Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU) siguen adelante con la opaca negociación del Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas en inglés), un acuerdo ideado no para el bienestar de la ciudadanía de ambas zonas sino para mayor beneficio e impunidad de las grandes corporaciones multinacionales. Impunidad, sí, porque buena parte de lo que se esconde en ese pacto del capital tiene que ver con limitar, cuando no acabar, con las restricciones legales que le someten al control de los Estados. Dicho de otro modo, se trata de eliminar las protecciones que hoy amparan, mal que bien, a las personas, en sus distintas facetas: como consumidores, como trabajadores, como usuarios de bienes y servicios.
El TTIP se basa en la mentira y vive en la mentira. Se dice que abrir los mercados a uno y otro lado del Atlántico generará más negocio, lo cual, no tiene por qué ser falso. Lo que sí lo es, es que esa apertura deba hacerse tal y como se está planteando, en una nueva vuelta de tuerca en la que, a cada giro, se eliminan contrapesos al poder económico, al tiempo que se aprisiona más y más a una ciudadanía reconvertida en mero peón del sistema, indefensa y sometida, sin un Estado capaz de asumir su responsabilidad, que no es otra que garantizar los derechos de los más frente a los privilegios de los menos.
De forma interesada, algunos defensores del TTIP vienen a decir que quienes lo rechazamos nos negamos al progreso y que en nuestra crítica al Tratado subyace un odio casi visceral cualquier cosa que llegue o nos acerque a Washington. Nada más lejos de la realidad. Estamos en un momento crucial para la población europea, para la población estadounidense y, me atrevo a decir, para todas las personas del mundo: o plantamos cara a lo que se avecina (este tratado no es un fin, sino un medio más para despojarnos de los derechos que tantas vidas y sufrimiento han costado) o caminaremos hacia una sociedad global del malestar. De hecho, el progreso del que hablan no es el de la mayoría de la gente, sino el de un selecto grupo que, cada día, acapara más recursos, tal y como se demuestra con el incremento de la desigualdad.
"Libre" es un eufemismo
No debe sorprender que la UE y EE.UU estén en sintonía en materia de eliminación de barreras al "libre" comercio y para la supresión de un entramado legislativo que, hasta la fecha, trata de defender los intereses de la ciudadanía. Y no debe sorprender porque, desde hace tiempo, a uno y otro lado del Atlántico, los poderes económico-financieros dominan en buena parte la toma de decisiones políticas, gracias al bipartidismo que les ha dado cobertura y protección, hasta el punto de haberse convertido en lacayo de esos a quienes debían limitar, controlar y regular, en pos del bien general.
Cuando entrecomillo ese "libre" comercio tiene que ver con lo que, desde mi punto de vista, no deja de ser un eufemismo: no es eliminar barreras que impidan las transacciones internacionales sino acabar con las regulaciones que están ahí para defender a los consumidores, como tales, a la ciudadanía en sus derechos y, si me apuran, hasta a los Estados en su soberanía.
Lo cierto es que, si se pregunta a la gente corriente, en la calle, a quienes viven su vida, su familia y su trabajo, pocas serán las personas que atinará a decir nada sobre el TTIP. Tampoco esto es sorpresa: primero, por la opacidad en las negociaciones; después, en España, porque PP, PSOE, UPyD y CiU se han aliado para hurtar a la ciudadanía la posibilidad de conocer en profundidad este acuerdo, pues eso ha supuesto su negativa a llevarlo a una consulta en referéndum.
Los medios tampoco ayudan, pues se han convertido en una herramienta más del gran capital, toda vez que son propiedad de esos grupos y conglomerados y, por tanto, su voz, para informar y deformar. Las informaciones, salvo honrosas excepciones, son escasas, demasiado breves y raramente críticas: se ofrece alguna referencia con el mismo énfasis que se da el número ganador del cupón de la ONCE. La descontextualización lleva a asegurarse, sin ningún tipo de contraste ni fuente, que se generarán 2 millones de empleos. Eso sí, no se aporta información sobre la calidad de ese empleo, es decir, sobre sus condiciones sociolaborales y económicas. Tampoco se matiza que otras fuentes hablan justo de lo contrario, por más que ese emisor silenciado sea la propia Comisión Europea (CE), que en un informe ya ha alertado sobre el riesgo cierto de una pérdida global de empleo. Pérdida, y eso no es de la CE, que también será en derechos laborales, pues el TTIP permitirá contrataciones en un país pero ligándolas a la legislación de otros. O lo que es lo mismo, se abre la puerta a la desregulación total, pues lo que se permitirá, por ejemplo, es que en Suecia se pueda contratar con la legislación más laxa de Wisconsin, por decir algo.
