendente que parezca, el G-20 alerta acerca del número de normas que regulan los mercados.
Tal profusión de normas constituye el caldo de cultivo en el que nace y se desarrolla esta terrible enfermedad que aqueja a todas las economías del mundo sin excepción. La sobrerregulación o la re-regulación son, efecto, aliadas de la corrupción, así como el excesivo número de normas diseñadas para establecer el régimen del comercio interior y exterior. Se trata, pues, de elaborar las normas que sean necesarias, ni más ni menos, normas claras, previsibles y ciertas. No regulaciones confusas, constantes y que tantas veces atentan contra la misma seguridad jurídica al variar unilateralmente las reglas en función del capricho de quien gobierne en cada momento.
Por otra parte, el G-20 advierte sobre la necesidad de que las empresas se preocupen efectivamente del entrenamiento ético de sus empleados.
Es decir, de la puesta en marcha de planes y programas exigentes de ética que vayan más allá de un simple barniz o de un uso políticamente correcto de la responsabilidad social corporativa. En este sentido, además, es menester sustituir el dogma de la maximización del beneficio en el más breve plazo de tiempo posible por objetivos más amplios como pueden ser la compatibilidad entre obtención de razonables beneficios y creciente humanización de las compañías.
En la actualidad, la corrupción golpea con fuerza la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la misma actividad pública. No hay más que seguir mes a mes la secuencia del CIS. Es verdad, hoy la corrupción sigue omnipresente sin que aparentemente seamos capaces de expulsarla de las prácticas políticas y administrativas. Se promulgan leyes y leyes, se aprueban códigos y códigos, pero ahí está, desafiante y altiva, uno de los principales flagelos que impide el primado de los derechos fundamentales de la persona y, por ende, la supremacía del interés general sobre el interés particular.
ATENTADO AL SERVICIO PÚBLICO
La corrupción es un atentado grave a la misma esencia del servicio público en la medida que supone que el funcionario o el político traicionan el sentido de la gestión objetiva de los intereses generales. Si admitimos la existencia de un derecho fundamental de la persona a una buena Administración pública, caracterizada por la justicia, la equidad, la imparcialidad y la racionalidad en el manejo de los asuntos de interés general, entonces la perspectiva del análisis de la corrupción va a depender del grado de percepción social de este fenómeno y de las posibilidades reales de reacción de la ciudadanía ante los ilícitos penales y administrativos que se perpetren, por acción u omisión, en la actuación y conducta de los funcionarios y autoridades. Este es, me parece, la dimensión fundamental del problema. Si el pueblo no tolera la corrupción, la batalla estará ganada, tarde o temprano. Pero si la corrupción no es más que el reflejo de una sociedad enferma inerme, entonces la medicina no es sencilla y será necesario trabajar para que crezca el temple y cultura cívica de la ciudadanía, al final la destinataria de las políticas públicas.
Un reciente informe de la Comisión Europea sobre la corrupción (2014) pone de relieve que los ciudadanos tienen una idea muy clara de cómo se manejan los asuntos públicos en el viejo continente en este tiempo.
De entrada, tres de cuatro ciudadanos, según encuestas y análisis propios de la Unión Europea, estiman que viven, que vivimos, en un ambiente de corrupción generalizada. O lo que es lo mismo, que el poder público se administra al servicio, no del interés general, sino de intereses parciales, particulares. Llama la atención, sin embargo, que siendo tan elevada la sensación de que estamos instalados en un clima de corrupción general, la reacción ciudadana sea la que es.
En España, según el estudio de la Unión Europea a que me refiero, el 95% de la población piensa que, en efecto, la corrupción es general. En Italia, el 97% y en Grecia, el 99%. Incluso en países que tienen una imagen de seriedad como Alemania, hasta el 59% de la población estima que viven en un ambiente generalizado de corrupción.
Es verdad, quien podrá negarlo, que la percepción de la corrupción es consecuencia de la transparencia, de la publicidad en los medios de comunicación de numerosas prácticas corruptas que, poco a poco, van provocando un hartazgo y una sensación de impunidad que tolerancia cero por parte de los ciudadanos y la sensación de hartazgo aumenta.
DESAFECCIÓN CIUDADANA
El reciente informe sobre la corrupción en Europa refleja que, en España, como era de esperar, la corrupción se fragua en el proceloso mundo de la licitación pública, de la financiación de los partidos políticos y, sobre todo, en la gestión local y autonómica del urbanismo. No hay más que hacer un rápido estudio acerca del objeto de la multitud de procesos penales y administrativos que sufren tantos y tantos cargos públicos para alcanzar esta evidente conclusión.
En este sentido, llama la atención el elevadísimo número de procesos judiciales relacionados con actos ilegales realizados en materia de urbanismo. Una materia en la que la arbitrariedad ha irrumpido con especial virulencia a la busca y captura de toda suerte de recalificaciones, alteraciones o modificación de planes urbanísticos ayudada por un tráfico de información privilegiada que trae consigo pingues beneficios en tiempo record.
Una de las razones por las que la corrupción urbanística se ha instalado entre nosotros se debe a la deficiente regulación existente en materia de financiación de partidos políticos.
Otra, quizás las más frecuente y directamente relacionada con la financiación de las formaciones partidarias, reside en la facilidad con la que se es posible modificar planes urbanísticos, recalificar terrenos o modificar la calificación del uso del suelo. En estos casos, se debería limitar extraordinariamente tal posibilidad para evitar que se generen expectativas desproporcionadas en relación con el valor de los terrenos.
La corrupción en España es una de las principales causas del desapego y desafección de la ciudadanía en relación con la política y con los políticos, con los negociantes y con el mundo de los negocios.
No hay que ser muy inteligente para caer en la cuenta de que la corrupción está minando los fundamentos del sistema político mientras unos y otros, políticos y financieros en general, no se atreven a proponer y adoptar las medidas que la situación reclama y que la población exige enérgica y unánimemente.
Un reciente informe de la Universidad de Barcelona resalta con toda razón que la principal arma en la lucha contra esta terrible lacra social es la transparencia. Una propiedad y característica que todavía entre nosotros brilla por su ausencia. Ni hay registros de lobbies, ni las agendas de los políticos están, en términos generales, a disposición de los ciudadanos. Todo lo más se hacen retoques en las webs, en la información oficiosa, que cuando pasa el huracán mediático pasan a mejor vida.
LA BATALLA NO ES FÁCIL
También se recuerda en el informe de la Universidad de Barcelona que es muy importante la libertad de prensa y un poder judicial independiente. Por supuesto. Pero lo más importante es que los hábitos y las cualidades democráticas de quienes laboran al servicio del poder público sean firmes y auténticas. De nada sirven las normas y los procedimientos si todavía habita en la mente de no pocos dirigentes una perspectiva controladora de la sociedad, una mentalidad de propietario y soberano de los asuntos públicos. Las cosas, afortunadamente, han cambiado, y mucho. Es más, la población, afortunadamente, ya no tolera la opacidad, la prepotencia y la altanería política y cuándo tiene ocasión lo expresa como puede.
En fin, la corrupción no solo campa a sus anchas en los países en desarrollo. En España, por ejemplo, la ciudadanía, con razón, está que trina y dispuesta a enseñar la puerta de salida a tantos y tantos políticos como en estos años se han caracterizado por generar espacios de impunidad y por mirar para otro lado mientras se perpetraba una de las más grandes estafas que imaginar se pueda y cuya factura se pretende cargar a las espaldas de quienes nada tienen que ver con ella. Por eso, mes a mes el CIS registra una pésima opinión de los españoles consultados en las encuestas con la gestión de la clase política.
La lucha contra la corrupción, insisto, no es solo cuestión de leyes y normas, ni tampoco es cuestión únicamente de palabras y gestos.
Es menester que el control, previo y posterior, administrativo, económico y judicial, sea independiente del poder. Y es necesario el compromiso real de los dirigentes públicos y privados con los valores y las cualidades democráticas, con los valores de la ética pública. La batalla no es sencilla ni fácil. Borrar ese magma viscoso y putrefacto que desprenden estas prácticas ilícitas reclama que brille con toda su luz el servicio objetivo a los intereses generales. Los ciudadanos nos lo merecemos, claro que sí.
