Antonio Argandoña. Profesor de Economía y titular de la Cátedra 'la Caixa' de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo del IESE
Los europeos nos hemos acostumbrado al estado del bienestar, hasta el punto de considerarlo un derecho fundamental de todos los ciudadanos o, en algunos países, de los que participan o han participado en el mercado laboral. Y, efectivamente, es una institución singular, que cubre un conjunto de objetivos sociales como la provisión de rentas y servicios mínimos en determinadas situaciones, la garantía de un seguro público ante emergencias personales o familiares, o la cobertura de necesidades de la persona o de la familia que pueden tener efectos externos importantes sobre otras personas o sobre toda la sociedad.
Pero el estado del bienestar presenta también problemas. El más inmediato hoy es el de su financiación: el tamaño alcanzado por los servicios sociales ha puesto en peligro la sostenibilidad del sistema, también porque su crecimiento parece no tener límite, debido a la inercia política y social en la creación de derechos y la presión sobre la demanda de nuevas prestaciones, cada vez más extensas y más caras, en una sociedad cuya demografía obliga también a aumentar el gasto sanitario, de pensiones y de dependencia, al tiempo que se reduce la base económica para su financiación.
Esto plantea también problemas de eficiencia, porque el estado del bienestar es un mecanismo redistribuidor que transfiere rentas al que no genera riqueza, y grava al que la genera, de modo que se plantean incentivos perversos de riesgo moral y de "viajero sin billete". Y esto se convierte en problemas de equidad, generados, por ejemplo, por el incentivo a abusar del sistema, convirtiendo de este modo un mecanismo de emergencia en un medio de vida conseguido a expensas de la sociedad.
Replantearse el estado del bienestar
El estado del bienestar necesita hoy no solo un retoque, para que sus cifras cuadren en un marco fiscal y financiero difícil; ni siquiera algunas reformas, que corrijan, por ejemplo, el crecimiento imparable del gasto sanitario o la creación de incentivos perversos a rechazar ofertas de trabajo razonables cuando las prestaciones por desempleo son demasiado generosas, o que desanimen a las madres solteras a buscar una pareja estable porque esto puede suponer la pérdida de unos subsidios. Me parece que ahora las sociedades europeas, y en particular la española, necesitan un replanteamiento profundo del estado del bienestar. No es este el lugar para desarrollar con detalle este tema, de modo que me limitaré a señalar unas cuantas sugerencias.
Permítame el lector que empiece con una reflexión previa a los razonamientos económicos. El estado del bienestar está al servicio de la persona, de toda la persona, no solo de su renta y de su gasto. Esto significa que debe respetar siempre su dignidad, y esto empieza por constituirlo en responsable de su propia vida. El estado del bienestar no debe sustituir al ciudadano, salvo casos de incapacidad patente, sino que debe constituir una ayuda para que el ciudadano y su familia resuelvan ellos mismos su situación. Esto excluye, por ejemplo, la idea de que el estado del bienestar debe atender a todas sus necesidades, y que no debe favorecer las conductas antes señaladas de "vivir del desempleo" o de abusar de los servicios de sanidad. Esto no es fácil, pero me parece muy importante para que el estado del bienestar no se convierta en una trampa moral, económica y política.
El estado del bienestar nació para proporcionar seguridad al ciudadano ante situaciones de vejez, invalidez, enfermedad, incapacidad laboral, desempleo y otras. Esta es, desde el punto de vista de la economía, su justificación última: un trabajador, por ejemplo, no puede protegerse él solo de una situación de desempleo, porque sus rentas no le habrán permitido generar un ahorro suficiente, y porque las características del paro hacen que no sea viable un seguro privado contra esa contingencia. Esto justifica que haya un seguro público, obligatorio, financiado con las aportaciones de toda la sociedad o de todos los trabajadores.
Con otras palabras: el estado del bienestar debe proteger de los riesgos poco predecibles y con costes muy altos para el ciudadano (un paro de larga duración o una enfermedad que exija un tratamiento muy costoso), así como de aquellos riesgos de una persona que tengan efectos importantes sobre otras (una enfermedad contagiosa o un estado de pobreza que pueda causar el deterioro psicológico, educativo y físico de los hijos, por ejemplo). Los otros riesgos -los resfriados, por decirlo de alguna manera- deberían ser atendidos por cada persona o familia con sus recursos. La sociedad deberá precisar cuáles son, en cada momento, esos riesgos extraordinarios, teniendo en cuenta el equilibrio financiero del sistema, incluyendo la tendencia (de algún modo, inevitable) a convertir en necesidades básicas lo que no merece ese nombre, y el derecho de cada persona a seguir siendo responsable de su vida, evitándole la tentación de abusar del sistema.
